Con abierta ventaja sobre sus compañeros de partido, Santiago Creel Miranda construye desde la Secretaría de Gobernación su candidatura panista por la presidencia de México con cargo al erario público. Pero esos hilos del poder que mueve el elegido foxista desde Bucareli, lo mismo sirven para protegerse de investigaciones electorales por el rebase que hizo en topes de campaña, que para brindar protección a familiares en desgracia cuando son descubiertos en actos de corrupción.

Así, esta historia de irregularidades y abusos de poder, que por cierto incluyó la campaña de la asociación fantasma México en Paz y que contribuyó con ésta a urdir el proceso de desafuero en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se teje desde las oficinas del Palacio de Cobián, en donde trabajan a marchas forzadas para sacar adelante la candidatura de su desgastado inquilino que ya anunció renunciará este semana.

Ahora toca el turno a la Secretaría de la Función Pública para encubrir irregularidades de los miembros del gabinetazo. Como ha sido una constante en este gobierno foxista, la tarea sucia de exonerar y archivar expedientes para evitar investigaciones y acciones legales futuras la hace el afanador Eduardo Romero Ramos, quien a través de su Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Gobernación, según consta en la respuesta a la solicitud de información 26005 hecha a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), reclasificó dos denuncias ciudadanas en contra de Santiago Creel Miranda.

A pregunta al OIC de cuántas investigaciones se seguían en contra del secretario de Gobernación, la respuesta fue que sólo se tienen 2 registros de quejas admitidas por la Dirección General de Atención Ciudadana, por lo que el contralor interno de Gobernación, Manuel Eduardo Villalobos Hermosillo, determinó reclasificar los expedientes como simples peticiones ciudadanas, lo que le permitió a la Secretaría de la Función Pública afirmar que ambas acusaciones ya “quedaron debidamente atendidas el 27 de agosto de 2003 y el 21 de abril de 2004”; sin embargo, aun cuando el Órgano Interno de Control en Gobernación asegura que ya fueron solventadas las dos acusaciones contra Creel Miranda, no entregó los expedientes para conocer en qué consistían las denuncias y con ello nos hace creer que simplemente nunca integró los archivos correspondientes y con ello evita dejar huellas de esas acusaciones.

Exonera Función Pública a Dolores Creel

El manto protector que se urde desde las oficinas del secretario Romero Ramos a favor del próximo candidato presidencial panista, también alcanza a cobijar a la hermana incómoda de Santiago Creel, de nombre Dolores, quien sin mayor trámite de investigación fue exonerada por Función Pública, a pesar de que el expediente abierto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la identifica como presunta responsable de un daño patrimonial por 600 mil pesos en perjuicio de las finanzas públicas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Ahora resulta que la eficiente Función Pública mandó al archivo de la basura el caso identificado con el número SO-000008/2003-GC, y la razón es que en ese expediente se da cuenta de la investigación en contra de Dolores Creel por su presunta implicación en un desvío de recursos públicos por un millón de pesos que supuestamente fueron destinados a un proyecto personal.

Pero, tras meses de arduas auditorías de la ASF, el Órgano Interno de Control en el Conaculta (área responsable de las pesquisas) simplemente dictó un “acuerdo de improcedencia” y dejó sin sanción a la ex funcionaria pública sólo por ser hermana de quien será el candidato presidencial panista. Como se recordará, este escándalo inició el 6 de diciembre de 2003, cuando Dolores Creel fue asaltada mientras circulaba en un automóvil propiedad del Conaculta.

Aquel incidente de fin de semana le produjo innumerables cuestionamientos, desde el uso irregular de un vehículo oficial, hasta los 22 mil dólares que le fueron robados, pues estos recursos también pertenecían a la institución. Según se supo, el dinero iba a ser destinado a un proyecto personal consistente en la realización de un video biográfico del escritor mexicano Octavio Paz.

Con esta decisión avalada por el secretario Romero Ramos y por el titular del OIC en Conaculta, Benito Hugo Martínez Estrada, la familia Creel Miranda cobró parte del bono de impunidad que se acostumbra entre funcionarios de primer nivel y sus parientes. ¿En dónde quedaron entonces las campañas publicitarias promovidas por Gobernación en contra de la corrupción y la ilegalidad que se resumen al robo de chocolates?

No hay que olvidar que apenas hace unas semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Santiago Creel por el supuesto rebase en los topes de campaña por 2.1 millones de pesos, cometido en el 2000 durante su candidatura por la jefatura de gobierno del Distrito Federal; irregularidad que, aunque fue comprobada por el Instituto Electoral local, también continúa impune.

El Perdón de Romero Ramos

De acuerdo con la versión oficial de la Secretaría de la Función Pública, Dolores Creel fue investigada porque “como coordinadora general de la (desaparecida) Unidad de Proyectos Especiales en el Conaculta, presuntamente se autoasignó la cantidad de un millón de pesos para la realización de un video personal”.

La dependencia, responsable de auditar el servicio público y de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos, confirma a través del IFAI que, hasta el 20 de mayo de 2005, ésa era la única averiguación que se tiene en contra de la hermana del secretario de Gobernación por presuntas irregularidades durante su gestión pública.

El pasado 20 de mayo, Romero Ramos reveló el móvil de la exoneración de Dolores Creel. Ese día Elizabeth Velasco, reportera de La Jornada, entrevistó al funcionario durante la presentación de los comerciales denominados Cineminutos 2005: honestidad en corto.

Según la nota, al referirse a la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la señora Creel Miranda, el secretario precisó que “aún no se tiene conclusiones definitivas, ni tampoco en el plano de la legalidad”. ¿Es decir…?

Romero Ramos explicó que las cifras descubiertas por la ASF (daño patrimonial por 633 mil 361 pesos) “se aproximan a las nuestras, pero no quisiera anticiparlas; es cuestión de montos”, advertía. Pero también adelantaba el perdón a Dolores Creel, “es posible que los auditados subsanen las irregularidades”.

Romero Ramos señaló que la revisión que realiza la SFP “está en su etapa de conclusión y las observaciones están en la redacción definitiva. Estará concluida en unos días más, (y) es posible su solventación (sic)”. El funcionario indicó que las auditorías, cuando tienen observaciones, conceden al auditado 45 días para que subsane las irregularidades que existieran o presente aclaraciones.

Tiempo que, obviamente, no fue requerido, pues la exoneración ya estaba pactada al más alto nivel. De acuerdo con la respuesta que se obtuvo a través del IFAI, la única investigación que siguió la dependencia en contra de Dolores Creel está concluida por “notoriamente improcedente”, además de que no se fijó sanción alguna a la ex funcionaria y consanguínea del inquilino de Bucareli.

Las Pruebas del Daño Patrimonial

En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta Pública 2003, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que en las operaciones de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales del Conaculta, relacionadas con la realización del video homenaje a Octavio Paz, “se identificaron irregularidades que hacen presumir un daño patrimonial por 633 mil 361 pesos”.

El documento elaborado por el máximo órgano de vigilancia del Congreso de la Unión señala que “de los gastos que se efectuaron para realizar el film en homenaje a Octavio Paz, el Conaculta no presentó evidencia del cumplimiento del contrato suscrito con un prestador de servicios para la preproducción, producción y trabajo terminado por 117 mil 900 pesos”.

Agrega que “a este prestador de servicios y a otros dos se les cubrieron pasajes por 105 mil 700 pesos, y viáticos por 196 mil 400 pesos, sin que se presentara la evidencia de los trabajos que realizaron”. Otro desvío de fondos públicos fue que el Conaculta pagó boletos de avión de tres personas que “no tienen el carácter de servidores públicos”.

Para la entidad fiscalizadora encabezada por el auditor Arturo González de Aragón, precisa que en estos casos “no se obtuvo la autorización de la titular de la dependencia (Sara Guadalupe Bermúdez)”, en contravención de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

La ASF agrega que, en el caso de los viáticos por más de 190 mil pesos, si se obtuvo la autorización de Sara Bermúdez por los periodos del 19 al 31 de diciembre de 2003 en dos casos y en otro del 11 al 17 y del 25 al 31 de diciembre de 2003.

“Se comprobó que se emitieron los oficios de comisión/orden de ministración de viáticos; para el coordinador de eventos internacionales, para el encargado de servicios técnicos y para la entonces titular de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales. No obstante, la comisión se amplió hasta finales de enero de 2004, sin que éste periodo fuera autorizado por la titular del Conaculta como lo disponen los mismos Lineamientos”.

La ASF también indica que “se rentaron dos cámaras por 211 mil 600 pesos sin que se presentara el material videográfico que se generó con estos equipos; inclusive, para el film se dispuso de 270 videocasetes, de los cuales 16 fueron utilizados, se hizo la devolución de 214 a la videoteca y de 40 videocasetes con un costo de mil 700 pesos; al respecto, señala, el Conaculta no presentó evidencia de que éstos se utilizaron para el objeto que fueron adquiridos”.

Ante esta situación, el órgano de vigilancia realizó un pliego de observaciones por el probable daño al patrimonio de la hacienda pública federal, por un monto de 633 mil 361 pesos, “correspondiente a las irregularidades determinadas en el ejercicio de los recursos que se destinaron para la realización del film en homenaje a Octavio Paz en la India”.

Avanza Denuncia en la PGR

El 19 de mayo pasado la Auditoría Superior de la Federación informó que se presentó la denuncia de hechos en contra de Dolores Creel ante el Ministerio Público Federal, por el presunto daño patrimonial que ascendió a 633 mil pesos.

Durante los trabajos de revisión de la cuenta pública 2003, en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el auditor José Manuel Portal Martínez señaló que, además de esta denuncia penal, la ASF confía en que los recursos serán devueltos a la federación. “Se espera la restitución, en su caso, porque el video no se realizó”.

Portal Martínez explicó que “lo que se pagó corresponde a la preproducción del filme; sin embargo, por los elementos que tenemos no está concluido el trabajo, por tanto, en este sentido se debe definir la restitución de los recursos”.

El auditor Julián Olivas señaló que “fue solicitado por el Ministerio Público Federal, copia de nuestra auditoría que practicó el área de Cumplimiento Financiero; recabamos internamente las copias certificadas y hoy se presentaron en la PGR para anexarse a los trabajos de investigación que está haciendo la Procuraduría”.

Ahora, la tarea está en manos del estrenado procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien ya no siente lo duro sino lo tupido de su nueva responsabilidad y, en este caso, tendrá que demostrar que en el Ministerio Público no influyen los lazos familiares ni se trabaja por consigna, pues si evade aplicar la ley la historia se lo demandará.