Primera parte. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la oportunidad histórica de reivindicarse después de un negro pasado como partícipes de un sistema de corrupción, abuso de poder, desvío de recursos públicos y cualquier cantidad de injusticias cometidas por jueces, magistrados y los mismos ministros, si aprueban la consulta para investigar y después enjuiciar a los últimos cinco expresidentes que robaron dinero del erario para enriquecerse ilícitamente.
Millones de mexicanos estamos pendientes de la sesión que sostendrá el pleno de la Corte el próximo jueves 1 de octubre, en donde votarán sobre la legalidad constitucional de dicho proceso que permita enjuiciar a los cinco exmandatarios, como lo demandan más de 2 millones de ciudadanos que firmaron dicha petición.
Mientras conocemos la determinación de la Corte, periodistas y sociedad pueden empezar a aportar información con pruebas contundentes sobre múltiples anomalías y corruptelas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente a Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, unos priístas y otros panistas que al final resultaron ser iguales.
Por tal motivo, en este espacio comentaré algunas investigaciones con suficientes evidencias de la corrupción de esos exmandatarios que robaron a la nación:
Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994
Después del fraude electoral de 1988, que le arrebató la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y le permitió a Carlos Salinas de Gortari sentarse en la silla presidencial, la primera orden de ese político priísta fue crear una “Partida Secreta” que le permitiera gastar a discreción dinero público para pagar favores, corromper a intelectuales y periodistas, enriquecer a familiares y amigos, sobornar a políticos y premiar la obediencia de miembros de su gabinete.
Por instrucciones de Salinas de Gortari, esa “Partida Secreta” era manejada por el administrador del dinero en Presidencia, Octavio Sentíes Hoyos; el secretario particular del presidente, Justo Ceja; y los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos funcionarios de la Presidencia y a quienes se encomendó abrir la cuenta bancaria número 6300-0-005 en Banco Mexicano Somex, de donde Salinas de Gortari disponía mensualmente de 652 millones 30 mil 799.49 pesos (que al tipo de cambio de ese año serían equivalentes a 200 millones de dólares, algo así como 4 mil 400 millones de pesos actuales) para distribuirlos a su antojo y sin rendir cuentas ni ser auditado por nadie.
Una vieja copia que aún guardo en mis archivos de un estado de la cuenta 6300-0-005, correspondiente a noviembre de 1994, confirma que en el último mes del gobierno de Carlos Salinas se realizaron 41 movimientos bancarios por un total de 652 millones 38 mil 799.49 pesos.
De acuerdo con funcionarios que trabajaron en la Presidencia durante el gobierno de Salinas, el director de Finanzas era Francisco Vázquez Alanís y su hermana Araceli era secretaria particular del director general de Administración de la Presidencia, el contador público Ernesto Sentíes Hoyos.
Uno de los cheques expedidos de esa cuenta bancaria millonaria, el número 183, era por un monto de 98 millones 811 mil 689 pesos, con fecha del 3 de noviembre de 1994; otro cheque, el número 171 y de fecha 4 de noviembre, por un monto de 95 millones 847 mil 505 pesos; el cheque número 26537000, con fecha del 7 de noviembre, por 57 millones 58 mil pesos, y el cheque número 163, por 37 millones 94 mil 547 pesos. El cheque 170, por 31 millones 620 mil 518 pesos; el cheque 165, por 25 millones 399 mil pesos, y el cheque 177, por 22 millones 737 mil 260 pesos, entre otros.
De acuerdo con el estado de cuenta bancario correspondiente al mes de noviembre, la dirección que dieron a Banco Mexicano los hermanos Vázquez Alanís para recibir la documentación financiera fue la de Hacienda de la Condesa (número ilegible), colonia Prados del Rosario.
El descubrimiento de dicha cuenta bancaria secreta por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda se debió a que cuando investigaban al exsubprocurador Mario Ruiz Massieu por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero encontraron que uno de los cheques, el número 24537001 por 300 mil pesos, le había sido entregado por órdenes de Salinas y correspondía a la cuenta 6300-0-005 de Banco Mexicano, pero la investigación se detuvo cuando descubrieron que la chequera se manejaba desde la residencia oficial de Los Pinos y los hermanos Vázquez Alanís servían sólo de prestanombres para el manejo de la chequera utilizada para premiar lealtades a Carlos Salinas.
Así, los beneficiarios con ese dinero, que según las primeras investigaciones de aquellos años habría sido desviado del presupuesto federal por instrucciones presidenciales, eran algunos secretarios de Estado, subsecretarios, procuradores, subprocuradores, directores de paraestatales y fideicomisos, empresarios salinistas y, por supuesto, los hermanos de Carlos Salinas de Gortari, principalmente Raúl.
El mismo Raúl Salinas confirmó que parte del dinero que posee que depositó en cuentas bancarias de Suiza, Londres, Estados Unidos, México e Islas Caimán, se lo entregó su hermano cuando fungió como presidente de la República.
En los registros fiscales de los hermanos Vázquez Alanís aparecen así: Araceli Vázquez Alanís tiene dos RFC: VAAA510507QW8 y VAAA5105074X9, con domicilios en Camino a Porres PV Santa Anita, Jiutepec, Morelos, y en la Unidad Habitacional Barrio de Santiago, en la Reforma Iztaccíhuatl, Iztacalco.
Esta mujer de 49 años de edad aparece como asalariada desde 1983 en el gobierno federal y sólo a partir del 13 de febrero de 1992 fue dada de alta en la Secretaría de Hacienda. Por lo que respecta da su hermano Francisco Vázquez Alanís, su RFC es VAAF540803HD8 y también ingresó al gobierno desde 1983.
En gobiernos posteriores, durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, la entonces Procuraduría General de la República abrió sendas investigaciones sobre el uso de esos fondos públicos que el entonces presidente repartía, como si se tratara de un patrimonio propio, pero ninguno de los dos expresidentes se atrevió a llegar hasta las últimas consecuencias para procesar penalmente a Salinas y encarcelarlo.
Tal vez ahora sea demasiado tarde para que la Fiscalía General de la República –a cargo del doctor Alejandro Gertz– pueda procesar a Salinas por ese delito de peculado (desvío de recursos públicos) que ya haya prescrito, pero como dice el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos que el juicio social y el juicio de la historia declaren como culpable a quien se robó primero la Presidencia y después el presupuesto público.