Era el foro Mujeres vs la corrupción. La Barra Mexicana Colegio de Abogados fungía como anfitriona y la invitada de honor Arely Gómez, principal responsable en el país para combatir la corrupción gubernamental, tenía a su cargo el discurso principal. Todo iba bien hasta que tres abogadas integrantes de la Barra reprocharon a la secretaria de la Función Pública (SFP) su pasividad ante la complicidad y encubrimiento de actos de corrupción en contralorías internas de diversas dependencias federales, como por ejemplo en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante la exigencia de las litigantes se esperaba una respuesta contundente de la funcionaria, y sobre todo que explicara por qué no se destituye a los contralores internos que son negligentes y algunos hasta cómplices en el desvío de recursos públicos. Pero no fue así, según relatan algunas de las abogadas asistentes a dicho foro realizado a mediados de año en la Barra, Arely Gómez sólo respondió: “Ya vamos de salida, para qué los perjudicamos”.

Por eso se entiende que hace unos días la titular de la SFP afirmara ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, que la corrupción que hay en el país viene de décadas atrás, pero que ahora su percepción es más notoria por las redes sociales, que si bien ayudan mucho y son un detonante importante, “también en ocasiones desvirtúan un poco la realidad”. Por esas declaraciones la funcionaria recibió fuertes críticas en las mismas redes sociales.

Pero el problema de fondo es que esta secretaria de Estado –responsable de vigilar la actuación de los servidores públicos y sus bienes patrimoniales, a fin de impedir que sigan enriqueciéndose ilícitamente– es subalterna del presidente de la República, y es un contrasentido creer que puede actuar con rigor e independencia para perseguir a burócratas corruptos. Entonces lo que se necesitan son órganos autónomos que realmente puedan y estén capacitados para combatir la corrupción gubernamental, algo que por lo menos en este gobierno ya no ocurrió.

De qué se queja, señor presidente

Mientras desde las altas esferas del poder político en México se minimice la capacidad destructiva de la corrupción sobre el tejido social, la impunidad promovida desde la misma estructura de gobierno se fortalecerá y cada día que pase dificultará más su combate.

Por eso resulta preocupante que sea el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien se quejara hace algunas semanas de que ante la evidencia de grandes casos de corrupción gubernamental la sociedad reaccione y exija (con todo su derecho de libre expresión) que se investiguen los actos de corrupción.

En su reclamo, el primer mandatario dijo que “detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es la corrupción, aun cuando no necesariamente tenga que ver”. Sin embargo, en su mandato que está por terminar, 10 exgobernadores y un exdirector general de Pemex son acusados y procesados penalmente por hechos de corrupción.

Cuando la sociedad reacciona como lo ha hecho ante los innumerables casos de corrupción en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) es simplemente un reflejo de la realidad que se vive; por ello es de llamar la atención que a Peña Nieto lo que le preocupe sea la reacción popular, lo que se le conoce como juicio social (en donde se incluyen opiniones y editoriales de los medios de comunicación), cuando su preocupación debería centrarse en buscar esquemas que permita acabar o por lo menos reducir los elevados casos de corrupción gubernamental, que sólo vacían las arcas públicas y aumentan la pobreza nacional.

El gobierno federal debería agradecer las múltiples válvulas de escape que se han creado con las redes sociales y otros foros y que han impedido que los sectores más radicales de la población concreten un estallido social.

Así que los reclamos de millones de mexicanos que exigen justicia y cero impunidad al presidente Peña Nieto, además de legítimos son necesarios en un país cuya población se debate diariamente en la inseguridad, la violencia, la pobreza extrema, el abuso y la impunidad.

Si el presidente de la República se siente agobiado y bajo mucha presión por las demandas de justicia, debe empezar a dar respuestas antes de concluir su gobierno o de lo contrario la historia lo juzgará como ahora lo hace la sociedad en su conjunto.

Las acusaciones de corrupción es el derecho ciudadano a expresar lo que siente un país que necesita mejores gobernantes y demanda una verdadera democracia. De tal manera que los reclamos presidenciales al llegar a los 5 años de gobierno sólo son una expresión de la incapacidad con que se ha conducido al país.

El presidente perdió la confianza al procurador

Al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) todavía se habla de la renuncia de su titular Raúl Cervantes Andrade, de quien dicen el presidente de la República le retiró la confianza y dejó de apoyarlo en su interés de llegar a la Fiscalía General. A pesar de ello, Cervantes había considerado permanecer en el cargo, hasta que los terremotos que cimbraron al país dañaron los dos edificios sede de la PGR, por lo cual el procurador solicitó una partida especial para rentar nuevas oficinas en donde despachar, pero para su sorpresa la Secretaría de Hacienda le negó los recursos y fue entonces cuando el abogado de la nación entendió que nada podía hacer al frente de esa institución de procuración de justicia, porque había caído de la gracia de Los Pinos.

Puntos suspensivos… De los cuatro edificios de la PGR que resultaron dañados por los terremotos de septiembre, por lo menos en uno de ellos, el de Avenida Reforma 211, un capitán del Ejército se niega a que sus subalternos desalojen el inmueble a pesar de tener severos daños, debido a que se trata de los pisos 9, en donde está el área de seguridad institucional, y 18, que alberga el área de sistemas. El militar también les ha prohibido a los empleados de la PGR bajo su cargo que tomen fotografías de las cuarteaduras del edificio. Otro edifico dañado es el de Reforma 213, en donde se le prohibió al mismo helicóptero “Colibrí”, adscrito al titular de la PGR, que pudiera aterrizar porque el riesgo de que el inmueble se derrumbe es muy alto.