Era 2015, último año de la gestión del rector priísta José Narro Robles en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial (Contraloría) elaboró un informe de 34 páginas, bajo el número DGRIRP/DERE/01/2015 y fechado el 8 de junio de ese año, en donde denunciaba graves irregularidades en el manejo del presupuesto universitario y en la contratación de bienes y servicios para la realización de la Olimpiada Nacional 2014, que tendría como una de sus sedes la UNAM.
En poder de una copia de esa auditoría, Contralínea buscó en aquel año a Narro Robles para que explicara las irregularidades descubiertas por su órgano de control: desvío de recursos públicos, mala administración, violaciones a la normatividad, negligencia y omisión, pero el entonces rector rechazó dar alguna explicación y menos sancionar o denunciar penalmente a los involucrados por el mal manejo de recursos y, al contrario, lo que hizo fue premiar al principal responsable del desfalco y del abuso, Severino Rubio Domínguez, director general de Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr) de la UNAM, incorporándolo a su equipo de trabajo cuando asumió la Secretaría de Salud, en donde le asignó una Dirección General Adjunta.
Después de sus fracasos por intentar dirigir al PRI y convertirse en aspirante fallido a la candidatura presidencial por ese partido, el exrector y exsecretario de Salud ha vuelto a su activismo político en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y eligió para sus ataques a la figura principal en la lucha de salud en contra de la pandemia Covid-19, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, a quien sólo le bastó recordar la pésima gestión de Narro en Salud, en donde dejó 307 hospitales abandonados.
Pero volvamos a los últimos meses de gestión de rector priísta José Narro Robles, a quien la Contraloría de la máxima casa de estudios, a cargo de Humberto Moheno Diez, le informó de las graves irregularidades en el manejo del presupuesto, pero contrario a que se impusieran sanciones a los responsables, las autoridades universitarias protegieron a los responsables y ocultaron las faltas administrativas y los desvíos de recursos públicos de la UNAM, según se da cuenta puntualmente en un informe de 34 páginas.
Durante 3 meses, del 13 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015, la Contraloría de la UNAM revisó las operaciones financieras, los procedimientos y la normatividad para el control y ejercicio de 20.7 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con motivo de la Olimpiada Nacional 2014, en donde la Universidad fue subsede en las disciplinas de remo, nado sincronizado, canotaje, tiro con arco, hockey sobre hielo y polo acuático.
Esa auditoría universitaria reconoce contundentemente que “hubo múltiples irregularidades e incumplimientos en la aplicación de la normatividad e instrumentación de controles para el buen uso de recursos financieros por parte de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr) de la UNAM, a cargo de Severino Rubio Domínguez, y de sus subalternos Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo, y José Luis Marín Correa, secretario académico”, entre otros.
Por ejemplo, de las muchas anomalías descubiertas en ese entonces, destaca que el 30 por ciento de las erogaciones, que ascendieron a 6 millones 381 mil 535.11 pesos, se realizaron con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la Conade.
Además, en la adquisición de bienes y servicios no se realizó licitación alguna y tampoco hay evidencia de la celebración de contratos, lo que habría permitido actos de corrupción, desvíos de recursos y abusos por parte de directivos universitarios. También se observaron otros desvíos por 829 mil 232 pesos a conceptos ajenos a la Olimpiada.
Entre esos desvíos se suman los 326 mil 372 pesos para pagar una comida de convivencia entre exjugadores de futbol americano de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor, que tuvo un costo de 43 mil 500 pesos, así como la alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto en el hotel Villas Posadas, por un costo de 282 mil 873 pesos. Actividades totalmente ajenas a lo establecido en el contrato.
Sin sanción alguna por la mala administración al frente de la Dgadyr, su titular Rubio Domínguez sólo “renunció”, dicen en la Contraloría, al cargo que tenía en la UNAM, y de inmediato fue contratado en la Secretaria de Salud como director de Educación en Salud, con tres subdirecciones bajo su nuevo mando que ocupó desde el 1 de enero de 2016. Su jefe inmediato explicó haber verificado con el contralor de la UNAM si había algún impedimento para contratarlo y ahí le confirmaron que “no hubo sanción alguna por lo ocurrido”.
Este universitario priísta es quien rechaza ahora a un gobierno distinto a los intereses mafiosos que el defendió primero como rector de la UNAM y después como secretario de Salud.
