En los próximos días vence el plazo fijado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que las entidades federales, estatales y municipales solventen las irregularidades detectadas durante el ejercicio fiscal 2003 que generaron un total de 2 mil 638 observaciones y 3 mil 437 acciones promovidas.

La presión que se desató por las severas observaciones hechas por el máximo órgano de fiscalización del Congreso de la Unión, también llegó a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular es Pedro Cerisola y Weber, en donde se descubrieron diversas anomalías, entre las que destaca el proyecto Puente Chiapas, de la carretera las Choapas-Raudales-Ocozocoautla.

Aunque esta obra fue una herencia del gobierno de Ernesto Zedillo, para la administración de Vicente Fox se convirtió es uno de los objetivos torales de infraestructura carretera, pues se ubica en una de las zonas más marginadas del país. Sin embargo, lejos de contribuir a la mejora de las condiciones de vida en la comunidad chiapaneca, el proyecto se ha convertido en fuente de enriquecimiento ilícito para algunos funcionarios y varias empresas favorecidas con jugosos contratos.

Según el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, sólo el impacto económico por irregularidades como pagos excesivos alcanzó los 350 millones pesos; de los cuáles el órgano de vigilancia del Congreso determinó un daño patrimonial de por lo menos 11 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que n dicha obra hay deficiencias en la planeación y en el proyecto ejecutivo, lo cual ocasionó erogaciones adicionales; además, se realizaron pagos de precios extraordinarios sin la documentación soporte, pagos indebidos por financiamiento y se omitieron las variaciones de la tasa de interés en el pago de los ajustes de costos.

Y es que las irregularidades significaron un precio muy alto, pues aunque la construcción del Puente Chiapas, anteriormente conocido como “Malpaso”, se presupuestó en 565 millones 248 mil pesos, al finalizar el ejercicio 2003 la SCT había erogado 131 por ciento más de lo calculado, es decir mil 305 millones 724 mil pesos.

Esta obra fue adjudicada el 7 de abril de 1999, mediante licitación pública internacional a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA), con el contrato 9-G-CE-A-521-W-0-9. El 15 de noviembre de ese mismo año, la compañía suspendió la construcción debido a problemas ocasionados por una falla geológica, y pidió indemnizaciones a la SCT por más de 350 millones de pesos.

Un Cuantioso Daño Patrimonial

En esta historia de supuesta malversación de fondos, la contratista ICA juega un papel fundamental. De acuerdo con el informe de la ASF, tras la suspensión de la obra la empresa cobró, al margen de la ley, precios unitarios extraordinarios, bonificaciones y reclamos de gastos no recuperables por mayor permanencia en la obra, maquinaria inactiva o baja eficiencia del equipo, por un total de 358 millones 938 mil pesos.

El informe revela que estos pagos fueron autorizados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), dependencia contratada por la Dirección General de Carreteras Federales de la SCT para mediar en el conflicto entre ICA y la propia Secretaría por la suspensión de obras.

El convenio signado entre la SCT y el IMP para la revisión, análisis, emisión de recomendaciones puntuales y conclusiones sobre la documentación de aspectos legales y administrativos del proyecto Puente Chiapas, se firmó hasta el 12 de abril de 2002.

En el anexo 1, punto 20 del convenio número IMP-ZC-097-2002, signado por la SCT y el Instituto, este último se comprometía a hacer una “revisión contractual detallada de la documentación relativa a la revisión y cuantificación de montos de los trabajos extraordinarios, volúmenes adicionales y reclamaciones de la contratista ICA, en cuanto a su procedencia o improcedencia”.

Para la ASF, el IMP consideró como procedentes “los precios unitarios extraordinarios, las bonificaciones y los reclamos de la contratista por conceptos de gastos no recuperables por mayor permanencia en la obra, maquinaria inactiva o baja eficiencia del equipo y financiamiento, pese a que no cuentan con la documentación soporte del análisis y cálculo de los precios de 28 conceptos de obra aplicados por un monto de 358 millones 938 mil 200 pesos”.

La millonaria cifra incluye el daño patrimonial por más de 11 millones de pesos que, a su vez, está vinculado al pago de un financiamiento hecho por el Centro SCT Chiapas a favor de ICA, cuyo monto ascendió a 71 millones 564 mil pesos.

Con respecto al quebranto, la ASF señala que “se detectó que el Centro SCT Chiapas efectuó un pago indebido de 11 millones 528 mil 300 pesos, en virtud de que en el cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos no consideró las variaciones de la tasa de interés del costo de financiamiento, en contravención de lo que establecía la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas abrogada”.

Ante esta irregularidad, el órgano de vigilancia emitió un pliego de observaciones que señala: “con la revisión practicada, se presume un probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la hacienda pública federal por un monto de 11 millones 528 mil 300 pesos”.

Además, el documento que actualmente es analizado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados explica que la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera que el pago relacionado con el financiamiento, contravino la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas abrogada, que establecía que la única modificación al costo de financiamiento de concurso era cuando se presentaran variaciones en la tasa de interés al calcular los factores de ajuste de costos.

Por ello, la entidad fiscalizadora emplazó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a entregar la documentación soporte del análisis y cálculo de los precios unitarios extraordinarios determinados por el IMP y aplicados por el Centro SCT Chiapas, además de solicitarle que compruebe el resarcimiento de 71 millones 564 mil pesos, más los intereses generados desde la fecha en que se efectuó el pago hasta la de su recuperación.

Según el análisis, la SCT cubrió diversos pagos a ICA, entre los que destacan 33 millones 160 mil 700 pesos por concepto de gastos no recuperables por mayor permanencia, 76 millones 875 mil 900 pesos por sobrecostos por baja eficiencia de equipos y mano de obra y los 71 millones 564 mil 800 de pesos por costos de financiamiento.

Las Otras Irregularidades

Desde su inicio, el Puente Chiapas estuvo marcado por la arbitrariedad. El informe de la ASF detalla que el origen de los problemas que desembocaron en la suspensión de la obra fue la propia licitación pública, ya que el Centro SCT Chiapas sólo proporcionó a los licitantes 44 de los 209 planos del proyecto constructivo elaborado por la empresa Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V.

El órgano de vigilancia considera que esto resultó insuficiente para la preparación de las propuestas, ya que durante la ejecución de la obra se suspendieron los trabajos y se generaron diversos reclamos de la contratista ICA, por lo que se infringió lo que establecía la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

Y es que por esta anomalía, el IMP autorizó que la SCT cubriera las exigencias de ICA por más de 350 millones de pesos. Por la gravedad de los hechos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) en la SCT que realice las investigaciones correspondientes y, en su caso, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que pudiera derivarse de los posibles actos u omisiones en que hubieran incurrido los servidores públicos participantes durante su gestión.

Además, la ASF descubrió otra irregularidad relacionada con el diseño del proyecto. Resulta que la SCT omitió aplicar las sanciones estipuladas en el contrato establecido con la empresa Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, encargada de elaborar los planos del puente.

El órgano de vigilancia determinó que las insuficiencias detectadas en los planos causaron el significativo incremento del monto del contrato, que pasó de 565 millones 248 mil pesos a mil 305 millones 724 mil pesos. Además de atrasar el plazo de ejecución en 972 días.

La ASF señala que, como consecuencia de estas irregularidades, “desde el inicio y durante la ejecución de los trabajos se realizaran diversas modificaciones a la subestructura y superestructura del puente, entre las que destacan las siguientes:

“Se detectó una falla geológica al iniciar las excavaciones en corte para el patio de armado y empujado de dovelas que obligó a modificar el desplante y dentellón del estribo número 9 y ocasionó derrumbes en la excavación para el desplante de dicho estribo por la inestabilidad del material.”

Además, al modificarse el procedimiento constructivo de los “jackets” se generó un costo adicional de 41 millones 557 mil pesos; el cambio también modificó el procedimiento de traslado, lo que significó una erogación adicional de 34 millones 877 mil pesos. Entre los costos adicionales se contabilizó la realización de perforaciones previas en la roca, cuyo monto ascendió a 13 millones 295 mil pesos.

La investigación de la ASF evidencia que “las adecuaciones realizadas al proyecto originaron discrepancias técnicas y económicas entre la SCT y la empresa ICA, por lo que la obra se suspendió de diciembre de 2001 a septiembre de 2002 y, como consecuencia del procedimiento de conciliación entre las partes que se llevó ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente Función Pública, fue necesario que la SCT contratara como tercerías expertas al IMP y al despacho EMRSA, para que efectuaran las revisiones contractual y técnica, respectivamente, lo que significó un gasto adicional de 5 millones 826 mil pesos”.

Por si esto fuera poco, la dependencia a cargo de Pedro Cerisola tuvo que contratar a la empresa Servicios de Ingeniería para Estructuras Viales, S.A. de C.V. por un millón 929 mil pesos, para asesoría sobre la construcción de la estructura del Puente Chiapas; al ingeniero Sergio Raúl Herrera Castañeda, por 88 mil 500 pesos, para que realizara el estudio geológico de detalle, y a la empresa Structures de México, S.A. de C.V. por un millón 883 mil pesos, para que diera seguimiento a la revisión detallada del proyecto constructivo del puente.

Así, la lista inacabable de pagos excepcionales relacionados con el Proyecto Puente Chiapas, que supuestamente debía mejorar las condiciones de vida de la comunidad chiapaneca, se consumió los escasos recursos que llegan al estado más pobre del país.

Puntos suspensivos…

Supuestos agentes federales adscritos a la Dirección de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República fueron descubiertos por vecinos de la colonia Insurgentes Cuicuilco en un “operativo de espionaje” en la calle de Crepúsculo, entre Avenida del Imán y la lateral del Periférico. Lo extraño para los vecinos es que desde que dichos agentes federales se estacionan en la zona a bordo de dos vehículos, los asaltos se han incrementado en la zona. Seguramente con la salida del general Rafael Macedo de la Concha muchos policías especiales se han dedicado a hacer de las suyas, por lo que sería bueno que el nuevo titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, investigara si sus agentes que realizan “operativos especiales” a bordo de un Tsuru color verde, con placas 643-RDC y número de motor 3NICB51S51LO57533, y un Sentra rojo con plazas 9524-LWR del Estado de México, propiedad de Jorge Díaz Farfán, con domicilio en la calle Galeana, número 13, Villa Nicolás Romero, del Estado de México, no han confundido su misión de servidores públicos. Por falta de espacio mañana seguimos con esta historia…