Hablar de corrupción gubernamental cuando eres o has sido parte de ella, además de cínico resulta grotesco. Por lo menos en los últimos 7 sexenios (José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), ese fenómeno social ha sido un lastre completo para el país, porque esa misma corrupción –motivada desde las altas esferas del poder político– es la que mantiene al país en la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la impunidad total.
Me refiero a las declaraciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en la entrevista que hizo René Delgado para el diario Reforma (4 de octubre de 2017), y que se publicó como nota principal, en donde el desparpajado burócrata explicó que “para que México alcance un verdadero desarrollo económico es indispensable combatir la impunidad y la corrupción”.
Y no es que este funcionario, quien ha vivido muchos años del erario, haya dicho una mentira, pues realmente urge al país combatir la corrupción y la impunidad que la motivan, sino que resultan por lo menos paradójicas sus declaraciones, pues Carstens ha formado parte de esa maquinaria corrupta gubernamental desde varias posiciones de poder, durante distintos sexenios (panistas y priístas); las más importantes, como secretario de Hacienda durante el gobierno panista de Felipe Calderón, y después como gobernador del Banco de México con el priísta Enrique Peña Nieto. La pregunta es qué ha hecho este burócrata para creer en lo que ahora dice.
Contrario a su idea de combatir la corrupción, en esta columna se reveló en 2008 –cuando Carstens ocupaba la titularidad de la Secretaría de Hacienda (cargo en el que se mantuvo del 1 de diciembre de 2006 al 9 de diciembre de 2009)– cómo autorizó varias veces el llamado “perdón fiscal”, que no es otra cosa que un acto de impunidad para beneficiar a los amigos del gobierno.
Ejemplo de lo anterior es el caso de los empresarios Alfredo y Javier Miguel Afif, cuando éstos estaban prófugos por cuatro órdenes de aprehensión en su contra por el mismo número de créditos fiscales, por un total de 140 millones de pesos, y ambos fueron beneficiados con el “perdón” del secretario Carstens y el desistimiento de la Procuraduría Fiscal.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes involucradas en los procesos y confirmada en aquel momento por el mismo hijo de Alfredo Miguel, de nombre José, éste comentó que tuvo conversaciones con un abogado fiscalista para atender el problema familiar. Lo anterior no hubiera tenido problema si sólo se hubiera tratado de una asesoría legal a los involucrados como experto en materia fiscal, pero resulta que el abogado consultado, además de saber mucho sobre cuestiones hacendarias, era precisamente el cuñado de Agustín Carstens y quien utilizaba su despacho para tramitar en la oficina del secretario las condonaciones al fisco, lo que era un descarado tráfico de influencias.
En aquella ocasión se buscó al secretario Carstens para que opinara sobre el hecho, pero nunca aceptó dar respuesta; tal vez ahora que tiene un discurso muy preparado en contra de la corrupción y la impunidad, el ahora gobernador del Banco de México pueda explicar dichas condonaciones.
La verdad es que no es nuevo que las autoridades fiscales hayan sobreseído causas penales por cuestiones fiscales, pues siempre se ha utilizado la discrecionalidad para administrar un sistema fiscal corrupto que no se utiliza para sacar adelante a la economía sino para dividir privilegios.
Los empresarios beneficiados fiscalmente no se acogieron a ningún programa oficial, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del entonces titular de Hacienda.
Puntos suspensivos… Cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devuelve miles de millones de pesos a grandes contribuyentes. Se trata de unos cuantos grupos empresariales que se aprovechan de los beneficios que otorga el Código Fiscal de la Federación y que, sin merecerlo, solicitan devoluciones por concepto de impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (IETU) y derecho de trámite aduanal (DTA). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha investigado el tema y ha advertido de esta anomalía, pues muchas de las devoluciones se hacen sin que hubieran pagado sus impuestos, es decir son arreglos que hacen funcionarios con empresarios y en donde todos son beneficiados. Pero sólo este tema vale una columna completa… Es una pena que mientras rescatistas aún sacaban cuerpos de debajo de las toneladas de escombros en los derrumbes ocasionados por el terremoto del pasado 19 de septiembre, el presidente de la República hiciera un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su participación en la emergencia nacional. ¿Acaso no podían esperar por lo menos hasta haber rescatado a la última víctima?… Sería urgente que la Secretaría de la Función Pública vigile a un cabildero argentino que anda haciendo gestiones en distintas dependencias a nombre de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Y no es que pensemos que tiene autorización de Los Pinos, pues sabemos que en ese negocio muchos se aprovechan de las amistades y utilizan nombres de funcionarios para abrir puertas y conseguir contratos públicos.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
