Combatir la corrupción en todo el gobierno federal es una orden salida de Palacio Nacional y se ha insistido en ella desde el 1 de diciembre de 2018, pero, como era de esperarse, está costando mucho trabajo cumplir ese esfuerzo en diferentes áreas de la administración pública, debido a las pesadas estructuras creadas desde hace muchos años para desviar recursos públicos.
En este esfuerzo histórico de limpiar de corrupción a los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), encabezado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hay fuertes resistencias, como ha sido evidente en los últimos días en el sector salud, en donde directores generales y administradores de instituciones médicas, coludidos con laboratorios, farmacéuticas e intermediarios, han saqueado dinero público destinado a la salud de millones de mexicanos.
Otra área sensible en donde desde hace varios sexenios hay mafias enquistadas de burócratas dedicadas a sobornar, chantajear y sustraer recursos, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y responsable de la recaudación de impuestos, ahora dirigido por la nueva jefa Raquel Buenrostro Sánchez, mujer de todas las confianzas del presidente y exoficial mayor de Hacienda, quien ha empezado una limpia de viejos funcionarios y de algunos otros que fueron contratados por su antecesora Margarita Ríos-Farjat, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues resulta que en esa sensible área del gobierno federal y de la cual López Obrador se ha pronunciado en repetidas ocasiones por su porosidad para que grandes contribuyentes evadan el pago de impuestos por miles de millones de pesos, y a otros el SAT les ha devuelto cuantiosas cantidades de dinero que nunca pagaron, se ha descubierto un modus operandi para desfalcar a la institución mediante el uso de cuentas de orden (una especie de doble contabilidad que lleva la institución al más puro estilo del famoso mafioso Al’ Capone), en donde algunos funcionarios se han dado a la tarea de cancelarlas para borrar las huellas de la corrupción.
Los expertos en la materia nos explican que mientras en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2018) hubo cancelación de créditos fiscales por un escandaloso monto de 730 mil 122 millones 69 mil 58 pesos, en el primer año de López Obrador, es decir 2019, la cifra de bajas por el traspaso de créditos fiscales a “cuentas de orden” por insolvencia del deudor ascendió en todo el país a 947 mil 65 millones de pesos; es decir, las bajas por motivos diferentes al pago de impuestos se incrementó el año pasado en 30 por ciento con relación a 2018.
De acuerdo con la información obtenida por la Administración Desconcentrada de Recaudación, empleados del SAT han iniciado la cancelación de registros en “cuentas de orden” correspondiente a 2019 (1 de diciembre de 2018 a noviembre de 2019), a fin de que la nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro, no descubra el enorme desfalco al fisco que anualmente se ejecuta y del cual son beneficiados compañías, empresarios y algunos empleados que reciben sobornos a cambio de desaparecer dichos registros.
Algunos de los estados de la República con las cantidades de mayor importe cancelado fueron la Ciudad de México, con 56 mil 121 millones 853 mil 656 pesos; Jalisco, con 40 mil 465 millones 938 mil 105 pesos; Veracruz con 10 mil 387 millones 761 mil 951 pesos.
En toda esta información contable correspondiente al registro de operaciones que resultan atípicas por la alteración de la naturaleza que debe de observar el registro de operaciones de acuerdo con la Ley de Ingresos, está la relación de contribuyentes que se les hizo reducción en las multas por importes mayores a 900 mil pesos (clave 950246 reducción de multas por contribuyente), sin descontar que a algunos de ellos les redujeron varias multas, y cuya cifra alcanzó los 4 mil 850 millones 495 mil 129 pesos.
En el listado de contribuyentes que les efectuaron reducciones millonarias en créditos fiscales en la Ciudad de México 2, se condonaron 5 mil 731 millones 316 mil 289 pesos sólo a dos contribuyentes.
La condonación de multas en la que se observa que lo registrado no corresponde a impuestos como renta, IVA u honorarios, se condonaron impuestos por 2 mil 115 millones 412 mil 440 pesos, por lo que debieron aplicarse multas.
Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo se condonó el 28 de febrero de 2018, último año del gobierno de Peña, a un solo contribuyente 72 operaciones. Otro registro que llama la atención a los especialistas es en el estado de Coahuila, única entidad que utilizó la cuenta 950084, “Condonación de Multas y Recargos”, en el ejercicio fiscal 2018, por 19.9 millones.
Según los expertos fiscalistas y auditores, en el registro de control de cuentas de orden hay montos muy importantes que se dieron de baja por “Cancelación de Créditos Fiscales por Insolvencia” (860015), y otros fueron cancelados por motivos diferentes al pago, clave 960020. Aquí los expertos fiscalistas y auditores advierten que es indispensable revisar la documentación comprobatoria que justifique la no recuperación de 730 mil 122.1 millones de pesos en el ejercicio de 2018, porque puede ser motivo de actos graves de corrupción y se está a tiempo de que el gobierno de López Obrador recupere parte de ese dinero evadido.
De esa cifra escandalosa correspondió a la Ciudad de México, 213 mil 229 millones de pesos; a Nuevo León, 61 mil 814.9 millones; a Jalisco, 89 mil 495.7 millones, y a Tabasco, con 20 mil 881.6 millones.
Otra relación de contribuyentes por condonación de créditos en las cuentas 950150 y 950245, ascendió a 1 mil 84.9 millones de pesos.
En la relación de los contribuyentes en las cuentas de orden 950150, “Condonación de Multas”, y la cuenta 950161, “Condonación Parcial”, asciende a un total de 10 mil 71.6 millones de pesos. En estas cuentas hay situaciones atípicas por las cantidades millonarias no cobradas, pues varias cancelaciones corresponden a un solo contribuyente y se realizaron en un solo día, por lo que es urgente revisar la comprobación y justificación que guardan los expedientes.
Otra cifra considerable de evasión corresponde a la cancelación de créditos por insolvencia en Michoacán, al alcanzar la cifra de 12 mil 684.3 millones de pesos.
También está la relación de contribuyentes que efectuaron pagos de impuestos en el extranjero, al otorgarles el “acreditamiento de otros estímulos” por 37 mil 162 millones 208 mil 350 pesos. Aquí también es relevante revisar los expedientes de cada causante para verificar la autenticidad de la documentación justificativa y comprobatoria, pues en muchos casos esto ha sido inventado por los causantes mayores para obtener beneficios y evadir el fisco en México.
El presidente López Obrador incentivó la modificación de leyes y reglamentos para cancelar los perdones fiscales, como se hacía impunemente en el pasado con los gobiernos priistas y panistas, pero al interior del SAT aún hay fuertes resistencias de funcionarios intermedios para seguir con ese jugoso negocio de la elusión y evasión fiscal.
Miguel Badillo
[OFICIO DE PAPEL]
