Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (órgano de inteligencia al que le cambiaron el nombre a Agencia Nacional de Seguridad) revela que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) había sido infiltrada para emplear camiones privados propiedad del crimen organizado en el robo de productos petrolíferos.
El documento, elaborado por el extinto Cisen en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisa que en el gobierno priísta se utilizó el Convenio Marco firmado entre Pemex Refinación y la Canacar para que grupos criminales de El Golfo y Los Zetas metieran sus tractocamiones, como parte de dicho convenio, para robar combustible ante la anuencia y complicidad de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Dirección General de Pemex Refinación.
En la investigación de ese órgano de inteligencia se descubrió esta red de complicidad entre funcionarios petroleros, líderes sindicales del grupo de Carlos Romero Deschamps, empresarios y delincuentes que operaban una amplia red de vehículos, almacenes de depósito y una base comercial que les dejaba miles de millones de pesos de utilidades por el combustible robado.
En la amplia investigación de esta red delincuencial intervinieron también la Procuraduría General de la República (PGR), las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el expediente le fue entregado al entonces presidente de la República; sin embargo, el robo de combustible lejos de disminuir se incrementó hasta llevarnos a un punto de quiebre como el que ahora enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ello el gobierno federal debe verificar que todas las unidades de doble remolque que ofrece la Canacar como una medida emergente para abastecer de combustible a las gasolineras no pertenezcan a bandas criminales y sus propietarios sean realmente los dueños y no prestanombres.
Las 150 empresas que integran la Canacar ofrecen a Pemex sus 7 mil unidades para transportar petrolíferos (60 mil litros cada una) a las gasolineras de todo el país como una medida emergente, con lo cual se elevaría de 35 a 50 por ciento la transportación por autotanques.
De acuerdo con el reporte confidencial del Cisen, el robo de combustibles petrolíferos está clasificado como un asunto de seguridad nacional, pero los órganos de inteligencia del Estado fueron frenados para que continuara esta fuga de recursos públicos.
En el gobierno de Peña Nieto, el Cisen y la UIF descubrieron a los funcionarios, empresarios y transportistas que estaban involucrados directamente en el robo de combustibles refinados en ductos y plantas de Pemex, pero más allá de los reportes no ocurrió nada y los delincuentes de cuello blanco siguieron operando sin problemas.
Información de inteligencia revela cómo una red de la delincuencia organizada utilizó a la Canacar para introducir en el Convenio Marco firmado con Pemex desde diciembre de 2008, camiones para transportar combustibles sin que fueran descubiertos y, al mismo tiempo, robar productos petrolíferos, trasladarlos a grandes almacenes y después venderlos clandestinamente.
El documento entregado por el Cisen al entonces director general de Pemex señala que el grupo de delincuentes pertenecientes a los cárteles de Los Zetas y de El Golfo era liderado por Fabián Rodríguez Moreno; y precisa que dirigentes del sindicato petrolero habían participado para facilitar el acceso de tractocamiones de grupos delincuenciales para que la Canacar les otorgara los permisos correspondientes y no fueran detenidos por autoridad alguna.
Para simular que el gobierno anterior actuaba en el combate al robo de combustibles, la PGR les aseguró 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de combustible (diésel), los cuales contenían 16 mil litros de combustible aproximadamente, y 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros productos.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, el secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, fue quien solicitaba a funcionarios petroleros que los camiones de transporte de combustibles de Fabián Rodríguez fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales de Pemex y evitaban ser detenidos cuando trasladaran petrolíferos robados de la misma paraestatal.
Según las investigaciones oficiales en el gobierno peñista, el dirigente petrolero Héctor Sosa, segundo en la estructura del sindicato petrolero que dirige el investigado Romero Deschamps (quien se habría amparado en los últimos días, de acuerdo con una publicación del diario Reforma), es primo de uno de los jefes de esa banda delincuencial que fue capturado a finales de noviembre de 2012.
Entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal –por el rumbo de Azcapotzalco– el líder petrolero negó en la administración anterior cualquier parentesco con el líder mafioso capturado y aseguró que tampoco lo recomendó para que sus tractocamiones recibieran permisos oficiales de Pemex.
Según la información gubernamental, en la red de contrabando de combustibles hay funcionarios petroleros, empresarios, transportistas, exdirectivos de Pemex, trabajadores petroleros y cárteles de las drogas.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
