Funcionarios de administraciones anteriores (del PRI y PAN) que siguen incrustados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre todo en oficinas regionales ubicadas en todo el país, maniobraron en 2019 para que personas físicas y morales dejaran de pagar impuestos, lo que ocasionó quebrantos al fisco por alrededor de 280 mil millones de pesos en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Estas irregularidades fueron informadas al presidente de la República por la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, a quien se instruyó coordinarse con la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, para frenar esas condonaciones fiscales e identificar a los funcionarios corruptos que permitieron tales anomalías a cambio de jugosos sobornos otorgados por el sector privado, sobre todo de grandes corporativos transnacionales que, por todos los medios, tratan de evadir el pago de impuestos.
El trabajo entre ambas dependencias, cuya información fue dada a conocer por Contralínea a principios de año –en donde dimos cuenta de dos oficios, uno de la SFP: UAG/210/0165/2020, con fecha 6 de febrero de 2020, y otro del SAT: 400-04-03-00-00-2020-164, fecha 3 de marzo– permitió identificar a 63 funcionarios de todos los niveles del SAT como presuntos responsables de violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, y la Secretaría de la Función Pública analiza la sanciones administrativas que aplicará, además de turnar los expedientes a la Fiscalía General de la República por el presunto daño a las finanzas públicas.
De acuerdo con una nota de la reportera Claudia Villegas publicada en la revista Fortuna, “el órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició procesos de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de 63 servidores públicos por violaciones a las normas presupuestarias y administrativas”.
Esos 63 funcionarios del SAT incurrieron en irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de la fiscalización tributaria al otorgar indebidamente “perdones fiscales”, lo que daño la operación e ingresos del SAT.
Los oficios del SAT y la SFP
Dos funcionarios con nivel de “administradores” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron la afectación contable de cuatro claves de cómputo controladas en situación de “bajas por insolvencia” por un monto de 14 mil 50 millones 921 mil 383 pesos de créditos fiscales correspondientes a enero pasado (2020), mediante los cuales se benefició a un grupo de grandes contribuyentes.
En medio esta investigación ordenada desde Palacio Nacional para descubrir a servidores públicos que, coludidos con empresarios y operadores financieros, se dedican a cancelar créditos fiscales y a otorgar perdones del cobro de impuestos mediante la manipulación de información fiscal con dobles contabilidades, se giraron los siguientes dos oficios:
En el oficio 400-04-03-00-00-2020-164, de “Cuentas de orden créditos en bajas por insolvencia”, con fecha 3 de marzo de 2020, el administrador de Cobro Persuasivo y Garantías 3, AGR (Administración General de Recaudación), ingeniero Óscar Báez Caballero, solicita al administrador de Planeación, Análisis e Información “5”, contador público Marco Antonio Estrada Nieto, que como resultado del análisis del periodo enero de 2020, “es necesario se realicen las afectaciones contables en las claves de cómputo 860077, 960078, 860015 y 960020, por los montos que a nivel nacional se detallan por 14 mil 50 millones 921 mil 383 pesos”.
Además, se solicita que los adeudos fiscales identificados correspondientes a 2019 “queden registrados en las cuentas contables 7.9.4.5.1 (Créditos fiscales cancelados por insolvencia) y 7.9.4.2.1 (Determinación de créditos fiscales pendientes de cobro) para afectar contablemente los créditos que, por la operación y seguimiento a las acciones de cobranza, están controlados en situación de ‘bajas por insolvencia’.”
El documento interno del SAT agrega: “A ese respecto y en seguimiento a las acciones para el registro contable a dichas cuentas por el ejercicio 2020, anexo al presente encontrará archivo electrónico conteniendo la relación por Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) y el detalle de la información a un nuevo corte que abarca el periodo del 1 al 31 de enero de 2020, de los créditos que se ubican en este supuesto y del cual se solicita la afectación contable correspondiente, de acuerdo al control de los adeudos registrados en esta situación en la cartera de Cobranza”.
Como resultado de dicho análisis del periodo de 2020, señala el oficio que “es necesario se realicen las afectaciones contables en las claves de cómputo 860077, 960078, así como a la 860015, 960020, por los montos que a nivel nacional se detallan por 14 mil 50 millones 921 mil 383 pesos.” El documento adjunta la relación de los movimientos por ADR para el registro contable correspondiente.
“No se omite comentar que durante el presente ejercicio fiscal, mensualmente se le estará enviando la información de los adeudos ubicados en bajas por insolvencia y bajas por separación de la cartera, con la atenta solicitud de que se realice el registro contable en las cuentas contables ya mencionadas, en tanto se realizan las actualizaciones correspondientes al sistema MAT Cobranza a fin de que dicho registro se realice de manera automatizada, derivado de la operación y seguimiento al control de la cartera de créditos en las ADRs.”
El segundo oficio, UAG/210/0165/2020, que con fecha del pasado 6 de febrero, fue enviado por el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Omar González Vera, a la jefa del SAT, maestra Raquel Buenrostro Sánchez, en donde le expone la urgente necesidad de trabajar en conjunto para, palabras más o palabras menos, frenar la evasión fiscal de grandes contribuyentes.
Este es el documento de Función Pública en donde solicita en ocho puntos información concreta a la jefa del SAT:
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Estado Analítico de Ingresos en su mayor nivel de desagregación, recaudado por el Servicio de Administración Tributaria correspondiente al cierre del ejercicio 2019.
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Proporcione un Manual de Procedimientos de la Administración General de Recaudación, vigente en 2019, que describa el proceso interno que se realiza para cancelar un crédito fiscal, formato PDF.
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Mencione los distintos tipos de bajas de créditos fiscales por los que procede su cancelación y proporcione el fundamento legal de cada uno de ellos.
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Proporcione una base de datos de los créditos fiscales que fueron cancelados en el ejercicio 2019, informando los siguientes datos: RFC; nombre o razón social; persona física o moral; fecha de cancelación; monto cancelado; motivo de la cancelación; tipo de crédito fiscal; fundamento legal por el cual procedió la condonación. Dicha base de datos debe presentarse en formato Excel.
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Señale los criterios considerados para cancelar un crédito fiscal.
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Flujograma del procedimiento y etapas del proceso de la cancelación de créditos fiscales, identificando las áreas y/o las personas responsables, vigente en 2019.
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Señale el proceso y las cuentas contables afectadas con que se registran la cancelación de un crédito fiscal.
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Informe que reportes se emiten mensualmente y en qué sistemas electrónicos la Administración General de Recaudación maneja el registro y control de la información en relación con la cancelación de créditos fiscales, asimismo mencione si esta información es pública.