En la Secretaría de la Función Pública (SFP) no saben qué hacer con Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien esta suspendido indefinidamente por segunda ocasión de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP), la empresa productiva más importante del conglomerado petrolero del Estado mexicano.

El tema de Lozada Aguilar es uno de los expedientes más importantes que reposan en el escritorio de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien tendrá que resolver la situación administratriva y legal del viejo funcionario petrolero acusado de participar en la “estafa maestra”, mediante la cual se triangularon y desviaron recursos públicos vía varias universidades.

En el expediente confidencial que guarda la SFP, se hizo una ampliación de observaciones en contra del director general de la subsidiaria petrolera, en donde se afirma que es responsable de haber firmado contratos para la prestación de servicios con universidades, los cuales fueron triangulados a empresas privadas, algunas de ellas “fantasmas”.

De confirmarse ese dictamen, Lozada Aguilar estaría ante un panorama que parece casi imposible que pudiera regresar al cargo del cual se encuentra suspendido.

Pero el problema llamado “Lozada Aguilar” no sólo es un asunto de pugnas y confrontaciones en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que en este caso concreto enfrenta a dos funcionarios de confianza del presidente de la República, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; sino que mantiene paralizada –y esto es lo más grave– la toma de decisiones sobre la producción petrolera, pues es precisamente la Dirección General de PEP la encargada de explorar y explotar los yacimientos petroleros.

Por un lado, la secretaria Nahle, de conocida honestidad, sostiene que Lozada no puede continuar en el cargo después de haber participado en la traingulación ilícita de recursos públicos, y hasta ahora ha hecho valer su autoridad como secretaria de Estado al obligar que el funcionario petrolero se mantenga separado del cargo hasta que la SFP resuelva en definitiva el caso.

Por la otra parte está uno de los hombres de mayor confianza y cercanía al presidente López Obrador, Octavio Romero –director general de Pemex–, quien insiste en reinstalar a Lozada Aguilar, bajo el argumento de que ya fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente del Congreso, y no se encontró nada en su contra, pues dicen que el director general de PEP no fue el responsable de triangular los contratos con empresas privadas, sino que fueron las universidades públicas las que cometieron esa irregularidad que expresamente estaba prohibida en los documentos que firmaron.

En medio de esa pugna, que mantiene paralizada PEP desde hace 3 meses, está la secretaria Irma Eréndira Sandoval, quien aunque hizo nuevas observaciones al expediente de Lozada, no se decide aún a cesarlo definitivamente e inhabilitarlo por lo ocurrido.

Ante tanta incertidumbre, debe ser el presidente de la República quien ponga orden en el sector petrolero y entre sus funcionarios, a fin de reactivar los planes productivos de la principal empresa del Estado. Y ya sea que Lozada se quede o se vaya, PEP debe avanzar.

Por fin desaparece la codiciada “partida secreta”

Hasta que llegó el partido Movimiento Regeneración Nacional al poder, con su líder moral y presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por fín ha desaparecido del presupuesto público la codiciada y temida “partida secreta”.

Se trata de un rubro presupuestal que con autorización del Congreso se nutría de fondos públicos, es decir con impuestos que pagamos todos los mexicanos, para el uso discrecional del presidente de la República.

En esta columna, desde hace varios sexenios, se le ha dado seguimiento a esa erogación tan ambicionada por funcionarios priístas y panistas. Sin lugar a dudas, la etapa de mayor despilfarro con la llamada “partida secreta” fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el “villano favorito” y líder de la “mafia del poder” a la que se refiere constantemente el presidente López Obrador.

Después de su mayor auge en el salinismo, la “partida secreta” parecía desaparecer a finales del gobierno gris del priísta Ernesto Zedillo, como un intento presidencial de borrar las huellas de la corrupción priísta y aterrado de que fuera investigado por el desvío de dinero público.

Sin embargo, cuando el panista Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, una de sus primeras acciones de gobierno fue la de revivir ese oneroso gasto presupuestal, por lo que en aquellos años solicitó al Congreso aprobar ese rubro, y para evitar las protestas de los mexicanos, le cambió el nombre y la llamó Partida de Gastos Confidenciales, con lo que quiso engañar a la población.

En aquellos años foxistas su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, alegaba la urgencia de reactivar la “partida secreta” para el presidente, y su argumento era que “había elementos de seguridad nacional que en ocasiones exigían una acción pronta y confidencial”.

La “partida secreta” para los hermanos Salinas

Antes de que las autoridades de Suiza delegaran al gobierno mexicano la responsabilidad de las investigaciones sobre el origen del dinero asegurado en ese país helvético al hermano del expresidente, Raúl Salinas de Gortari, la entonces Procuraduría General de la República armó un expediente, el 028, a cargo de la entonces subprocuradora María de la Luz Lima Malvado, para indagar los registros bancarios manejados por el hermano del expresidente en el extranjero y su presunta vinculación con las cuentas bancarias manejadas desde Los Pinos mediante la “partida secreta” del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos.

En aquellos expedientes armados desde Suiza y entregados a México hay testimonios y evidencias de que parte del origen de los fondos provenían –además del tráfico de drogas, del blanqueo de capitales y del desvío de fondos públicos (peculado)– de la “partida secreta” que manejaba desde Los Pinos el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Como a esa “partida secreta” aprobada por el Congreso nunca se le asignó destino final para los fondos públicos que recibía, el entonces presidente Salinas de Gortari decidió que ese dinero público podría regalarlo a sus hermanos y amigos sin cometer delito alguno.

Una prueba del delito de peculado cometido con la “partida secreta” es un estado de cuenta en poder de esta columna y cuyo número 6300-0005 le asignó el Banco Mexicano Somex, a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos funcionarios de Los Pinos que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas era presidente de la República.

Miguel Badillo

[OFICIO DE PAPEL]