Para aquellos que creían que nadie le ganaba a gobernar con malas mañas a los priístas (siempre para beneficio económico), aparecieron los panistas al frente del gobierno federal durante 2 sexenios y con toda su moral y honestidad resultaron igual o más corruptos que los del partido oficial.
Un caso que ejemplifica lo anterior se remonta al gobierno de Vicente Fox y su secretario de Gobernación Santiago Creel, quienes transfirieron la regulación y el control de la industria de las carreras de caballos y de galgos a un grupo empresarial –vinculado con los juegos de apuestas– a partir de 2004. Para conseguir esa aberración legal abrogaron el decreto por el que se había creado la Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos, que estaba bajo el control de la Secretaría de Gobernación (contaba con cinco vocales) y era supervisada por la Dirección General de Juegos y Sorteros.
Pero no bastaba la desaparición de dicha Comisión para controlar el juego de apuestas de caballos, sino que había que arrancarle dichas facultades a la Secretaría de Gobernación, por lo cual su titular Santiago Creel emitió en 2004 el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mediante el cual crearon la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, y al frente de ella el panista nombró a su amigo Manuel Pacheco Hinojosa.
¿Por qué Gobernación abrogó cínicamente en 2004 el decreto que le obligaba a regular las carreras de caballos y galgos para mantener el control de las apuestas y sanciones que sólo al gobierno corresponde aplicar?
¿Por qué, contrario a la ley, Santiago Creel benefició a un grupo empresarial para que suplantara las funciones de Gobernación y le otorgó el control total de esos juegos de azar, sin importar que los beneficiados estuvieran relacionados con las mismas carreras de caballos, lo que los convertía en juez y parte en la regulación?
La respuesta se explica en el enorme flujo de dinero que generan las apuestas en esta industria de carreras de caballos y galgos, así como por el cobro de multas y sanciones que enriquece a quienes controlan dicha Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos, AC.
Como se sabe, la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas es el consorcio CIE, propiedad del exitoso empresario y cercano a Los Pinos Alejandro Soberón (organizador también y gran beneficiario de las carreras de automóviles Fórmula Uno), quien además construyó un lujoso edificio inteligente que alberga a su empresa en lo que antes era la tercera grada del Hipódromo, desde donde el público podía observar las carreras de caballos y cuyo espacio quedó ahora reducido a sólo dos gradas.
Ésa tal vez sea la razón por la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto ha permitido que sea una “comisión privada” la que controle, regule y sancione las apuestas de esa onerosa industria que la Secretaría de Gobernación abandonó, por conducto de su Dirección General de Juegos y Sorteos; pues aunque no fue su gobierno el que cambio la regulación en la materia, sí ha permitido que esto continúe y el secretario Miguel Ángel Osorio Chong nada hace para regresar a Gobernación el control y sobre todo la regulación de esta industria de azar como es las carreras de caballos y galgos.
Más extraño resulta que ante una serie de denuncias que ha presentado la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, AC (que mantiene una cuadra de 100 caballos pura sangre en el Hipódromo), en todas las instancias oficiales posibles –como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos– el director general de lo Contencioso, Gilberto Velázquez Sánchez, respondió mediante oficio número UGAJ/DGC/191/2016 que dicha “comisión privada” no tiene atribuciones de vigilancia y regulación de las carreras de caballos en el Hipódromo de las Américas.
Ese funcionario –que depende de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación– simula desconocer lo que en la práctica realiza esa asociación civil que sí sanciona, vigila y regula a su antojo y capricho las carreras de caballos y galgos en México; pues, en respuesta a la exigencia de algunas autoridades federales que piden una explicación del problema, dicho funcionario de Gobernación firmó un documento oficial en donde niega que ese grupo empresarial sea juez y parte en la operación y control de las carreras.
En un extenso oficio de 13 páginas y con fecha del 9 de junio de 2016, Velázquez Sánchez explica en uno de los párrafos:
“Cabe precisar que la entonces Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos mediante oficio DGAJS/SCEVF/0457/2005 del 25 de mayo de 2005, otorgó a la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, única y exclusivamente su registro como órgano Técnico de Consulta; sin embargo, dicho órgano no pertenece a la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación como se observa del contenido del artículo 2 del Reglamento Interior de la citada dependencia, y por tanto no existe una relación de supra a subordinación entre esta autoridad administrativa y la asociación civil registrada como Órgano Técnico de Consulta y mucho menos dicho registro le confiere atribuciones de vigilancia y regulación de los participantes de las carreras de caballos que se celebran en el Hipódromo de las Américas.”
Si como dice el director general de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación esa “comisión privada” no tiene atribuciones de vigilancia y regulación, por qué entonces aplica sanciones y cobra multas a empresarios que tienen sus cuadras de caballos en el Hipódromo de las Américas, o aún más, por qué hay un reglamento elaborado por esa “comisión privada” mediante el cual regula de manera ilegal todas las actividades de las apuestas en las carreras. Este tema da para mucho más y volveremos a él en próximas entregas.
Miguel Badillo
