Serenidad señor presidente, usted primero que nadie debe cumplir la ley.
Desde Palacio Nacional se ha montado un linchamiento social y mediático en contra de servidores públicos o exfuncionarios que, sin ser previamente procesados ni juzgados como mandata la ley, son acusados de corrupción por el hombre más poderoso del país: el presidente de la República (85 por ciento de aceptación entre la población y su partido Morena controla el Congreso de la Unión).
En un acto públicamente autoritario, es sumamente preocupante y muy riesgoso que a la voz de un solo hombre se señale y acuse a quien se cree, con supuestas evidencias que nadie más conoce que él, ha cometido actos de corrupción desde su encargo público.
Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador alega y defiende su postura ante las críticas de que es su derecho de libertad de expresión y de opinión o que es su derecho de réplica, y advierte que señalará a todos aquellos que aunque no violen la ley hayan cometido actos inmorales desde una posición de poder público o privado.
Es precisamente que para evitar esos excesos del poder de un solo hombre, sin duda el más poderoso políticamente del país, que existe la Constitución y las leyes que de ella emanan a fin de contener los abusos que se presentan históricamente desde el poder político.
El presidente López Obrador debe saber que cuando señala públicamente a alguien de corrupción, lo hace dese la tribuna más alta que es la Presidencia de la República y no como cualquier ciudadano que tiene todo el derecho a opinar y a juzgar a los hombres que ostentan el poder político.
Desde el momento que el presidente acusa en los micrófonos abiertos de Palacio Nacional al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, ha motivado un linchamiento social y mediático de ese servidor público que todavía no ha sido juzgado por un tribunal.
El daño causado por ese abuso de poder no es solo en contra de García Alcocer, sino de toda su familia, esposa e hijos, a quienes pueden señalar en la calle o en la escuela de ser familiares de un “corrupto” acusado desde la Presidencia de la República.
Ese daño alcanza también a toda la sociedad, la cual es cierto que está urgida de justicia pero que primero debe exigir a la autoridad que cumpla con la ley para después poder aplicarla.
En su alocución del combate a la corrupción, López Obrador ha arrastrado a otros servidores públicos a infringir el debido proceso. Así vemos cómo las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Energía, Rocío Nahle, igual que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, han salido a la plaza pública a revelar datos y hechos sobre el caso de la CRE que deberían de estar en la secrecía. Este simple hecho podría derrumbar cualquier proceso penal en tribunales –si es que llega- en contra de García Alcocer.
Es urgente que otros servidores públicos que conozcan la ley informen a López Obrador que no debe acusar, procesar y sentenciar a nadie sólo por el hecho de ser presidente de la República, porque esa es competencia de otro Poder, el Judicial. Que hay tiempos y momentos de guardar silencio para no entorpecer la aplicación de la justicia y para que las autoridades competentes hagan su trabajo.
La secretaria de Gobernación, exministra Olga Sánchez Cordero, o el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, podrían explicar al presidente de la República porque no puede darse información sobre un expediente que está en proceso de integración en el Ministerio Público Federal, así como tampoco que desde la tribuna del Poder Ejecutivo se acuse públicamente a alguien sin haber sido sentenciado por un juez.
¿Dónde están los derechos humanos de García Alcocer? Quien tiene derecho a un proceso justo apegado a la ley. Porqué el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, no sale a defender los derechos de ese servidor público y le explica al presidente que es inocente mientras no se pruebe lo contrario.
¿Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Dónde está el ombudsman Luis Raúl González Pérez, quien debería ya de haber intervenido para frenar ese linchamiento social promovido desde Palacio Nacional. Podría la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar opinión al respecto.
El mismo consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, debería asesorar a su jefe el presidente de cómo se atenta contra el Estado de Derecho al vulnerar el principio de presunción de inocencia. Porque éste aplica para todos.
De haber elementos y pruebas que permitan suponer que García Alcocer haya violentado la ley, debe procederse legalmente y abrir los expedientes respectivos ante las instancias pertinentes, ya sea en la Fiscalía como en la Función Pública, para que sea un juez con base en pruebas el que determine si hay delito que perseguir y darle oportunidad al ahora “acusado presidencial” para defenderse como la justicia lo permite y lo exige.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
