En una acción desesperada por recaudar mayores ingresos, el gobierno federal anunció hace unos días un nuevo “perdón fiscal” para aquellos capitales no declarados que fueron sacados del país por los grandes empresarios y comerciantes para no pagar impuestos.

Fue el presidente Enrique Peña Nieto quien anunció el mes pasado haber firmado un decreto para “estimular” el regreso de capitales depositados en instituciones financieras de otros países, algunos de ellos conocidos como paraísos fiscales, porque precisamente no pagan impuestos más que algún porcentaje mínimo en comisiones cuando se trata de dinero lícito, pero cuando hablamos de recursos provenientes del crimen organizado, entonces esas comisiones suelen elevarse.

Pues ese nuevo “perdón fiscal” corresponde a cobrar únicamente el 8 por ciento de los capitales que regresen al país sólo aquellos que sean residentes en México –obviamente no podrán apegarse a este beneficio personas que no vivan en el país–, muy por debajo de las tasas actuales del 35 por ciento para las personas físicas y de 30 por ciento para las morales.

Es decir, de cada 100 pesos que regresen a México aquellas personas que evadieron impuestos al sacar su dinero del país y lo depositaron en instituciones extranjeras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo les cobrará 8 pesos y no los 30 o 35 pesos que ahora pagan los pequeños y medianos empresarios que inevitablemente decidieron mantener su dinero en México y cumplir con sus obligaciones fiscales. Una vez más, el gobierno premia el incumplimiento y la evasión fiscal.

Pero tal vez eso sea el menor de los problemas, porque mucho del dinero que hay fuera del país es sucio, lo que significa que es producto de alguna actividad ilícita, como por ejemplo el narcotráfico, que tan de moda está en México, fraudes financieros, desvíos de recursos públicos, trata de personas, secuestros y muchos crímenes más.

Entonces la pregunta a nuestras autoridades es si el dinero que se repatrie será muy bien investigado para evitar que provenga de alguna actividad ilícita, porque de lo contrario el gobierno estaría legalizando el dinero sucio y abriría el sistema financiero para lavar los recursos del crimen organizado que con tanta impunidad ya opera en nuestro país.

Por supuesto que los hombres del dinero estarán felices de poder traer sus miles de millones de dólares al país (calculan que podrían regresar unos 10 mil millones de dólares) y pagar al fisco mucho menos que los empresarios mexicanos que decidieron mantener sus recursos en México.

De por sí el problema del blanqueo de capitales en nuestro país es muy grave, porque los cárteles de la droga mexicanos que operan en Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica, principalmente, mueven miles de millones de dólares producto de la venta de estupefacientes y mucho de ese dinero se queda en México, aunque la mayor parte, como está comprobado, se lava en las instituciones financieras de Estados Unidos.

En el caso de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (órgano dependiente de la SHCP ha explicado que entre 2013 y 2016 se presentaron 312 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra instituciones financieras, tras documentar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 155 mil 664 millones de pesos.

Esas denuncias son por casos confirmados de blanqueo de capitales, derivados del análisis exhaustivo a los reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que generan los sujetos obligados por las leyes antilavado.

Queda claro que la participación del sector financiero con el crimen organizado no es una hipótesis, es una realidad. Recordemos el caso de HSBC, que blanqueó más de 500 millones de dólares al Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2010, según documentó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

Ahora con estas nuevas disposiciones fiscales, por supuesto que todas las instituciones financieras que operan en México, la mayoría extranjeras, estarán más que dispuestas a recibir los miles de millones de dólares que llegarán del extranjero, sin importar que sea dinero sucio, por eso los órganos de inteligencia, el fisco y la Procuraduría deberán estar muy pendientes de que esos recursos provengan de actividades lícitas.

Por primera vez, las autoridades mexicanas han admitido públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.

“Los siete bancos con mayor participación de mercado en el país, también conocidos como G-7 bancario, así como casas de bolsa, de cambio y entidades de la banca múltiple comercial son los sectores clasificados de más alto riesgo o más expuestos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con un documento elaborado por varias dependencias y coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, según reveló el reportero Fernando Gutiérrez, en El Economista, en una nota publicada a finales de 2016.

Se trata ni más ni menos que de BBVA Bancomer y Santander, de origen español; el estadunidense Citibanamex; el británico HSBC; el canadiense Scotiabank, y los mexicanos Banorte e Inbursa. Todas estas instituciones están muy agradecidas con el gobierno porque sin duda que recibirán parte de los recursos que serán repatriados por los evasores fiscales.

Puntos suspensivos… En medio de la crisis de violencia que vive el país, algo que ha pasado desapercibido es la buena relación que mantienen desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, algo que no ocurría en otros sexenios, cuando ambas dependencias se peleaban por el mayor presupuesto posible y por figurar públicamente una más que otra, pero ahora que las dos secretarías tienen la responsabilidad encomendada por el presidente de combatir al crimen organizado (un trabajo que no pidieron y que constitucionalmente le corresponde a los cuerpos policiales a caro del Ministerio Público Federal), resulta relevante que trabajen en conjunto, aunque es evidente que la mayor confianza presidencial la tienen los grupos especiales a cargo del almirante Vidal Francisco Soberón, a los cuales les han encomendado las principales capturas de los narcotraficantes más peligrosos que encabezan las listas del crimen organizado en México y en Estados Unidos. Pues ambas secretarías responsables de la seguridad nacional deben de estar muy alertas ante las amenazas que representa el presidente de Estados Unidos para la soberanía y la libertad de nuestra nación.