En la Presidencia de la República hay gran preocupación e interés en que se investigue a fondo la cancelación de miles de créditos fiscales que se cancelan cada año sin control alguno en favor de grandes contribuyentes, lo que impide una recaudación por cientos de miles de millones de pesos y, peor aún, hay la presunción de que existe una amplia red de corrupción en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en todo el país, heredada de gobiernos anteriores (panistas y priístas) y que, diezmada, sigue aún en operación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de que se ha cambiado y despedido a directivos y a algunos funcionarios intermedios al interior del SAT, sólo en el primer año del actual gobierno se cancelaron créditos fiscales a grandes contribuyentes por alrededor de 400 mil millones, cifra que impactó en la recaudación de 2019, año de arranque de la “cuarta transformación”.
Para hacer un comparativo con el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el SAT se cancelaron créditos fiscales en 2018 por unos 730 mil millones de pesos. Esto significó que, en el primero año del presidente López Obrador, la cifra se logró reducir considerablemente, pero aunque bajó casi 45 por ciento, representa todavía un fuerte boquete para las finanzas públicas, motivado por la corrupción interna y, hay que decirlo, la inexperiencia en materia fiscal de algunos de los funcionarios.
Como sabemos, en el primer año de este gobierno correspondió a Margarita Ríos-Farjat hacerse cargo del SAT, antes de que fuera nombrada en 2020 ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en sustitución de la doctora acaba de entrar la exoficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, mujer de todas las confianzas del jefe del Ejecutivo.
Será entonces Buenrostro la que tenga lidiar y exterminar a esa poderosa red de corrupción que ha logrado construir al interior del SAT una doble contabilidad, como en sus tiempos lo hizo el famoso capo italiano Alphonse Capone.
En ese órgano de recaudación de impuestos el reto para 2020 es evitar esa doble contabilidad que llevan mediante las “cuentas de orden”, las cuales son utilizadas para comprobar que sí revisan las operaciones de evasión, pero cuando nadie se da cuenta son borradas para cancelar y desaparecer los créditos fiscales de los grandes contribuyentes.
Ante la urgencia de identificar a los responsables, tanto servidores públicos del gobierno anterior como personas morales y físicas beneficiadas, el presidente de la República encargó hace unos días a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, responsabilizarse de la investigación y descubrir el modus operandi de esta red de funcionarios corruptos que hay en todo el país, bajo la presunción de que reciben cuantiosos sobornos de grandes contribuyentes para borrar de las “cuentas de orden” a sus empresas y cancelar así los créditos fiscales, con lo cual quedan impunes unos y otros, funcionarios y empresarios.
Con esa instrucción presidencial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) trabaja en coordinación con el SAT, cuya jefa es la maestra Raquel Buenrostro, para auditar y revisar miles de expedientes de los grandes evasores fiscales y los funcionarios que autorizaron dichas cancelaciones de créditos.
En la estructura de la SFP, corresponde a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, cuyo titular es Omar González Vera, revisar los últimos cinco ejercicios fiscales de ingresos (2015 a 2019) recaudados por el SAT para auditarlos y determinar los procedimientos internos utilizados para la cancelación de decenas de miles de créditos y, al mismo tiempo, pueda llevarlos a identificar a los servidores públicos del actual gobierno y del anterior que estuvieran relacionados con sobornos y extorsiones multimillonarias en la operación de recaudación.
El gobierno del presidente López Obrador está dispuesto a utilizar todos los recursos del Estado para impedir que, mediante actos de corrupción, se sigan cancelando créditos fiscales multimillonarios a personas físicas y morales en todo el país, además de que según lo que arrojen las auditorías e investigaciones hay órdenes de presentar las denuncias penales respectivas ante Fiscalía General de la República y la Procuradurías Fiscal de la Federación.
La razón de auditar los créditos fiscales cancelados de los últimos cinco años, es porque en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación se señala que éstos se extinguen por prescripción después de ese periodo, aunque se precisa que “dicho término se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el conocimiento expreso o tácito de este respecto de la extinción de crédito”.
Por lo pronto, la máxima urgencia del la SFP y del SAT es frenar esa cancelación de créditos (evasión) por cientos de miles de millones de pesos durante la administración actual, pues “no somos iguales que los anteriores gobiernos”, según ha sostenido el propio presidente de la República.
El malestar mayor en Palacio Nacional es que en el primer año de López Obrador la maquinaria de corrupción fiscal siguió en funcionamiento en todas las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, las cuales mostraron “resultados atípicos” (evasión) del ejercicio fiscal 2019 por cerca de 400 mil millones de pesos, dinero que serviría en este momento para ampliar los programas sociales.
Desglose de cifras
En columnas anteriores escribimos que, de acuerdo con documentos internos del SAT, el importe total de la evasión fiscal en el último año de gobierno de Peña Nieto ascendió a 730 mil 122 millones 69 mil 158 pesos, cifra difícil de leer y más aún de entender si consideramos que aquel gobierno priísta dejó de cobrar esos impuestos, muchos de los cuales por razones de actos de corrupción, complicidad y sobornos.
La cuenta de orden utilizada en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, según información interna del SAT, fue la número 794110201, con la clave de cómputo 860015, y el abono a la cuenta 794210201 y clave de cómputo 960020.
Esos 730 mil millones de pesos no recuperados fueron “cancelados” por motivos diferentes al pago, situación que por lo menos debería despertar curiosidad a la nueva titular del SAT, porque puede ser motivo de actos graves de corrupción gubernamental durante la administración anterior, sobre todo de aquellos que ocuparon la responsabilidad hacendaria y fiscal en el sexenio pasado: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
En la información fiscal se explica que los cuatro estados de la República que tuvieron un mayor movimiento con los créditos fiscales “cancelados” fueron la Ciudad de México, con una cifra por 213 mil 229 millones 20 mil pesos. Es decir que, cuando el jefe de gobierno de la capital del país era el perredista Miguel Ángel Mancera y la titularidad de la Secretaría de Hacienda la ocupaba González Anaya, la capital concentró casi el 30 por ciento del total de créditos fiscales no recuperados.
El segundo lugar lo ocupa Jalisco, con créditos en cuentas de orden no recuperados por 89 mil 495 millones 703 mil 465 pesos, que representó el 12.2 por ciento; el tercer lugar de evasores es para Nuevo León, con 61 mil 814 millones 987 mil 29 pesos, que significó el 8.5 por ciento; y el cuarto sitio aparece Tabasco, con 20 mil 881 millones 676 mil 111 pesos, que corresponde al 2.8 por ciento.
De acuerdo con expertos en la materia, otro de los motivos de probable corrupción es la cancelación de créditos fiscales por “insolvencia”, a la cuenta de cargo 79461 y cuya clave es la 860077.
Sólo el abono a la cuenta 79451, clave 960078, contiene un registro de 282 mil 894 millones 744 mil 310 pesos, y lo que llama la atención es que la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) que la aplicó fue únicamente Michoacán.
Otro registro que los especialistas advierten poner atención es el de las formas de pago 950084: “condonaciones de multas y recargos”, aplicada únicamente por Coahuila, en donde el gobernador es Miguel Ángel Riquelme.
De acuerdo con las cifras, datos e indicadores atípicos por contradecir la naturaleza de la evaluación del desempeño de este tipo de operaciones, se debe considerar indispensable llevar a cabo la revisión documental y justificadora del soporte comprobatorio de las mismas, porque indudablemente se tuvo que emplear “fundamentación oficial” para su registro, por lo tanto, podrían recuperarse algunos cientos de miles de millones de pesos condonados.
Los expertos fiscalistas señalan que esa misma situación se observa en operaciones modificatorias en la contabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio pasado, respecto a los ingresos sujetos al pago del IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios), en donde el objetivo sería determinar la procedencia de la evaluación de los resultados, a fin de establecer si hubo recursos públicos desviados correspondientes a 2018.
En el seguimiento a los créditos fiscales por estados de la República, una contradicción aparece en el registro de Quintana Roo, con la clave 950245, “condonaciones de créditos fiscales y sus accesorios”, por un importe de 3.9 millones sólo en el mes de febrero; mientras que con la clave 950150, “condonación de multas”, llama la atención que algunos de los pagos no corresponden a dichas multas, como señala el concepto, pues en abril hay un importe de 64.3 millones de pesos que no son multas como se asegura.
Dentro del rubro de reducción de multas y condonaciones aparecen enlistados algunos contribuyentes muy beneficiados: por ejemplo, durante el ejercicio fiscal de 2018, un contribuyente tuvo una condonación parcial en un solo día, 8 de agosto, por 3 mil 741 millones 589 mil 242 pesos, en 14 movimientos realizados.
De ese expediente plenamente identificado con su RFC, dicen los analistas, debería revisarse dicho adeudo y además verificar la procedencia del soporte documental, porque en esta decisión de reducción y condonación de impuestos se afectó la Ley de Ingresos como son ISR y Accesorios.
Así como ese contribuyente evasor hay muchos otros plenamente identificados, que deben ser revisados por Raquel Buenrostro, quien es una de las funcionarias más comprometidas con las nuevas políticas de austeridad y de cero corrupción en el gobierno.
Otro dato relevante que se descubre en los archivos del SAT aparece con la clave (forma de pago) 950161, “condonación parcial de créditos fiscales”, cuyos registros se reportaron en la Ciudad de México en los meses de julio y agosto de 2018, apenas 3 meses antes de concluir el gobierno de Peña Nieto, por un monto de 5 mil 731 millones 316 mil 298 pesos.
En otra forma de pago (9500246) se observan muchas reducciones echas por la ADR a un solo contribuyente. Como se sabe, las formas de pago permitir distinguir si realmente se realizó, que correspondería al efectivo y para lo cual se utilizas la claves 920048, 900000 y 920051.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
