Hasta 2018, los gobiernos (priístas y panistas) utilizaban a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como un instrumento para perseguir opositores o críticos y para premiar complicidades con familiares o amigos mediante los “perdones” fiscales.
Por ello en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron exorbitantes créditos en “cuentas de orden” que no fueron recuperados por Hacienda. Documentos internos del SAT revelan que el importe total de esa evasión fiscal ascendió a 730 mil 122 millones 69 mil 158 pesos, cifra difícil de leer y más aún de entender si consideramos que aquel gobierno priísta dejó de cobrar esos impuestos, muchos de los cuales por razones de actos de corrupción, complicidad y sobornos.
Ahora corresponde a la administración de Andrés Manuel López Obrador corregir esas fallas y, sobre todo, buscar recuperar esos recursos públicos que tanto necesita el país, para invertirlos en los programas sociales que servirán para disminuir la terrible pobreza y desigualdad que agobian a 80 millones de mexicanos.
La cuenta de orden utilizada en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, según información interna del SAT, fue la número 794110201, con la clave de cómputo 860015, y el abono a la cuenta 794210201 y clave de cómputo 960020.
Esos 730 mil millones de pesos no recuperados fueron “cancelados” por motivos diferentes al pago, situación que por lo menos debería despertar curiosidad a la nueva titular del SAT, Raquel Buenrostro, porque puede ser motivo de actos graves de corrupción gubernamental durante la administración anterior, sobre todo de aquellos que ocuparon la responsabilidad hacendaria y fiscal en el sexenio pasado: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
En la información fiscal se explica que los cuatro estados de la República que tuvieron un mayor movimiento con los créditos fiscales “cancelados” fueron la Ciudad de México, con una cifra por 213 mil 229 millones 20 mil pesos. Es decir que, cuando el jefe de gobierno de la capital del país era Miguel Ángel Mancera y la titularidad de la Secretaría de Hacienda la ocupaba González Anaya, la capital concentró casi el 30 por ciento del total de créditos fiscales no recuperados.
El segundo lugar lo ocupa Jalisco, con créditos en cuentas de orden no recuperados por 89 mil 495 millones 703 mil 465 pesos, que representó el 12.2 por ciento; el tercer lugar de evasores es para Nuevo León, con 61 mil 814 millones 987 mil 29 pesos, que significó el 8.5 por ciento; y el cuarto sitio aparece Tabasco, con 20 mil 881 millones 676 mil 111 pesos, que corresponde al 2.8 por ciento.
De acuerdo con expertos en la materia, otro de los motivos de probable corrupción es la cancelación de créditos fiscales por “insolvencia”, a la cuenta de cargo 79461 y cuya clave es la 860077.
Sólo el abono a la cuenta 79451, clave 960078, contiene un registro de 282 mil 894 millones 744 mil 310 pesos, y lo que llama la atención es que la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) que la aplicó fue únicamente Michoacán.
Otro registro que los especialistas advierten poner atención es el de las formas de pago 950084: “condonaciones de multas y recargos”, aplicada únicamente por Coahuila, en donde el gobernador es Miguel Ángel Riquelme.
De acuerdo con las cifras, datos e indicadores atípicos por contradecir la naturaleza de la evaluación del desempeño de este tipo de operaciones, se debe considerar indispensable llevar a cabo la revisión documental y justificadora del soporte comprobatorio de las mismas, porque indudablemente se tuvo que emplear “fundamentación oficial” para su registro, por lo tanto, podrían recuperarse algunos cientos de miles de millones de pesos condonados.
Los expertos fiscalistas señalan que esa misma situación se observa en operaciones modificatorias en la contabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio pasado, respecto a los ingresos sujetos al pago del IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios), en donde el objetivo sería determinar la procedencia de la evaluación de los resultados, a fin de establecer si hubo recursos públicos desviados correspondientes a 2018. Pero de Pemex nos ocuparemos en otra columna.
En el seguimiento a los créditos fiscales por estados de la República, una contradicción aparece en el registro de Quintana Roo, con la clave 950245, “condonaciones de créditos fiscales y sus accesorios”, por un importe de 3.9 millones sólo en el mes de febrero; mientras que con la clave 950150, “condonación de multas”, llama la atención que algunos de los pagos no corresponden a dichas multas, como señala el concepto, pues en abril hay un importe de 64.3 millones de pesos que no son multas como se asegura.
Dentro del rubro de reducción de multas y condonaciones aparecen enlistados algunos contribuyentes muy beneficiados: por ejemplo, durante el ejercicio fiscal de 2018, un contribuyente tuvo una condonación parcial en un solo día, 8 de agosto, por 3 mil 741 millones 589 mil 242 pesos, en 14 movimientos realizados.
De ese expediente plenamente identificado con su RFC, dicen los analistas, debería revisarse dicho adeudo y además verificar la procedencia del soporte documental, porque en esta decisión de reducción y condonación de impuestos se afectó la Ley de Ingresos como son ISR y Accesorios.
Así como ese contribuyente evasor hay muchos otros plenamente identificados, que deben ser revisados por la nueva presidenta del SAT, quien es una de las funcionarias más comprometidas con las nuevas políticas de austeridad y cero corrupción del presidente de la República.
Otro dato relevante que se descubre en los archivos del SAT aparece con la clave (forma de pago) 950161, “condonación parcial de créditos fiscales”, cuyos registros se reportaron en la Ciudad de México en los meses de julio y agosto del año pasado, a 3 meses de concluir el gobierno de Peña Nieto, por un monto de 5 mil 731 millones 316 mil 298 pesos.
En otra forma de pago (9500246) se observan muchas reducciones echas por la ADR a un solo contribuyente. Como se sabe, las formas de pago permitir distinguir si realmente se realizó, que correspondería al efectivo y para lo cual se utilizas la claves 920048, 900000 y 920051.
Puntos suspensivos… Todo apunta a que por fin conoceremos las trapacerías de quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia y la fortuna que acumuló al ofrecer la justicia al mejor postor y otros negocios ilícitos que hizo con el presupuesto asignado a dicho órgano judicial. Se trata del doctor Édgar Elías Azar, también exembajador de México en Países Bajos, y quien ahora es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera que conduce el doctor Santiago Nieto. Seguramente empezarán a aparecer informaciones sobre los juicios vendidos, víctimas sobornadas, inocentes encarcelados, funcionarios amenazados y empresarios compradores de impunidad. Uno de esos casos de corrupción judicial en donde estuvo involucrado Elías Azar y la empresa Yahoo lo comentaremos próximamente.
Miguel Badillo
[OFICIO DE PAPEL] [COLUMNA]
