Después de 1 año y siete meses en prisión por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada (9 de julio de 2019), el abogado Juan Collado Mocelo fue requerido judicialmente, junto con la también demandada Caja Libertad de Servicios Financieros, para que cumpla el “convenio de transacción judicial” que firmó con Sergio Hugo Bustamante Figueroa, en donde reconoce a este empresario como propietario del 50 por ciento de un lujoso inmueble ubicado en Querétaro, por un valor de 500 millones de pesos, y el cual es parte de la disputa judicial que motivó la detención del representante legal de los expresidente Carlos Salinas y Enrique Peña, y del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps.

Bajo el expediente 1370/2018, Bustamante Figueroa presentó ante el Juzgado Segundo de lo Civil un “incidente de cumplimiento de convenio” para que la demandada Caja Libertad cumpla con lo pactado, donde destacan tres puntos:

1. Pago de rentas de los meses de marzo a noviembre de 2020, que suman la cantidad de 5 millones 400 mil pesos, más el IVA y lo que se acumule en los meses de 2021, pues de lo contrario se solicita al juez el embargo de bienes que garanticen dicho adeudo.

2. En la cláusula tercera del “convenio de transacción judicial”, las partes se obligaron a celebrar convenio de copropiedad del inmueble al 50 por ciento, y en caso de incumplimiento en ejecución por rebeldía, el juez escriture el inmueble a Bustamante Figueroa; así como el pago de la escritura del inmueble en copropiedad estará a cargo de Caja Libertad Servicios Financieros en su carácter de codemandada, incluyendo impuestos, derechos, gastos y honorarios notariales, además de los servicios del inmueble en disputa.

3. La firma del contrato de arrendamiento del inmueble en la Zona Comercial Centro Sur de la ciudad de Querétaro.

Preso en el Reclusorio Norte, Collado Mocelo negoció a principios de 2020 un convenio con su exsocio y demandante Sergio Hugo Bustamante Figueroa, mediante el cual éste acepta el 50 por ciento de un desarrollo inmobiliario ubicado en la zona comercial Centro Sur de la ciudad de Querétaro, con un valor cercano a los 500 millones de pesos.

Dicho inmueble alberga las oficinas de la polémica Caja Libertad, investigada por el delito de blanqueo de capitales en transferencias realizadas a instituciones financieras en paraísos fiscales como Andorra. En esa Caja Libertad también están involucrados, entre otros, los empresarios Amado Yáñez, quien estuvo preso por fraudes de su empresa Oceanografía; Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y sujeto a proceso por un fraude a Citibank-Banamex, entre otros delitos; Guadalupe Aboites Hernández; y José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, actualmente preso también.

Quien fuera abogado defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto; del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps; del exsubprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, y de una larga lista de empresarios y políticos, logró que Bustamante Figueroa retirara todas las acciones legales en su contra; pero, lo que parecía un respiro para Juan Collado en los procesos legales que enfrenta se le complicó por las investigaciones en donde más de 20 empresarios mexicanos poseen cuentas millonarias en Andorra y estarían supuestamente vinculados con una red de lavado de dinero en Caja Libertad.

Detenido por una demanda civil en julio del año pasado en la Ciudad de México, expediente 1370/2018 –cuando sostenía una reunión con su cuestionado cliente Romero Deschamps–, el abogado Collado Mocelo logró con aquel convenio cancelar las controversias y juicios que había entre los socios de las sociedades mercantiles Operadora de Inmuebles del Centro y Libertad Servicios Financieros, donde también participaron Jesús Guevara Aguilar, Guadalupe Aboites Hernández, José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.

Aquel convenio judicial contiene 10 cláusulas, en donde establece que Sergio Bustamante se desiste de la acción legal 79572019 por la demanda de daño moral radicada en el Juzgado 45 en Materia Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que incluye a Caja Libertad y a todos sus accionistas involucrados.

Agrega que todas las partes en este litigio por daño moral otorgan el perdón ante cualquier denuncia penal o demandas civil y mercantil que hubiera sobre los bienes disputados.

El convenio incluye también los escritos dirigidos a la Agencia del Ministerio Público (carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-7S/D00503/08-2019) por parte de la apoderada de Caja Libertad para otorgar el finiquito a Bustamante Figueroa y Jesús Guevara Aguilar; y otro dirigido a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (carpeta CI/CRO/29527/2019, por el delito falsedad ante autoridades) con el mismo propósito.

En la sexta cláusula, Bustamante se desiste de la demanda radicada en el Juzgado Segundo y otorga un finiquito amplio a la sociedad Libertad Servicios Financieros; al abogado Juan Ramón Collado Mocelo; a Jesús Guevara Aguilar; J Guadalupe Aboites Hernández; José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, actualmente preso también el Reclusorio Norte; José Antonio Vargas Hernández; Operadora de Inmuebles del Centro; Fanny Gabriela Frías Cantú, y Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez.

En la cesión de derechos, Caja Libertad entrega el 50 por ciento de sus derechos de propiedad de la compraventa realizada mediante la escritura pública 14163, el 25 de marzo de 2015, a favor de Operadora de Inmuebles del Centro.

Por su parte, Operadora de Inmuebles del Centro se obliga a celebrar un convenio de cesión de derechos de cobro a favor de Libertad Servicios Financieros respecto de los pagos o préstamos a favor de Administradora Ario, por un total de 96 millones 750 mil pesos; al Despacho Integral de Inmuebles por 1 millón 291 mil pesos, y Administradora Cimatario por 50 millones 60 mil 400 pesos.

“Lo anterior a fin de resarcir la mitad del precio erogado por Libertad Servicios Financieros al adquirir el lote de terreno marcado con el número 2, manzanas C y S 12 y las construcciones sobre él edificadas de lo que es conocida como Zona Comercial Centro Sur de Querétaro… de parte de Operadora de Inmuebles del Centro.”

Se acordó también que la empresa Libertad Servicios Financieros seguirá en posesión del inmueble que está en una superficie de 3 mil 877 metros cuadrados hasta que se dé total cumplimiento al presente convenio.

Además, Operadora de Inmuebles del Centro dará en arrendamiento el 50 por ciento de la propiedad a Libertad y Servicios Financieros por un monto mensual de 600 mil pesos, que serán pagados a Bustamante Figueroa. Este plazo de arrendamiento será de 10 años forzosos y Libertad y Servicios Financieros tendrá también la opción preferente de compra de dicho inmueble.

Para Juan Collado el panorama se torna muy gris: a la fecha ha cambiado de abogados en seis ocasiones y aún no encuentra quién le asegure su pronta libertad.