En el país del “no pasa nada”, una de las secretarías que se ha mantenido al margen de los escándalos protagonizados por el gobierno federal, es la de Economía. El bajo perfil que ha mantenido tanto la dependencia como su titular, Fernando Canales Clariond, en los medios de información, parece ser la receta perfecta para ocultar ineficiencias e irregularidades, así como otros problemas internos.

Pero en las oficinas de la Secretaría de Economía (SE) las cosas deben de estar bastante difíciles, pues a mediados de junio deberán solventar las serias observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, entre otras anomalías, encontró un daño patrimonial por más de 6 millones de pesos y una grave omisión que compromete recursos por otros 52 millones que se debieron reintegrar, desde el 2001, a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Ambas irregularidades están relacionadas con la operación del Fondo de Fomento a la Integración de las Cadenas Productivas (Fidecap), que la dependencia presenta como “un mecanismo de apoyo financiero para fortalecer la capacidad productiva de las empresas en las entidades federativas y los municipios en todo el país”.

Como todas las historias de fideicomisos, fondos y contratos análogos, la Secretaría de Economía también tiene su lado oscuro. Según el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, hecho por la ASF, la problemática se ubica en el reintegro de recursos no ejercidos en proyectos del Fidecap.

Al respecto, el órgano superior de fiscalización del Congreso informa que “la SE no reportó en la cuenta pública la totalidad de los recursos de los subejercicios que generó durante los años de 2001 a 2003. Además, el entero de los recursos lo efectuó fuera del tiempo establecido por la normativa aplicable, y no ha reintegrado la cantidad de 52 millones 146 mil 500 pesos correspondientes a los proyectos que se cancelaron o que tuvieron subejercicios durante el periodo de referencia”.

De éstos, la ASF especifica que 13 millones 545 mil 600 pesos correspondieron al ejercicio fiscal 2001, 32 millones 218 mil 700 pesos a 2002 y 6 millones 382 mil 214 pesos al ejercicio 2003.

Ante estas acusaciones, “la dependencia fiscalizada (SE) informó que la mayor parte de dichos recursos se encuentran en poder de los organismos intermedios; sin embargo, no presentó las evidencias documentales que permitieran verificar esta información”, señala el informe.

El Millonario Daño Patrimonial

Aunque la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la Secretaría de Economía omitió enterar los subejercicios registrados en el Fidecap desde el 2001 hasta el 2003, cuyo monto total asciende a 52 millones 146 mil 500 pesos, los vacíos legales impiden sancionar los daños patrimoniales previos al ejercicio fiscalizado.

Por ello, en el pliego de observaciones la ASF indica que “como resultado de la revisión practicada, se presume un probable daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por 6 millones 382 mil 214 pesos, más los intereses generados, por no reintegrar a la Tesofe los recursos de los proyectos que fueron cancelados o que presentaron subejercicio en 2003.

“Al efecto, esta Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, fincará el pliego de observaciones correspondiente, con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con el fin de que en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, la Secretaría de Economía proceda a la solventación del mismo”.

De esta manera, el 87 por ciento de los recursos, equivalente a 45 millones 764 mil 300 pesos, no pudo ser considerado como daño patrimonial por el órgano de vigilancia que depende de la Cámara de Diputados.

Pero por la importancia de los montos involucrados, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la SE que “inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para verificar las causas por las que la Secretaría no ha realizado las acciones pertinentes para recuperar los recursos otorgados a proyectos de micro, pequeños y medianos empresarios, por medio del Fidecap, que fueron cancelados y de los que tuvieron subejercicio de los años de 2001, por un monto de 13 millones 545 mil 600 pesos, y de 2002 por una cantidad de 32 millones 218 mil 700 pesos, para reintegrarlos a la Tesofe.

“Y que dé seguimiento a los proyectos apoyados, a fin de que cuando sean cancelados o generen economías, los recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación al término de cada año, y verifique que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto registre en la cuenta pública la totalidad de las economías obtenidas en cada año”, dice la ASF.

La preocupación generada por estos desfalcos en la Auditoría Superior de la Federación fue tal que la institución encabezada por Arturo González de Aragón emitió dos recomendaciones a la SE.

En la primera solicita que “lleve a cabo las acciones necesarias, a fin de que los recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre se reintegren en su totalidad, incluyendo intereses, a la Tesorería de la Federación. Y que los enteros se efectúen dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de enero inmediato siguiente, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de las Reglas de Operación del Fidecap”.

Mientras que en la segunda recomienda que “adopte las medidas de control y depuración necesarias para fortalecer sus mecanismos de registro y control interno, a fin de que en la cuenta pública se reporten las cifras que correspondan en relación con las economías o subejercicios que se presenten, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Apreciaciones de la ASF

Al dictaminar la operación hecha por la Secretaría de Economía de los recursos destinados al Fidecap, la ASF considera que la dependencia no cuantificó la población objetivo de las micro, pequeñas y medianas empresas a las que debe otorgar recursos para sus proyectos productivos, y tampoco dispuso de un estándar de cobertura.

Otras anomalías detectadas fueron la carencia de información para determinar cuántas de las empresas apoyadas se integraron a cadenas productivas; además de que fueron insuficientes los mecanismos de control y supervisión. En cuanto a las reglas de operación del fondo, no se establecieron estándares de comparación en cuanto a los apoyos a mujeres y personas con discapacidad, ni se establecieron los plazos para evaluar la razonabilidad de los tiempos utilizados para cada uno de los procesos operativos, señala el informe.

Agrega que entre el 2001 y el 2003, la SE reintegró a la Tesofe el 41.8 por ciento de los 89 millones 642 mil pesos asignados a 135 proyectos de encadenamientos productivos, que no se llevaron a cabo debido principalmente al retraso en la llegada de los recursos federales, la firma de los convenios y a falta de liquidez de los empresarios.

“Se precisó que en este periodo, la dependencia reintegró a la Tesofe un monto total de 37 millones 495 mil 500 pesos, de los cuales 32 millones 897 mil 700 pesos correspondieron a proyectos cancelados, y 4 millones 597 mil 800 pesos a proyectos con subejercicios.”

La ASF señala que, “de los 52 millones 146 mil 500 pesos correspondientes a los proyectos cancelados y los que presentaron subejercicio en el periodo de 2001 a 2003, (que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en perjuicio de la hacienda pública federal), se estiman probables recuperaciones por la cantidad de 6 millones 382 mil 200 pesos, referido al ejercicio de 2003”.

Los excesos de la nómina

En el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2003, destaca otra irregularidad que también tendrán que solventar en la oficina del secretario Fernando Canales Clariond, relativa a los “salarios excesivos” que se reparten en Economía.

Resulta que la Auditoría Superior de la Federación detectó en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, 275 diferencias mayores a mil pesos, entre salarios de iguales, que suman la no deleznable cantidad de 2 millones 547 mil 600 pesos. Esto, al realizar un comparativo de personal seleccionado con mismo nivel o categoría y número de pagos, denominado prueba de estratificación

Por la importancia del monto, el órgano de vigilancia menciona que “se solicitó la aclaración correspondiente y a la fecha no se ha recibido respuesta, en contravención del artículo 63 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal”.

Ante esta negativa de esclarecer las diferencias descubiertas, la ASF reiteró la solicitud a dicha coordinación, para que instruya a la Dirección de Recursos Humanos para que presente a la Auditoría Superior de la Federación la aclaración correspondiente a las diferencias determinadas por dos millones 547 mil 600 pesos.

“En opinión de esta entidad de fiscalización superior, y con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SE, se considera que en términos generales la Coordinación General para el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, con excepción de que no contó con el Manual de Procedimientos actualizado y ejerció recursos por más de 2 millones de pesos, que no registró en el Estado del Ejercicio del Presupuesto.”

Ante esta irregularidad, la ASF considera como efecto estratégico, arraigar la cultura de la rendición de cuentas en la Secretaría de Economía. “Como resultado de la auditoría practicada, la Auditoría Superior de la Federación, promovió acciones tendientes a impulsar el establecimiento de sistemas de control e implementación de mecanismos de supervisión, que eviten la falta de registro de operaciones en el estado del ejercicio del presupuesto y deficiencias en la integración de expedientes de personal, con la finalidad de rendir cuentas claras, oportunas y transparentes”.

Así las cosas, aunque la Secretaría de Economía suele mantenerse fuera de la escena mediática ante sus escasos resultados, ahora tiene que aclarar diversas irregularidades en el manejo presupuestal y en la administración de los recursos públicos.