Sin duda que la seguridad de las aeronaves oficiales que transportan a servidores públicos es tan importante como los mismos operativos en donde la policía combate a los cárteles de la droga, y más aún cuando se tienen antecedentes agravados desde el gobierno anterior del desplome de helicópteros y aviones en donde han muerto lo mismo secretarios de Estado que subprocuradores, jefes policIacos, personal de vuelo y elementos de tropa.
Por eso llama la atención que se haga caso omiso y se haya mandado al archivo para evitar “escándalos de la prensa”, una denuncia presentada desde principios de año por trabajadores del área de mantenimiento del hangar de helicópteros base central, en donde advierten del desarrollo de actividades anómalas que atentan contra la seguridad de los pilotos que operan las aeronaves, así como del personal en tierra y de los pasajeros, entre quienes se encuentran el propio comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el comisionado general de la Policía Federal, que hasta hace unos días era Enrique Galindo Ceballos, pero fue cesado del cargo y sustituido por Manelich Castilla Cravioto.
Días antes de que el presidente Enrique Peña Nieto instruyera al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, investigar y retirar del cargo al comisionado Galindo Ceballos por abuso policial en la agresión –que se convirtió en masacre, con civiles muertos y heridos– en contra de simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la comunidad de Nochixtlan, Oaxaca, un grupo de 10 trabajadores enviaron sendas cartas al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al comisionado nacional de Seguridad, al comisionado general de la Policía Federal y a la titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Policía Federal –Nayely Lizeth Maldonado Toral–, en donde dan cuenta de las irregularidades y del riesgo que corren quienes viajen en las aeronaves oficiales en malas condiciones.
En uno de los últimos oficios (OIC/PF/AQ/5801/2016) del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, Maldonado Toral dice a los denunciantes que esa dependencia resolvió emitir “acuerdo de archivo” por quedar definitivamente concluidas las investigaciones de los expedientes 2016/PF/QU65 y 21786/2016/DGDIPF/QU88, sin haber encontrado responsabilidad alguna.
En la denuncia enviada al presidente Enrique Peña Nieto y recibida en Los Pinos el 11 de mayo de 2016, los trabajadores de hangares aseguran que hay “hechos y anomalías que afectan y ponen en riesgo las operaciones de los helicópteros de la Policía Federal, la vida de nuestros funcionarios y de las tripulaciones mismas en el hangar de mantenimiento de helicópteros, del cual el C Policía Primero Mauricio Leal Díaz [sic] es director de Mantenimiento de Ala Rotativa con fecha 18 de febrero de 2016”.
Acusan a Leal Díaz de malos manejos y diversos delitos, al dar autorización a un civil de nombre Daniel Martínez de entrar a las instalaciones con uniforme oficial e insignia de la Policía Federal sin pertenecer a ella, como si se tratara de encubrirlo para que tuviera acceso a todas las instalaciones que son de seguridad nacional. Allí, el civil realizó “trabajos” en los helicópteros Black Hawk, por lo cual se cometió un delito federal, según la denuncia.
Ante ello, 10 trabajadores de hangares de la Policía Federal consideran que el Órgano Interno de Control incurrió en negligencia al cerrar los expedientes sin investigar las denuncias presentadas. Por ello enviaron un escrito al comisionando nacional de Seguridad, Renato Sales (usuario de dichos helicópteros que utiliza para transportarse a actos oficiales), en donde se quejan del policía primero Mauricio Leal Díaz de malos tratos e irregularidades en dichos hangares para la operación de las aeronaves.
En la misiva explican que esas anomalías en los trabajos de mantenimiento pudieron ser el motivo del accidente de la aeronave EC-120 Colibrí, Matrícula XC-DPF, ocurrido el 19 de febrero de este año en la sierra de Guerrero, en donde afortunadamente los tripulantes salieron ilesos.
Para evitar que se investigara dicho percance, el jefe policial Mauricio Leal instruyó al jefe de mantenimiento, comisario capitán Martín Garrido Nieto, que los trabajadores quejosos fueran removidos de sus áreas de trabajo del Hangar de Helicópteros, de la Coordinación de Operaciones Aéreas, y trasladados al Hangar número 1 a cargo del policía segundo Julio César García Campos.
Entre los oficios y documentos internos que han motivado esta queja y de las que esta columna tiene copia, hay un escrito enviado al Área de Quejas del OIC de la Policía Federal, en donde se refiere la vulnerabilidad de la seguridad en los hangares de esa corporación policial y del pésimo mantenimiento de las aeronaves que ponen en riesgo la vida de funcionarios, policía y trabajadores de tierra.
Hacen un recuento de todas las pruebas de dichas irregularidades y se pide que el caso se mantenga abierto por tratarse de un asunto de seguridad nacional, ya que son aeronaves oficiales que se utilizan en operativos policiales y para transportar a servidores públicos.
