Como sucede en cada periodo sexenal, en el gobierno federal se dan alianzas de algunos miembros del gabinete y otros entran en verdaderas confrontaciones en el llamado círculo rojo del poder. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha explicado y se ha referido a ello como algo normal en cualquier equipo de trabajo; por ejemplo, en el año y medio del actual gobierno han renunciado hasta secretarios de Estado.

Algunas de las disputas más notables por diferencias de criterio, de operación o de aplicación de la ley y que han causado algunos problemas en la actual administración federal, han sido entre la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza; también ocurrió entre la exoficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y la exjefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat, actual ministra de la Suprema Corte; otra confrontación es la que tiene el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, con la embajadora de México en Estados Unidos, la doctora Martha Bárcena Coqui.

Si las diferencias entre esos funcionarios han generado algunos problemas en las funciones que desempeñan, hay otras dos disputas que han de preocupar al presidente de la República porque involucran asuntos de justicia y de seguridad nacional.

Una de ellas tiene que ver con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), doctor Santiago Nieto Castillo, y el fiscal general de la República (FGR), doctor Alejandro Gertz Manero, quienes han cruzado acusaciones por incompetencia e incumplimientos de leyes en procuración de justicia por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, principalmente.

Otro caso que poco se conoce y que resulta preocupante en Palacio Nacional por el desempeño de sus labores es en materias de seguridad nacional y seguridad pública, en donde hay fuertes diferencias entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Audomaro Martínez Zapata.

Y es precisamente por esa confrontación entre dos funcionarios de mucha confianza del presidente López Obrador que en los últimos días hubo despidos de dos directivos en el CNI, supuestamente porque no pasaron el examen de control de confianza.

Uno de los despedidos, protegido de Alfonso Durazo, es Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien hacía apenas 3 meses había ingresado a ese órgano de seguridad nacional en un puesto de enlace por instrucciones del propio secretario de Seguridad.

El otro cesado era el hombre de todas las confianzas del director general del CNI, el capitán Fernando Torres Torres, quien primero se había desempeñado como coordinador general de Intervenciones de ese órgano de seguridad nacional y después pasó a la Coordinación General de Contrainteligencia, de donde fue despedido también supuestamente por no acreditar el examen de control de confianza.

Pero quién es Gustavo Salas Chávez, pues resulta que ha sido un funcionario ligado a gobiernos panistas y priístas. Por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desempeñó como subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), entre 2015 y 2016, cuando la corrupción estuvo muy asentada en la entonces Procuraduría General de la República.

Salas Chávez también estuvo encargado por corto tiempo de la malograda investigación en el sexenio pasado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, cuyo proceso judicial fue concluido con la fracasada “verdad histórica” y que ahora se ha traducido en acusaciones penales en contra de los fiscales responsables, y podría inclusive alcanzar hasta al exprocurador general de la República, el hidalguense Jesús Murillo Karam.

Así que ese exfuncionario que había sido incorporado al Centro Nacional de Inteligencia a finales de abril de este 2020 por instrucciones del secretario Durazo, en un cargo que servía como enlace de ese órgano de seguridad nacional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acaba de ser dado de baja por no pasar el polígrafo ni el examen de control de confianza, requisitos indispensables para cualquiera que aspire a un puesto en el principal órgano de seguridad nacional del Estado mexicano.

Paralelo al despido de Salas Chávez, la Dirección de Control de Confianza del Centro Nacional de Inteligencia –a cargo de Luz del Carmen Díaz Galindo, quien a su vez depende del secretario general del CNI, Francisco Acuña Méndez (excoordinador de asesores de Durazo)– cesó al coordinador general de Contrainteligencia, capitán Fernando Torres, también supuestamente por no acreditar el examen de control de confianza.

Aunque pueden ser diversos los motivos por los que el secretario Durazo gusta de contratar a exfuncionarios de gobiernos panistas y priístas, administraciones en las que él mismo participó, lo cierto es que dentro del gabinete de López Obrador causa malestar y extrañeza que en algunas secretarías de Estado se recicle a exfuncionarios del pasado que si no participaron en actos de corrupción por lo menos fueron omisos y complacientes de ellos.

Por ello son varias las versiones que aseguran que a Durazo le queda poco tiempo como secretario de Seguridad, puesto al que podría renunciar para buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Sonora que se disputará en 2021, aunque antes de que eso ocurra busca por todos los medios colocar a recomendados y amigos en puestos clave dentro de las áreas de seguridad e inteligencia del país, pues bien dicen que quien posee la información tiene el poder.

El expediente del Cisen de Salas Chávez

En abril pasado publicamos en esta columna un expediente elaborado en la administración anterior por el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de Salas Chávez, en donde se indica que entre los cargos más importantes que ha ocupado es el de titular de la SEIDO, de 2015-2016, y después encargado por poco tiempo de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa.

Antes de ingresar en abril pasado al CNI, Salas Chávez estaba como titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también había sido director general adjunto de la Coordinación de Asesores en la Secretaría de Gobernación, 31 de enero de 2019.

Según el expediente del Cisen también fue director de área en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de 2017 a 2018; subdirector de área en el CJF, 2017; jefe de unidad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información parea el Combate a la Delincuencia en la PGR, 2015; director general adjunto de la Coordinación de Asesores de la PGR, 2012 a 2015.

Antes, Salas Chávez se había desempeñado fiscal especial para Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, el órgano ministerial supuestamente creado para defender a periodistas y prevenir las constantes agresiones contra el gremio que suma muchos muertos. Obviamente dicha Fiscalía nunca sirvió, pero sí consumía recursos públicos económicos, humanos y materiales.

También fue director de área en la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, de 2009 a 2010; fiscal B de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2007 a 2008; director general adjunto en la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2006 a 2007; asesor en la Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la PGR, 2003 a 2006.

El expediente de seis cuartillas incluye datos personales, que aquí no publicaremos, pero sí parte de su situación patrimonial: un vehículo marca Mercedes Benz, modelo 2007; una motocicleta Harley Davidson, modelo 2016; automóvil Audi; vehículo Toyota, de los cuales se incluyen los números de placas.

Señala que entre diciembre de 2010 y junio de 2016, Gustavo Salas realizó seis viajes al extranjero: Argentina, España y Estados Unidos. El documento confidencial también cuestiona su actuación como titular de la SEIDO por algunas acusaciones de corrupción.