La familia apenas había enterrado el cuerpo del periodista veracruzano Cándido Ríos Vázquez cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, hacía declaraciones a la prensa de que el crimen del reportero nada tenía que ver con su actividad profesional porque, según él, los asesinos iban tras uno de los acompañantes que también resultó muerto.
Sin esperar a que avancen o concluyan las investigaciones correspondientes por dicho homicidio, el principal funcionario de la Secretaría de Gobernación que tiene bajo su responsabilidad el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, hacía declaraciones irresponsables, características de gobiernos autoritarios, para deslindar este crimen de la actividad periodística y evitar así mayores críticas contra el gobierno por la impunidad y la falta de garantías para el ejercicio de esa profesión.
Lo mismo ha dicho una y otra vez la Procuraduría General de la República para dejar de investigar los homicidios y agresiones contra colegas periodistas ante la falta de voluntad política del gobierno federal para defender la libertad de prensa y proteger a quienes la ejercen.
Por eso se explica que en sólo 4 años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto (enero de 2012 a junio de 2017), se hayan cometido 1 mil 517 agresiones en contra periodistas y medios de comunicación. Esta cifra de atentados, que se incrementó en los meses de julio y agosto, es el peor registro de la historia de agresiones en gobiernos priístas y panistas en contra la libertad de prensa.
Uno de los últimos atentados ocurrió el martes 22 de agosto, cuando el reportero Cándido Ríos Vázquez, fundador del periódico La Voz de Hueyapan y corresponsal del Diario de Acayucan, fue ultimado a balazos por un comando armado en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, en el sufrido estado de Veracruz, entidad que ha padecido a gobernadores ineptos, corruptos y cínicos, como el priísta Javier Duarte, actualmente preso y sujeto a proceso.
Sin embargo, el crimen de Cándido ocurre en la administración del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien en campaña prometía que durante su mandato no habría impunidad ni más agresiones contra periodistas y ya suman varios comunicadores muertos sin haber capturado a los agresores.
Aunque 2017 es el año más violento para la prensa en México, con 10 periodistas asesinados, la agravante mayor de esta última ejecución es que el reportero Ríos Vázquez estaba supuestamente protegido por el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, órgano oficial que una vez más demuestra su incapacidad y negligencia para dar seguridad a los periodistas que están bajo amenazas, pues la impunidad ante esos crímenes permite vía libre y envalentona a los autores intelectuales y a los sicarios para asesinar a comunicadores.
Aunque las formas de violencia contra periodistas son diversas: agresiones físicas, verbales, digitales, actos de estigmatización y criminalización, el asesinato encabeza el nivel de impunidad, pues prácticamente ningún crimen ha sido resuelto por las autoridades correspondientes, sean locales o federales.
De acuerdo con el informe Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano, presentado el pasado 26 de julio por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), se advierte que las medidas de protección no han logrado atender, ni integral ni proporcionalmente, los distintos impactos que generan las agresiones que sufren las personas defensoras y periodistas directamente, así como sus familiares o los colectivos a los que pertenecen.
Otra observación relevante que hace dicha organización, es el enfoque de género en los análisis de riesgo y en las medidas de protección que han hecho las autoridades sobre mujeres defensoras y periodistas, pues el discutido Mecanismo no hace referencia a ellas, ya sea por descuido o ignorancia.
El informe, que es el tercer diagnóstico de la política para proteger a defensores y periodistas, observa que esas medidas no atienden “la situación específica de violencia, desigualdad y discriminación que viven las mujeres, o las obligaciones que muchas de ellas tienen en cuanto al cuidado de sus familiares y a los posibles impactos de las agresiones”.
Otro problema que plantea dicho documento es la falta de coordinación entre el Mecanismo y las entidades federativas. “Tampoco se cuenta con una efectiva coordinación para ofrecer respaldo político del más alto nivel al Mecanismo de Protección, a las personas defensoras y periodistas, así como a la labor que desarrollan. Esta falta de coordinación no sólo dificulta generar cambios de fondo en la actuación del Mecanismo de Protección, sino que incluso impide que medidas sobre casos concretos resulten efectivas”.
Sin mencionar directamente la falta de voluntad política por parte del gobierno federal para atender el problema de agresiones y asegurar el derecho a informar, el documento explica que el Estado mexicano tampoco ha generado medidas para favorecer un ambiente propicio y adecuado para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México.
“El retroceso de la política exterior mexicana en materia de derechos humanos, la negación del Gobierno de México por reconocer la crisis de derechos humanos e impunidad en el país, la falta de una política de carácter preventivo, así como la ausencia de medidas que permitan atacar las fuentes y causas de la violencia que enfrentan específicamente las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hacen del Mecanismo de Protección una política paliativa, insostenible e ineficaz para hacer frente a la escalada de violencia que enfrentan quienes ejercen sus derechos a la defensa de derechos humanos y a la libertad de expresión.”
Para el Espacio OSC, “la impunidad y falta de investigación adecuada en relación a las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen alimentando, e incluso exacerbando, la comisión de los mismos. La ausencia total de acciones del Mecanismo de Protección para garantizar la investigación penal de agresiones, reflejan que en México no existe una verdadera política que tenga por objetivo prevenir los riesgos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Con estos datos duros y los análisis de organizaciones independientes, se deja en claro que al gobierno de Peña Nieto lo que menos le importa es la libertad de prensa y el derecho a informar, quizás por desconocimiento de la importante labor del periodismo en una sociedad que se dice democrática; o tal vez por negligencia, que sería más grave, porque él –como muchos políticos– odian a la prensa por su trabajo crítico. De tal manera que en año y medio que resta a la actual administración, es previsible que la violencia en contra de periodistas continuará y la cifra de muertos aumentará.
Miguel Badillo
