Con un expediente penal concluido por parte del Ministerio Público Federal, según lo anunciado por la propia Procuraduría General de la República, ahora le toca el turno a un juez federal determinar la responsabilidad del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya –así como de otros exfuncionarios de esa “empresa productiva del Estado”–, en los negocios de contratos de servicios y obras que otorgó a la brasileña Odebrecht, de cuyos directivos, unos presos y otros con acuerdos del tipo de “testigos protegidos”, han declarado ante la justicia de Brasil haber otorgado sobornos a integrantes del gobierno federal del gabinete de Enrique Peña Nieto.
Aunque la información se ha mantenido hermética por tratarse de un caso penal en proceso, las filtraciones, tanto en Brasil como en México, hacen sospechar que estamos ante uno de los muchos grandes casos de corrupción gubernamental, en donde prácticamente todas las empresas privadas que hacen negocios con Pemex son sometidas a un esquema de pago de comisiones para que les otorguen millonarios contratos, ante la complacencia de los órganos de control y vigilancia del gobierno y del Congreso.
En esa misma línea de encubrimiento e impunidad que ha marcado a los últimos gobiernos priístas y panistas, desde la administración de Carlos Salinas de Gortari hasta la de Peña Nieto, llama la atención un fallo del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), el cual determinó hace unos días la imposibilidad de que los mexicanos conozcamos datos de operación de Pemex, bajo el argumento de que ya no es una empresa paraestatal, sino una “empresa productiva del Estado”, por lo que según los consejeros de ese Instituto ya no está sujeta al derecho público y en consecuencia tampoco está obligada a proporcionar información sobre su operación.
En una nota del reportero Rolando Herrera, publicada en el diario Reforma, se informa que el pleno del Inai determinó que en el gasto de 275 millones de dólares que hizo Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya para producir urea en su planta de Agro Nitrogenados “no se usó dinero público”.
Es decir, ahora resulta que los recursos de infraestructura y de inversión que tiene Pemex son “fondos privados” y no están sujetos al escrutinio público porque, según el propio Inai y la misma empresa petrolera, ya no es una empresa paraestatal.
Es evidente el encubrimiento y la corrupción que sigue derramando la industria petrolera que algún día nos dijeron era de todos los mexicanos, pero que con la entrada en vigor de la reforma energética Pemex cambió de estatus y ya no es una empresa del Estado, lo que le permite ejercer con discrecionalidad recursos que son obtenidos del petróleo y el gas que se obtiene del subsuelo mexicano.
De acuerdo con la nota informativa, la comisionada ponente de tal aberración jurídica es Ximena Puente, expresidenta del Inai, quien argumentó que como Pemex pasó de ser una paraestatal a una “empresa productiva del Estado”, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público, se determinó que no le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal, por lo cual determinó que son confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados y la población no puede conocerlos.
Vivimos momentos de incertidumbre por la grave descomposición social, en donde la corrupción y el abuso de poder han convertido al país en un campo fértil para la impunidad, mientras que en las calles y en sus casas los mexicanos se enfrentan a una extrema violencia, sin vislumbrar el camino que pueda mejorar las cosas por lo menos en las siguientes 2 décadas. Así que en nada ayuda que organismos creados con recursos del erario para asegurarnos transparencia y rendición de cuentas del ejercicio público se conviertan en tapaderas de la corrupción gubernamental.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
