Nada extraño para esta columna encontrar una historia de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias en el gobierno federal. Estos es cosa de todos los días, salvo que el problema que narraré se viene arrastrando desde agosto de 2002, cuando el presidente formal era el panista Vicente Fox, pero quien en realidad tenía el control total del gobierno era Francisco Gil Díaz, y durante los últimos 14 años estos abusos han pasado de un gobierno a otro sin que hasta la fecha la Secretaría de Hacienda ponga frenó a esas arbitrariedades y le de solución.
El caso involucra a una exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, abogada con estudios de Doctorado en Derecho, cuando en el segundo año del gobierno foxista se negó a violar la Constitución y la normatividad de la Secretaría de Hacienda para manipular el presupuesto público por instrucciones del entonces secretario Gil Díaz, al pedirle que transfiriera 750 mil millones de pesos del presupuesto de egresos a partidas diferentes a las autorizadas por el Congreso, lo que provocó su despido inmediato y a partir de ese momento ha sufrido todo tipo de vejaciones, lesiones, tortura psicológica, injusticias, discriminación, levantones, amenazas, infamias, persecución y agresiones a su familia.
Cortés García se había desempeñado por más de 20 años en el servicio público federal, en donde el último cargo que desempeñó fue de directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos, hasta que descubrió diversos hechos de corrupción e irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto público federal, y de inmediato presentó algo que está prohibido a los servidores públicos, una denuncia por corrupción y abuso de poder ante los órganos de control y vigilancia de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, lo que causó la furia del secretario Gil Díaz, quien ordenó su despido inmediato, y a partir de ese momento su integridad física quedó en riesgo y empezó a recibir amenazas telefónicas, persecuciones y agresiones físicas.
En una de las muchas denuncias que Lilia Cortés presentó también ante la Procuraduría General de la República y que fueron enviadas al archivo, acusa a la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, exdirectora general de la Programación y Presupuesto «A» (ya fallecida), quien por instrucciones de Gil Díaz manipuló el 75 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 1 de agosto de 2002 hasta principios de mayo de 2005, sin limitación alguna, lo que ocasionó un perjuicio al erario cercano a los 4 billones de pesos. Esto fue confirmado en las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública números AF97/2003 y AF98/2003.
En las acusaciones de Lilia Cortés se denuncian múltiples delitos federales cometidos por servidores públicos: «tráfico de influencias; usurpación de funciones; falsedad de declaraciones; abuso de autoridad; robo; desvío de recursos federales; corrupción; peculado; violación a la Constitución y leyes que de ella emanan en materia administrativa, presupuestal, laboral, transparencia en la función pública; violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; violación flagrante de las garantías individuales, derechos humanos, civiles, laborales y de género; acoso; hostigamiento; amenazas; violencia moral; promoción de conductas ilícitas; intimidación; uso indebido de recursos públicos; violencia psicológica; delincuencia organizada en el manejo de recursos federales y lo que resulte.”
Lilia Cortés explica que todo lo denunciado está sustentado en 27 averiguaciones previas en los archivos de la Procuraduría General de la República desde 2002 y para ella y su familia han sido 14 años de lucha por salvar su vida y buscar que se haga justicia y prevalezca el Estado de Derecho.
De todas sus afirmaciones Cortés García posee miles de pruebas acumuladas en todo ese tiempo y que pone a disposición de quien decida consultarlas; también ofrece, ante cualquier autoridad, someterse a la prueba del polígrafo, y pide que lo mismo hagan los funcionarios que se han opuesto a su reinstalación, para que se confirme quien miente en esta cruda historia de corrupción.
Señala directamente al actual procurador Fiscal de la Federación, Max Alberto Diener Sala, «quien en 2002 era mi vecino de oficina y fue testigo de los hechos de corrupción en la Subsecretaria de Egresos. Este fiscal tiene en su escritorio desde 2006 documentos de los cuales le marqué copia y hasta el momento ha actuado de manera cobarde e ilegal al no tomar cartas en el asunto y no resolver esta injusticia de la cual ha sido partícipe y se ha beneficiado por su silencio y complicidad».
El caso de Lilia Cortés García representa la voz de miles de servidores públicos que se han negado a corromperse y por ello fueron despedidos y los convirtieron en delincuentes para la Administración Pública o bien en víctimas de la injusticia. A Cortés no le dejaron otra opción y ha tenido que sobrevivir defendiéndose con valor y con la convicción de que nunca se puede dar uno por vencido ante la corrupción, la injusticia y la barbarie.
El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, debería revisar es caso de abuso en contra de Cortés García, que es la representación de la corrupción en su expresión más inhumana, cruel, atroz y desalmada que un servidor público ha padecido, y a quien se le vino encima todo el sistema corrupto que la misma administración solapa.
Este caso se ha convirtiendo en el parte aguas de la impartición de justicia administrativa, del debido proceso, del Estado de Derecho, de los programas de anticorrupción, de la defensa de los derechos humanos para los servidores públicos, de la equidad, de la imparcialidad y del combate a la violencia de quienes no se corrompen, dadas las características siu generis del caso, se puede asegurar que no habrá esperanza para los millones de servidores públicos de nuestro país, sea un barrendero o un titular de una Dependencia, si no se resuelve este caso con justicia, tiene
El expediente en cuestión integra ya 110 mil fojas, 27 averiguaciones previas debidamente documentadas, 22 autoridades federales del Poder Ejecutivo le han dado seguimiento sin resolver, 39 organizaciones de la sociedad civil la respaldan,18 comisiones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados han subido a tribuna el asunto desde su inicio y han emitido 18 puntos de acuerdo, pero han sido ignorados sin que alguien explique la razón.
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