Ante la insistencia de investigar el manejo irregular de los fideicomisos públicos, hace varios meses me llamaron de la Presidencia de la República para informar que por instrucciones de Vicente Fox el gobierno federal llevaba a cabo una revisión exhaustiva sobre la administración de los fideicomisos que reciben recursos del erario federal y que fueron constituidos por instrucciones de secretarías de Estado, de direcciones de empresas paraestatales, de organismos descentralizados y de institutos públicos, pues según Los Pinos había preocupación en el presidente por la falta de transparencia y el presunto desvío de recursos públicos a través de dichos instrumentos financieros.

Sin embargo, a poco más de un año de que Fox termine su gobierno, es claro que lo que menos preocupa al presidente es transparentar la operación de los fideicomisos y mucho menos que sean sujetos a investigación por los órganos de control y vigilancia como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, aunque esta última se haya esmerado por todos los medios legales para tratar de abrir la información sobre el gasto de miles de millones de pesos que han sido desviados del erario federal vía los fideicomisos.

Y precisamente entre los cientos de fideicomisos creados por el gobierno federal para operar recursos públicos sin rendir cuentas a nadie, destacan dos que fueron creados como privados por la Secretaría de Hacienda desde la época de mayor corrupción del priismo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que el actual gobierno foxista los ha mantenido vigentes para poder disponer de más de 7 mil millones de pesos fuera del presupuesto. Se trata de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, constituidos por Francisco Gil Díaz en 1993 cuando era subsecretario en Hacienda.

Recuerdo ahora esta información porque el jueves de la semana pasada el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, y el procurador fiscal Luis Felipe Mancera trataron de engañar a los senadores cuando les informaron que la Secretaría de Hacienda no se opone a proporcionar toda la información sobre los fideicomisos que reciben fondos públicos, pero dijeron verse impedidos por las normas de transparencia y de secrecía de las leyes.

En la comparecencia de dichos funcionarios ante una comisión del Senado, acusaron a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de impedir que se entregara la información de 24 fideicomisos de más de 700 que hay.

Pero en el caso de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda, rechazó también proporcionar cualquier información porque supuestamente se trata de fideicomisos privados, creados por particulares. Sin embargo, hay que aclarar que ambos fideicomisos se han nutrido durante más de 12 años de fondos públicos por los cobros a exportadores e importadores del Derecho de Trámite Aduanero (DTA). Además, los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II fueron creados por instrucciones de Francisco Gil Díaz, se operan desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda y sus directivos son servidores públicos. ¿Quieren más pruebas?

Las Mentiras de la Secretaría de Hacienda

A las declaraciones del subsecretario Hurtado y del procurador fiscal Mancera, de inmediato vino la respuesta del Instituto Federal de Acceso a la Información para demostrar que los funcionarios de Hacienda mienten, pues su propósito es encubrir el manejo irregular de los fideicomisos.

En su comunicado el IFAI precisó que “no existe conflicto entre la Ley de Transparencia y la Ley de Instituciones de Crédito respecto a la apertura de información de fideicomisos públicos”, por lo que ha ordenado su apertura, pues el secreto fiduciario no puede ser invocado por Hacienda cuando se trata de fideicomisos públicos, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contrario a lo que dice Hacienda, garantiza a particulares el acceso a la información gubernamental que permita el escrutinio ciudadano de los recursos públicos federales.

Y explica que la protección que otorga la Ley de Instituciones de Crédito por el secreto fiduciario, se refiere exclusivamente a las propias instituciones bancarias y fiduciarias, en virtud de que la información que poseen corresponde a un tercero, pero como la Secretaría de Hacienda tiene intervención en los fideicomisos públicos del gobierno federal en su carácter de fideicomitente, es decir titular de la información, entonces no tiene impedimento legal alguno para otorgar acceso a cualquier documento relacionado con dichos fideicomisos públicos.

Así, en virtud de que las responsabilidades a que alude la Ley de Instituciones de Crédito están única y exclusivamente referidas a la institución fiduciaria y a sus integrantes, según artículo 118 de dicha Ley, los servidores públicos de Hacienda no incurren en responsabilidad alguna al hacer del conocimiento público la información relacionada con operaciones fiduciarias; por lo que la Secretaría de Hacienda no viola el secreto fiduciario al dar a conocer información relacionada con los fideicomisos.

Por lo anterior es importante que alguien le informe a Vicente Fox de que la Secretaría de Hacienda se resiste a abrir los fideicomisos públicos por temor a que los mexicanos conozcan a detalle las corruptelas y el desvío de recursos que se cometen desde las oficinas del gobierno federal.

Bien por el IFAI al responder de inmediato a las declaraciones de funcionarios mentirosos y poner en su lugar a la Secretaría de Hacienda como la institución con menor credibilidad y nula transparencia de todo el gobierno federal.

Se Ahonda el Sospechosismo de Creel

El “Caso Creel”, como fue conocido el proceso en que se vio envuelto el secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Santiago Creel, al rebasar el tope de gastos de campaña fijado para las elecciones a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2000, es sólo un ejemplo de como instituciones que se creían serias y respetables como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han entrado en ese proceso de sumisión y negociación en donde lo único importante ya no es la legalidad, sino contribuir a ese supuesto clima de distensión para evitar confrontaciones políticas y estallidos sociales.

El argumento para eximir de toda responsabilidad al todavía secretario de Gobernación y evitar así que se vieran comprometidos sus derechos político-electorales para el 2006, es por demás cuestionable: que el partido impugnante había presentado argumentos inentendibles y que, por tanto, no correspondía al máximo órgano de justicia electoral del país solventar esa deficiencia en su impugnación; es decir, no entendieron lo que el PRD solicitaba y por ello prefirieron exonerar a Creel de cualquier posible delito electoral, a pesar de que las pruebas documentales muestren lo contrario.

Con ello recuerdo el caso de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2000 y que también fue controvertido por el mismo medio, esto es, a través del juicio de revisión constitucional. En aquella ocasión, el PRD impugnó la determinación de la autoridad electoral local de otorgarle la mayoría de diputados de ese órgano legislativo a la Alianza por el Cambio, conformada por el PAN y el PVEM, pues a juicio del partido dicha mayoría le correspondía a él. En esa ocasión la Sala Superior del TEPJF al resolver el asunto fue más allá de lo que le solicitaba el PRD y resolvió que ni al PRD ni a la Alianza por el Cambio les correspondía tal mayoría, y determinó que las curules de representación proporcional debían asignarse de manera proporcional al número de votos obtenidos, con lo que se benefició al PRI, partido que ni recurso había promovido.

En esa ocasión los magistrados, de acuerdo con la propia ley, adoptaron una decisión que iba más allá, sin importar lo que específicamente se solicitaba. Con esta muestra podemos entonces concluir que la decisión no sólo del TEPJF sino de las autoridades electorales locales, fue política y no jurídica.

Ahora el sospechisismo al estilo Creel, lejos de concluir con esta resolución amañada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ahonda más y pone en riesgo a las instituciones del país bajo la justificación de las candidaturas hacia el 2006.

Bancos Trasladan Riegos a Inversionistas

Apenas unos meses antes de que inicie la cuenta regresiva para que el gobierno federal liquide los pagarés por más de 220 mil 420 millones de pesos comprometidos con Citibank-Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte, algunas instituciones de crédito buscan poner a salvo este capital de todo tipo de litigios, sobretodo aquellos que ante la Suprema Corte de Justicia (Juicio de Amparo 650/2003) pretenden aplicar descuentos significativos al hacer efectivas no sólo los resultados de las auditorias de Michael Mackey, sino las conclusiones del ex contralor interno del IPAB, Fortunato Alvarez.

De los 16 pagarés en poder de Banamex, HSBC, BBVA-Bancomer y Banorte, cinco de ellos se vencen entre septiembre y diciembre de 2005 y once tienen vencimiento entre enero y diciembre de 2006.

Sin embargo, la novedad es que Banamex y Banorte han realizado emisiones de certificados bursátiles sustentados en la bursatilización de las garantías de pago de los bonos del IPAB. En otras palabras, adelantaron la amortización de los pagarés gracias a la emisión de deuda colocada entre el público inversionista que, tal vez sin saberlo, ya cuentan con estos controvertidos instrumentos en sus fondos de inversión. El riesgo ahora es para los inversionistas.

Aunque esta deuda ofrece un rendimiento superior al de los CETES y las más alta calificación por parte de Standard & Poor´s y de la agencia Fitch Ratings, la bursatilización de activos del IPAB por parte de Banamex y Banorte permitió a estos dos bancos sacar de sus balances estos bonos. ¿Por qué deshacerse de documentos tan seguros y prometedores?

Aún más, Banamex solicitó al despacho White & Case, en donde por cierto es socio Vicente Corta, ex director del IPAB, un documento que respalde la legalidad de la emisión. Alberto Sepúlveda Cosío, otro de los socios de la firma, señala en el documento: “la emisión y colocación de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida y falseada”.

En efecto, Banamex tuvo la precaución de iniciar la bursatilización de pagarés del IPAB con los bonos Fobaproa que Citibank obtuvo al adquirir los activos de Banca Confía, lo cuales no son materia del litigio ante la Suprema Corte de Justicia y que involucra a las ya famosas auditorias de Gestión, Existencial y Legalidad (GEL). Sin embargo, el camino está abierto para nuevas emisiones.

Las que si decidieron desmarcarse de cualquier conflicto con la emisión, fueron las agencias calificadoras, y establecieron que en cualquier situación en la que el IPAB no pueda hacer frente al pago de estas obligaciones, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley del IPAB, será el Congreso de la Unión el que dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos.

En diciembre pasado, Banorte realizó una bursatilización de los pagarés de IPAB por 48 mil millones de pesos. Un mes después, Banamex lanzó al mercado un programa de certificados bursátiles por un total de 28 mil 959.9 millones de pesos, siendo JP Morgan el agente colocador a través de su división fiduciaria y teniendo como garantía los derechos derivados de un contrato de adquisición de pagarés IPAB y con vencimiento al 20 de noviembre de 2010. La emisión de Certificados paga a los inversionistas rendimientos mensuales de TIIE a 28 días.