Cualquier país que aspire a vivir en democracia no puede permitir la corrupción gubernamental y el abuso de poder que, como ocurre en México, se practica en los tres órdenes del poder político, pues de lo contrario la justicia es una simple simulación. De esa impunidad se benefician políticos y empresarios cómplices, en donde ambos se enriquecen ilícitamente a costa del erario.
Los niveles de corrupción son alarmantes, y aunque su efecto es dañino en todos los niveles de gobierno, es distinto según quien la practique. Por ejemplo, la corrupción en el Poder Ejecutivo, incluidos presidente, secretarios de Estado, directores de paraestatales y órganos descentralizados, gobernadores y alcaldes, afecta directamente al patrimonio nacional y el dinero de impuestos que pagan los mexicanos, porque se dispone de dinero público para beneficio personal y su desvío se traduce en menos obras y menos servicios públicos para la ciudadanía.
Otro caso es la corrupción en el Poder Legislativo, que incluye senadores, diputados federales y legisladores en congresos estatales, quienes al servicio del poder, y no de la población, aprueban leyes que benefician sólo a corporativos empresariales y en algunos otros casos autorizan normas y regulaciones que impiden combatir hechos de corrupción del mismo poder político, como es el caso de sancionar a un servidor público que utilice información interna para denunciar actos de corrupción. Por supuesto que en el caso del Congreso también se dan gastos excesivos y desvío de recursos, sin descontar cuantiosos salarios y gastos abusivos de representación.
Sin embargo, la corrupción más perversa y que goza de una total impunidad es la que practica el Poder Judicial, en donde jueces, magistrados y ministros reciben sobornos para torcer la ley, y al inclinar la “justicia” en favor de quien pague más, los corruptos togados juegan con la libertad, la vida y el patrimonio de las personas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería mostrar, por lo menos, un interés real en combatir esa corrupción que todos los días se practica en juzgados y tribunales a la vista pública de una indefensa población, emitiendo fallos ridículos y fuera de toda legalidad, sin que al Consejo de la Judicatura Federal y a su presidente Luis María Aguilar Morales, quien es el mismo presidente de la Corte (juez y parte), les importe la injusticia que se vive todos los días.
Cómo creer en una autoridad como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, cuando su presidente es el mismo titular de la Suprema Corte de Justicia. A partir de la creación de ese Consejo, en 1994, una de sus actividades más importantes es vigilar el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial, lo cual hasta ahora no hace a menos que sea un escándalo público en los medios de comunicación.
Eso es lo ocurrido en el caso del juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, quien corruptamente amparó a uno de los cuatro jóvenes conocidos como los Porkys –acusado de violar a una menor de edad–, y el CJF actuó hasta que en redes sociales y en medios públicos se hizo un verdadero escándalo por la impunidad de este “impartidor de justicia”, por lo cual fue suspendidos y se ordenó el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades.
Son miles de casos que diariamente se litigan en juzgados y tribunales de todo el país, y en muchos de ellos la corrupción es la materia prima que los mueve, dejando a la población indefensa por tanta impunidad, sin que el CJF haga algo para resolverlo o por lo menos muestre algún interés ante tanta injusticia.
Por eso es urgente que el Poder Judicial cuente con un verdadero órgano de vigilancia independiente de las autoridades de la Suprema Corte, para que mantenga una supervisión permanente sobre la actuación de todos los jueces, magistrados y ministros, en donde muchos están dispuestos a vender la justicia al mejor postor. Es urgente que los 11 honorables ministros hagan algo, porque la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial son más graves que en cualquier otro órgano de gobierno.
Algunos datos ridículos del “combate” a la corrupción que realiza el CJF demuestran cómo en 2016 sólo 65 jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial fueron sancionados por la Comisión de Disciplina del Consejo. Sólo 65 de los miles de corruptos que diario se mueven en los tribunales.
En su Informe anual 2016, esa institución explica que las reprimendas fueron impuestas a servidores públicos involucrados en asuntos del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.
Por infringir la ley, sólo tres servidores públicos recibieron la máxima sanción: que fue destitución de su cargo. De ellos, dos son hombres y una mujer. A éstos se les sumaron 11 funcionarios que fueron inhabilitados. Otra “sanción” aplicada por la Judicatura fue la suspensión temporal; en este caso, fueron 18 los servidores públicos sancionados.
Además, el ridículo Consejo de la Judicatura amonestó a 12 servidores públicos “en forma privada”. Otros 21 funcionarios fueron apercibidos, que nadie sabe para qué puede servir ese apercibimiento.
El mismo año pasado, este CJF sólo pudo fundamentar 77 casos de corrupción en el sistema judicial. Cifra que sólo mencionarla ofende a la inteligencia de cualquier persona que ha padecido el abuso e impunidad de jueces y magistrados que se enriquecen brutalmente con los sobornos que reciben.
En total, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Contraloría del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo sólo 124 procedimientos administrativos de responsabilidad contra jueces, magistrados y servidores públicos adscritos a ese Poder. Prácticamente es nula la supervisión y vigilancia, y esa es la razón de que la corrupción en ese órgano de gobierno este desbordante. De los 124 casos investigados, 29 se conocieron por quejas: tres fueron improcedentes; 12, infundados; nueve, fundados y resueltos por la Comisión de Disciplina; cinco, fundados y enviados al Pleno para su análisis y, en su caso, aprobación.
