En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) todos tienen claro que la Secretaría de Estado más emproblemada por las múltiples irregularidades y desvíos de recursos públicos que presenta en su administración es la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de la experredista Rosario Robles y su oficial mayor, Emilio Zebadúa. Y un acto de justicia sería que, en este año electoral, el presidente Enrique Peña Nieto ordenara una investigación judicial imparcial.
Uno de los mayores problemas de la actual administración es el uso de recursos públicos destinados a programas sociales, pues históricamente han sido utilizados para comprar y coaccionar el voto a favor del partido en el poder.
Es por ello que tanto la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, como el auditor interino de la ASF, deben dar seguimiento puntual al gasto público, tanto federal como en los estados, para frenar la enorme sangría de recursos públicos que significa la corrupción gubernamental.
Y más porque de por sí hay evidencias de un mal uso de los recursos destinados a objetivos sociales, como en el caso de la Sedatu.
En esa dependencia, la ASF ha encontrado un probable desfalco multimillonario en las cuentas públicas de 2016 y 2017, tanto en el Programa de Apoyo a la Vivienda (que se opera bajo la tutela no sólo de esa Secretaría, sino también del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo), como en la compra de cientos de miles de tinacos. Esas graves irregularidades tendrán que ser subsanadas.
En el primer caso, la Auditoría Superior “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal, por 1 mil 792 millones 645 mil 50 pesos, por la falta de reintegro de recursos no ejercidos por las delegaciones estatales de la Sedatu, correspondientes a 86 mil 891 acciones de vivienda”.
El reporte señala que los más de 1 mil 790 millones equivalen al gasto del 63.5 por ciento del total de hogares que no fueron concluidos de acuerdo con lo establecido en los convenios de ejecución. El dinero tampoco se reintegró a la Tesorería de la Federación, como lo establece la normativa.
Tanto el Fondo como las delegaciones de la Sedatu incumplieron con el objetivo del programa, señala el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.
Dicho programa tiene como fin “atender la demanda nacional de vivienda de los hogares en pobreza y garantizar el acceso a la vivienda digna, mediante el otorgamiento de subsidios para complementar la capacidad de compra de las familias, para la adquisición, ampliación o remodelación y autoconstrucción de vivienda en áreas rurales y urbanas de alta marginalidad y rezago social”.
Y según el informe de la ASF, en 2016, el Programa de Apoyo a la Vivienda fusionó los programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural, que hasta el ejercicio 2015 operaba el fideicomiso, “con el fin de contar con una mejor estructura programática presupuestal, atender con mayor eficiencia a su población objetivo, fomentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas”.
Algo que definitivamente no se cumplió, pues el propio informe de fiscalización señala que, en ese ejercicio, las delegaciones estatales de la Sedatu incluyeron 123 mil 500 acciones de vivienda, por 2 mil 824 millones 68 mil pesos, de las cuales, al 30 de junio de 2017, un total de 86 mil 891 acciones por los más de 1 mil 790 millones de pesos no fueron concluidas conforme a lo establecido en los convenios de ejecución celebrados en 2016.
Fonhapo se lava las manos
De estas anomalías, que podrían constituir un fraude multimillonario, el Fonhapo se ha tratado de deslindar. Así lo revela el informe de la ASF, que apunta que, como consecuencia de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, en agosto de 2017 el Fondo remitió oficios a las 31 delegaciones estatales de la Sedatu, mediante los cuales comprueba que cumplió las Reglas de Operación del Programa 2016.
Ello, al solicitar a las delegaciones estatales de la Sedatu la documentación para comprobar los avances en la construcción de las acciones de las viviendas y, en su caso, el reintegro de los recursos no ejercidos.
Según la Auditoría, el Fonhapo también proporcionó oficios mediante los cuales remitió 81 convenios de ejecución a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, correspondientes a 13 delegaciones estatales de la Sedatu, para que realicen los trámites administrativos y legales que correspondan para recuperar los recursos no ejercidos, de acuerdo con el Manual de Operación del Programa.
Pero esto no comprueba el gasto ni resarce el daño a la hacienda pública. Más aún, la Auditoría señala que “esta situación se ha observado de manera recurrente, ya que en las revisiones de las Cuentas Públicas de 2014 y 2015, la ASF detectó la misma problemática”.
Por ello, indica, emitió una recomendación para que el Fonhapo y las delegaciones de la Sedatu establezcan medidas de coordinación y supervisión para garantizar que los subsidios autorizados para la construcción de las acciones de vivienda se ejerzan de forma eficiente, eficaz y transparente, a fin de cumplir con los objetivos del programa de vivienda.
El máximo órgano de fiscalización indica que, “por tratarse de una irregularidad recurrente, se mantiene la recomendación y la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2015, y se emite una acción superveniente”.
Dicha promoción de responsabilidad también pide al Órgano Interno de Control en la Sedatu que investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las delegaciones estatales y la Dirección General de Coordinaciones de Delegaciones, que en su gestión no reintegraron a la Tesorería los recursos que no se ejercieron de 86 mil 891 acciones de vivienda, de las cuales 79 mil 838 se encontraban en proceso de construcción, 6 mil 278 no iniciadas, 168 no localizadas y 607 sin estatus.
Además, recomendó a la SFP que, “en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Órgano Interno de Control en el Fonhapo, a fin de que dé seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con el establecimiento de medidas de coordinación y supervisión, para garantizar que los subsidios autorizados para la construcción de las acciones de vivienda se utilicen de forma eficiente, eficaz y transparente, para cumplir con los objetivos de los programas de Apoyo a la Vivienda”.
La duda es si el actual gobierno de Peña Nieto hará algo al final de su gestión en contra de la corrupción o todo seguirá igual.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
