Como guión cinematográfico planearon el escenario perfecto: la casa presidencial, y de pie ahí en Los Pinos el principal responsable del combate al crimen organizado, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, hizo la mejor apología que hemos escuchado de uno de los principales jefes del narcotráfico en México, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, aquel que su inteligencia, o mejor dicho sus sobornos, le permitieron huir de un penal de máxima seguridad y que ahora, según la PGR, se ha convertido en paladín de los pobres.

Así, la fascinación de Santiago Vasconcelos por “El Chapo” Guzmán lo llevó a calificarlo de inteligente y de extraordinaria capacidad de reacción. Pero fue más allá y le hizo un análisis sociológico de su figura: la gente lo ve como un héroe, un redentor, un paladín de los pobres.

Pues mientras esa cautivación por el narcotráfico hacer presa a los cuerpos policiales del país, las bandas del crimen organizado siguen cometiendo ejecuciones en todo el territorio, en donde además secuestran, intimidan y amenazan a todo aquel que se atreva a enfrentarlos, y una muestra de ese temor son las imágenes que hace unos días transmitió en vivo Joaquín López Dóriga cuando una impresionante caravana de vehículos oficiales custodiaban en medio de la noche al hijo de “El Chapo” Guzmán, para trasladarlo de una prisión del Distrito Federal a un penal de máxima seguridad, ante la amenaza de que un comando armado intentaría rescatarlo.

En repetidas ocasiones hemos escuchado la advertencia de que México se colombianiza y en igual número de ocasiones la respuesta de las autoridades que estamos muy lejos de que eso ocurra; sin embargo, tal vez hemos equivocado el término de colombianización y debemos considerar que el narcotráfico se ha mexicanizado, pues es evidente que con características distintas el objetivo el crimen organizado ha sido el mismo: enfrentar al Estado mexicano.

Las evidencias de ello son varias, como los homicidios de jefes policiacos en la frontera y de directores de penales, así como las amenazas que desde Los Pinos se alertó habían hecho las bandas del crimen organizado en contra de la familia del presidente de la República, lo que llevó a establecer un estrecha protección por parte del Estado Mayor Presidencial en torno a los hijos de Vicente Fox y de los hijos de Marta Sahagún. Esta, más que ninguna otra, es la prueba de que la delincuencia organizada en el país ha puesto en riesgo máximo a todos los mexicanos ante la ineficacia de los cuerpos de seguridad.

La Gran Industria del Narcotráfico

Como una gran industria que genera cuantiosos recursos para todos los que se dedican a ella, el narcotráfico lejos de verse disminuido por la lucha que libran en su contra el Ejército Mexicano y los cuerpos policiales y de seguridad nacional, en lo que va del sexenio ha incrementado el consumo de drogas en el país, han mejorado los canales de distribución y con ello ha aumentado la violencia que genera la operación de las mafias de la droga en territorio nacional, mientras que las ganancias que produce esa actividad ilícita rondan los 30 mil millones de dólares, según estimaciones de especialistas financieros, quienes por cierto pueden calcular su monto pero nunca dicen en dónde se “lavan” esos cuantiosos recursos que, por su volumen, sólo pueden blanquearse en los circuitos financieros.

Así las cosas, nos preguntamos entonces de qué sirven tantas aprehensiones de jefes de la mafia por parte del Ejército y de la PGR. Por supuesto que más tardan los órganos de seguridad del Estado en capturar a uno de esos jefes de los cárteles que éstos en sustituirlo. Y no se trata más que simplemente de cubrir las necesidades de un mercado cada día más demandante y también más peligroso, en donde la oferta laboral es tan amplia que muchos jóvenes están dispuestos a arriesgar la vida a cambio de asumir el mando de estas organizaciones criminales.

Un experto en la materia es el titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, perteneciente a la PGR, Jorge Rosas García, quien identifica 6 grandes organizaciones de narcotraficantes que operan en todo el país: el cártel del Golfo, los hermanos Arellano Félix, la familia Valencia, los Carrillo Fuentes, Nacho Coronel y el Chapo Guzmán con el Mayo Zambada y El Azul. La banda de los Días Parada, con su guarida en Oaxaca, es parte del grupo de los Arellano.

Sobre el cártel del Golfo, del que fue jefe el legendario Juan García Abrego, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos, Rosas García explica que durante muchos años la PGR ha combatido a este grupo del que también fue comandado por Osiel Cárdenas y sus hermanos, además de operadores con capacidad de liderazgo como Víctor Manuel Vázquez.

A ese grupo, dice el jefe policiaco, se le han dado fuertes golpes en su estructura, pero eso no ha impedido que siga operando, porque cuenta con áreas de trabajo muy específicas, en donde un grupo se dedica al cultivo, otro a la siembra, uno más a la distribución, otro a la internación de droga a estados Unidos, uno al lavado de dinero, otro para protección y así se crea una organización horizontal para protegerse de cualquier captura que no pueda incidir en otra áreas.

Pero la captura de importante jefes de la mafia no frenará la distribución de drogas, pues según Rosas García “haga de cuenta que es como un director de una empresa, que se gana la confianza de otros grupos e, inclusive, esa confianza les da a ambos la posibilidad de vender droga y por el liderazgo que tiene la posibilidad de cumplir compromisos con cualquier otra organización extranjera dedicada también al tráfico de estupefacientes, de tal manera que cuando se captura a un líder de alguna organización, la PGR rompe la cadena de contactos con bandas de otros países que son las que surten las drogas”.

De las ejecuciones que en los últimos días han ocurrido en varios estados de la República, este responsable de la PGR para combatir al narcotráfico dice que se trata de enfrentamientos entre bandas por el control de la plaza, porque en el caso de Tamaulipas resulta muy atractiva por ser la más cercana entre las poblaciones de México y Estados Unidos.

Amenazan cárteles colombianos

Hablar del narcotráfico colombiano es hablar también de literatura, pues muchos libros se han escrito sobre el tema por ser ese país sudamericano el principal productor y procesador de cocaína en el mundo. Ese primer lugar que tantos dolores de cabeza le ha dado a la sociedad colombiana hasta convertirla en perseguida por todo el mundo, al grado de que cuando alguna persona intenta cruzar la aduana de cualquier país, lo primero que hacen las autoridades es revisarla con todo y maletas, como si se tratara de un narcotraficante confeso, lo que resulta no sólo molesto sino denigrante y violatorio de los derechos humanos.

Pues de acuerdo con informes de los órganos de inteligencia mexicanos, hay una importante presencia de dos grupos colombianos en territorio nacional y a diferencia de otros tiempos cuando organizaciones de narcotraficantes de Colombia sólo venían a México a entregar la droga a bandas mexicanas y se regresaban a su país, ahora se ha descubierto la presencia de por lo menos dos grupos distintos de narcotraficantes colombianos que se han asentado en territorio nacional.

Sobre ello, según la PGR ya están investigando a esas organizaciones de colombianos que surten la droga a las bandas mexicanas, pero advierte lo peligrosas que son, pues es conocida la forma violenta de operar de esos narcotraficantes sudamericanos.

Abuso de Poder Contra Educadoras

Reproducimos una carta de tres educadoras que, indefensas, han sido amenazadas e intimidadas por manos medios de la Secretaría de Educación Pública:

¿Por qué el secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, tolera el contubernio e irregularidades en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, lo que ya hemos denunciando ante diversas instancias federales?

Las firmantes, educadoras del Jardín de Niños María Patiño Viuda de Olmedo, en Xochimilco, denunciamos en los últimos días de marzo por abuso de autoridad y hostigamiento a la directora del plantel, Araceli Guadalupe Oropeza Servín; a la jefa de sector, Laura Salazar Argonza, y a la supervisora Estela Rosario Solares Sandoval.

En reuniones con representantes de Educación Preescolar hemos solicitado una investigación imparcial y que conforme a la normatividad se deslinden responsabilidades; sin embargo, todo parece indicar que entre las autoridades de la Administración Federal de Servicios Educativos hay un cúmulo de complicidades, porque se permite que las directivas denunciadas actúen impunemente e intensifiquen sus represalias contra las denunciantes.

Días después de que la directora, la jefa de sector y la supervisora se enteraron de la denuncia interpuesta en su contra ante diversas autoridades: Presidencia de la República, Secretaría de Educación Pública, Contraloría Interna de la SEP, el SNTE y la CNDH, la delegada sindical en el plantel fue informada que como respuesta se entregaba un oficio a la educadora Patricia Alarcón Bernal, a quien se le separó del grupo por una supuesta agresión a un niño. Asimismo, en reunión privada con padres de familia, la educadora fue difamada, porque las directivas denunciadas, en complicidad con el licenciado de Educación Preescolar, Roberto Salvador Castillo, dieron otra versión y aseguraron que la educadora Alarcón había sido separada de grupo por estar involucrada en una denuncia penal.

Es importante señalar que la directora, la supervisora y la jefa de sector fueron denunciadas ya ante la agencia del Ministerio Público como presuntas responsables del delito de difamación, y como prueba se tiene un video tomado por una madre de familia, con lo que podemos comprobar los dichos al respecto.

Esto, obviamente, agudizó los hechos, porque en cuanto las directivas involucradas recibieron el citatorio del Ministerio Público de manos de agentes de la Policía Judicial, la supervisora denunciada inmediatamente giró un oficio en el que se informaba que se levantaría un acta administrativa a la educadora Alarcón Bernal por el supuesto maltrato a un menor.

La diligencia para el levantamiento del acta administrativa se efectuó, durante 15 horas, el viernes 29 de abril, en condiciones en las que a la profesora no se le permitió ingerir alimentos, se le prohibió hacer llamadas telefónicas y se le calumnió, como se comprueba en lo plasmado en esa misma acta, lo que servirá de prueba para ampliar la denuncia en el Ministerio Público contra las servidoras públicas involucradas, por calumnias.

El 21 de abril nos entrevistamos con la directora del Secretariado Técnico de la multicitada Administración Federal, Irma Ramírez, quien en lugar de escucharnos intentó intimidarnos y con actitud prepotente no hizo sino ratificar nuestra convicción de la cadena de contubernios y complicidades que hay en esa área de la SEP: Todo esto se ha denunciado, con escritos, ante el titular de la SEP; la administradora federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Sylvia Ortega; el director de Operación de Servicios Educativos en el DF, Edmundo Salas, y la coordinadora de Educación Preescolar, María Elena Ravelo, y hasta ahora la situación empeora.

Profesoras Patricia Alarcón Bernal, Clara Loranca, Verónica Guerrero y Cristina Sánchez