Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.

Ese manejo de recursos públicos en países en donde la legislación es laxa y lo que menos les importa es saber si el origen del dinero es lícito, ha impedido a los órganos de control del gobierno mexicano (Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, instrumento de vigilancia al servicio del Congreso de la Unión) conocer a detalle el flujo y el buen uso de miles de millones de dólares del Estado mexicano que se dejan de auditar y en consecuencia de vigilar por parte de servidores públicos.

Por ello las revelaciones periodísticas dadas a conocer hace unos días sobre las fortunas de dinero privado, público o sucio guardado en paraísos fiscales a través de empresas offshore o de papel, en esta investigación elaborada a partir de filtraciones y hackers conocida mundialmente como los Papeles de Panamá –debido a que el bufete de abogados Mossack Fonseca, de donde salió toda esa información financiera, tiene su matriz en ese país centroamericano–, obligan al gobierno mexicano a revisar las operaciones financieras que durante años ha realizado PMI en paraísos fiscales sin rendir cuentas a los mexicanos.

Cuando los reporteros del diario alemán recibieron hace poco más de 1 año de fuentes anónimas los millones de documentos vía internet en poder del despacho panameño y que fueron compartidos a periodistas de varios países (en el caso de México a la revista Proceso y a la periodista Carmen Aristegui), el gobierno mexicano se enteró a los pocos meses y lo que parecía imposible decidió que Pemex y su filial PMI deberían abandonar las empresas de papel creadas en paraísos fiscales para el manejo de miles de millones de dólares ante el escándalo que se avecinaba, por lo que empezó a cerrar las empresas y mover esos recursos públicos hacia países que aseguraran las mismas ventajas fiscales, como es el caso de España, entre otros, que han flexibilizado sus impuestos para captar capitales extranjeros.

A finales del año pasado, la Presidencia de la República decidió la suerte del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no había podido quitar de su puesto al frente de la principal empresa del Estado, pero como ahora el nombre de ese funcionario aparecía en la lista de los Papeles de Panamá fue razón suficiente para sustituirlo al frente de Pemex y evitar así un escándalo más del gobierno mexicano.

Aunque Lozoya ha negado a través de comunicados tener alguna relación con empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, lo cierto es que el presidente Enrique Peña Nieto aceptó removerlo de la Dirección de Pemex para que el golpe en contra de su gobierno fuera menor en el momento en que la prensa diera a conocer la lista de los mexicanos involucrados en operaciones financieras fuera del país.

Desde el año pasado, en una de las reuniones del Consejo de Administración de Pemex, se decidió transformar a PMI Comercio Internacional de paraestatal a filial de Pemex. Este cambio permitió la extinción del Órgano Interno de Control y con ello la imposibilidad legal de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice al llamado brazo comercial de la petrolera mexicana y la volvió sujeto no obligado a la Ley de Transparencia, por lo cual tampoco desde hace 1 año no rinde cuentas por esa vía.

Una investigación de la reportera Nancy Flores –publicada hace 1 año en Contralínea– reveló cómo todas las ventas y compras de crudo y productos petrolíferos en el extranjero, que anualmente sumaron hasta 2015 más de 1.2 billones de pesos, fueron realizadas a través de 14 empresas privadas offshore constituidas en paraísos fiscales, sin importar que se tratara de dinero propiedad de Pemex.

En el último año y ante el escándalo que el gobierno ya veía venir, decidieron empezar a cerrar las empresas de papel constituidas por PMI en paraísos fiscales tales como Islas Caimán, Las Bahamas, Delaware, Irlanda, Suiza, Antillas Holandesas y Luxemburgo, a través de 14 empresas filiales no paraestatales del llamado Grupo PMI, que pese a ser ciento por ciento de su propiedad son consideradas privadas. El Grupo mantiene fuera del presupuesto público más de 150 mil millones de pesos en cuentas bancarias extranjeras, también “privadas”.

Esa falta de transparencia en el manejo de dinero público, aunque ahora el gobierno de Peña aseguré que se trata de dinero privado manejado por servidores públicos, se extiende a todas las ventas de hidrocarburos y las compras de productos petrolíferos en los mercados internacionales, que hasta antes de la caída de los precios del petróleo implicaban más de 1 billón 200 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, los asuntos que hasta el 1 de enero de 2015 se encontraban en trámite en esa dependencia y eran relativos a PMI, fueron transferidos para su atención a la propia petrolera, en específico a su Unidad de Responsabilidades.

El modo de operación de Pemex como ente privado no se limita al caso PMI. A lo largo de 25 años, Pemex ha constituido una red empresarial paralela a su estructura oficial, que no rinde cuentas de su actuación porque –a pesar de involucrar recursos públicos– se considera privada no paraestatal. Se trata de, al menos, 40 sociedades anónimas creadas tanto en México como en el extranjero, incluso en conocidos paraísos fiscales como las Islas Caimán, Holanda, Irlanda, Delaware y Suiza. De las 40 empresas privadas de Pemex, 11 fueron constituidas en la administración que encabezó hasta hace unas semanas Emilio Lozoya Austin.

Nueve de esas empresas son ciento por ciento propiedad de Pemex y dos están asociadas al 50 por ciento con Mexichem y Sempra Energy, respectivamente, según los más recientes reportes entregados por la petrolera mexicana a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tercer trimestre de 2014; a la estadunidense Securities and Exchange Commission, a diciembre de 2014; así como la página de PMI Comercio Internacional, y documentos del Registro Mercantil de Madrid, a los que Contralínea tuvo acceso.

La primera compañía offshore fue constituida en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió el poder y Pemex tuvo el aval de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la contraloría federal.

Miguel Badillo