La cifra ofrecida de 120 mil pesos para las familias de Oaxaca y Chiapas que perdieron totalmente sus viviendas y todo su patrimonio (menaje de casa: muebles, utensilios de cocina, aparatos eléctricos, e incluso ropa y zapatos) es simplemente ridícula. No porque se trate de los dos estados más pobres del país signifique que el gobierno se burle de las víctimas de los dos terribles terremotos –que cobraron más de 450 vidas y dejaron en la orfandad a decenas de menores de edad– les ofrezca dinero público que no alcanza para construir una vivienda austera pero digna, con materiales resistentes, de buena calidad y estructuralmente sólida para que no vuelva a caerse con el próximo temblor. Y ya ni hablar del costo de los artículos más básicos como muebles y ropa, porque para eso ni siquiera se contempló un monto.

A quién se le ocurrió o de dónde sacaron la cifra de 120 mil pesos para construir una vivienda. En dónde están los reportes de lo que perdió la gente y los análisis y estudios de especialistas con lo cual sustenten que con ese dinero podrán resarcir lo perdido. Seguramente fue una ocurrencia de algún burócrata que recibe un elevado salario y múltiples prestaciones con dinero del erario y que, sobre todo, nada sabe de construcción de viviendas ni de las necesidades de la población que ha sido muy afectada por esos fenómenos naturales.

Pero eso sí, vimos en las imágenes de los noticiarios al presidente de la República y a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas muy sonrientes llevando ayuda a los damnificados y anunciar la extraordinaria cifra de 120 mil pesos para aquellas familias que lo perdieron todo. ¿Por qué los gobiernos federal y estatales escatiman la ayuda cuando se trata de recursos públicos? Es decir, no es dinero ni del presidente ni de ambos gobernadores, sino que es dinero del pueblo que paga sus impuestos y lo más lógico y natural es devolverlo a quienes más lo necesitan en este momento de gran incertidumbre y agobio.

Sin duda que estas catástrofes sacaron a la luz, una vez más, la corrupción entre autoridades y constructoras que edificaron inmuebles de pésima calidad, ante la incapacidad y negligencia de los “servidores públicos”. Por ejemplo, la realidad por la cual colapsaron el 90 por ciento de los edificios en la capital del país se debió a que las empresas constructoras incumplieron con la normatividad vigente y con las especificaciones de cálculos estructurales, y para ello contaron con la complicidad de los supervisores delegacionales. Corrupción pues en todas las delegaciones políticas de la ciudad.

En el caso de los estragos causados por el pasado sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, éstos han evidenciado la ignorancia e ineptitud de servidores públicos federales como la experredista y ahora priísta Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y del propio presidente Enrique Peña Nieto, quienes sin pudor alguno anunciaron que el gobierno entregará 120 mil pesos por familia para construir una nueva vivienda a quienes sufrieron pérdida total de su patrimonio. El monto total anunciado es de 7 mil millones de pesos, y con ello aseguran construir  58 mil viviendas aproximadamente.

Dicho presupuesto es insuficiente, ya que 120 mil pesos no alcanzan para construir una vivienda aunque austera pero digna. Para no cometer la misma arbitrariedad del gobierno, de asignar un monto sin estudios previos, hicimos el ejercicio de solicitar un análisis a un arquitecto experto en construcción de vivienda popular, Adalberto Ruiz Mójica, para saber cuál sería el monto real que se necesita para la construcción de una casa.

El resultado es que el presupuesto para una vivienda con las mínimas dimensiones y austeridad en los acabados, pero con materiales sólidos y una estructura resistente, tendría un costo directo de 149 mil 562 pesos. Es decir, que este presupuesto, superior en un 25 por ciento a la cantidad ofrecida de 120 mil pesos por el gobierno federal, no incluye los gastos indirectos, como son honorarios de los trabajadores, pagos al IMSS y al SAT, entre otros.

Por eso tal vez el presidente Peña Nieto sugirió a los miles de afectados que hicieran “tandas” para construir sus viviendas. Les dijo en su cara a las víctimas que se juntaran grupos de cuatro o cinco personas para que, entre todos, pudieran construir primero una casa y después otra y otra. La duda que me queda es en dónde vivirán las familias que ayudarán a edificar casas mientras le toca el turno de la “tanda” que les propone el mandatario mexicano.

Pero volvamos al análisis de quien sí es experto: en el ejemplo planteado, el arquitecto considera “una superficie construida total de apenas 49.22 metros cuadrados, con cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado con resistencia de f’c=200kg/cm², firme de concreto armado, muros de block macizo de 12 x 20 x 40 cm, castillos, cadenas perimetrales doblemente reforzadas en muros y losa de concreto armado con una resistencia de f’c=200 kg/cm².

“La casa habitación contará con dos recámaras, una de 2.45 metros x 3.30 metros y otra de 2.45 x 3.40 m, sala-comedor, cocineta, un baño completo y dos closets. Las medidas exteriores de la construcción son 5.50 m de ancho por 8.55 m de largo, dando un total de 47.02 metros cuadrados, más 20 cm de volados al frente y en la parte posterior resultando un total de 49.22 m². Esta propuesta constructiva de vivienda económica, muy resistente y durable, es posible que pudiera haber resistido el sismo del 7 de septiembre de magnitud 8.2, y una vez construida tiene una vida útil de 50 años”.

Por cierto, recordemos cómo la secretaria Rosario Robles manifestó hace unos días que “las viviendas de Chiapas y Oaxaca se colapsaron como consecuencia de que estaban muy mal construidas, ya que estaban hechas de madera, teja de barro, muros de adobe, palma, varas recubiertas de barro y palma picada (bajareque) y además tenían más de 100 años de antigüedad”.

Lo que la secretaria dijo son desafortunados, absurdos y contradictorios comentarios, pues si tenían más de 100 años y habían resistido todo ese tiempo estaban bien construidas, porque en una valuación inmobiliaria la vida útil aproximada para una vivienda es de 50 años; y si éstas que se cayeron llevaban ya 100 años, como dijo Robles, pues habían sido construidas muy bien.

Para más datos que sirvan al gobierno que carece de expertos en la materia, pueden consultar con las instituciones bancarias e hipotecarias que se rigen bajo ese criterio al momento de realizar cualquier avalúo y otorgan créditos con un plazo máximo de 20 años con base en la vida útil del inmueble. Volvemos a lo mismo, el problema es tener burócratas que no saben nada absolutamente del encargo que desempeñan y que a pesar de pagar cuantiosos salarios a miles de asesores que cobran del erario, siguen igual de ignorantes y negligentes que siempre. Habrá que seguir la próxima con el tema sobre el estudio elaborado por el arquitecto Ruiz Mójica sobre vivienda popular.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]