Hace 24 años funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezados por Francisco Gil Díaz, inventaron un negocio redondo: una contraprestación privada que, sin calificarla como un impuesto, entra a las arcas de la dependencia federal al margen del presupuesto público.

En todo este tiempo, el dinero recaudado por la autoridad como derecho de trámite aduanero se ha reportado en fideicomisos privados y públicos a discreción de los funcionarios encargados; además, se ha gastado sin rendir cuentas a cabalidad, tal como lo hemos documentado en esta columna.

Ahora, nuevamente es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que ha descubierto irregularidades en su manejo, a través del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). Esta figura fiduciaria sustituyó en 2004 al antiguo y controvertido Aduanas I, que fuera acusado por la ASF de dañar al erario por al menos 30 mil millones de pesos.

Ahora, las observaciones del órgano fiscalizador fueron dirigidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), institución que se ha encargado de “recaudar” y gastar esos recursos “privados” para objetivos de carácter público, por lo que esta contraprestación sigue causando contradicciones al interior del gobierno federal, aunque la Suprema Corte haya avalado en su momento este mal manejo de recursos.

Según la página del SAT, el derecho de trámite aduanero es una de las seis contribuciones que pueden causarse con motivo de la actividad de importación. A diferencia de ese derecho, las otras cinco sí son impuestos y sí se reportan como ingresos fiscales (impuesto general de importación –arancel–, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto especial sobre producción y servicios y derecho de almacenaje).

En el caso de la contraprestación privada, ésta se cobra con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera.

Irregularidades en contratos

Los ingresos que se generan cada año por el derecho de trámite aduanero, y que no se enteran como ingresos fiscales a la Tesorería de la Federación, superan los 10 mil millones de pesos, lo que ha derivado en una bolsa multimillonaria que el SAT aún eroga a discreción.

De acuerdo con el más reciente informe de fiscalización –publicado en febrero pasado–, con recursos provenientes del FACLA, el SAT gestionó servicios en materia de tecnologías de información y comunicación por medio de 62 contratos durante 2014. El costo ascendió a 33 mil 528 millones 644 mil pesos en total.

Aunque la Auditoría Superior no fiscalizó los 62 contratos, en los que revisó destaca el caso del identificado con el folio CS-300-AD-N-P-FC-043/14, pues en éste se detectaron irregularidades como un sobrecosto de nada menos que 64 millones de pesos.

Sobre el contrato, la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-06E00-02-0093 revela que se celebró mediante el procedimiento de adjudicación directa. Su objeto fue prestar los servicios del Centro de Contacto Multiservicios III, con vigencia del 12 de abril de 2014 al 11 de octubre de 2015.

Para ello, la institución se comprometió a sufragar –con recursos extraídos del Fideicomiso– un monto máximo de 618 millones 238 mil 800 pesos, de los cuales se pagaron 193 millones 43 mil pesos durante 2014. De este contrato se beneficiaron cuatro centros de servicios (Apodaca, Tlalpan, Culiacán y Uxmal), así como los servicios de atención a contribuyentes vía chat, teléfono, redes sociales y capacitación.

Entre las anomalías detectadas por la ASF está la observación de que no existe evidencia de la participación de un testigo social en el proceso de contratación. Para el órgano fiscalizador, los servicios de este contrato contribuyen de manera significativa al objetivo de recaudación del SAT, por lo que tiene impacto significativo en los programas sustantivos.

Otra irregularidad fue que se identificó que en la investigación de mercado se incluye, entre varias cotizaciones, la de un proveedor que ofreció el menor costo: un importe máximo de 540 millones 41 mil 700 pesos, que representaron una diferencia de 83 millones 525 mil 800 pesos menos respecto a la cotización de 623 millones ofertada por el proveedor al que el SAT adjudicó de manera directa este contrato, que prestaba este servicio desde 2009.

Además, se identificó un incrementó entre el 25.5 y 203.4 por ciento en los precios o costos en siete de los 13 servicios incluidos en el contrato, en relación al que le antecedió que fue el Centro de Contacto Multiservicios II (CCM II), operado por el mismo proveedor en iguales condiciones, en contravención con el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El informe de la ASF detalla que por los siete servicios referidos, el SAT pagó 188 millones 223 mil pesos durante 2014 y de haber mantenido los mismos precios conforme lo establecido en la ley, el SAT hubiera pagado123 millones 699 mil 700 pesos, lo cual representa 64 millones 523 mil 300pesos más.

Por este caso, la Auditoría Superior emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control en el SAT, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no garantizaron que los incrementos del 25.5 al 203.4 por ciento que tuvieron los precios de los servicios del contrato CS-300-AD-N-P-FC-043/14 en relación al contrato que le antecedió no excedieran los parámetros y criterios establecidos en la ley, situación que representó que el SAT pagara 64 millones 523 mil 300 pesos más.

En este momento de aguda crisis económica para el país y los 120 millones de mexicanos, a excepción de las 100 familias que aparecen permanentemente en la lista de los más ricos del mundo, es momento de transparentar los fideicomisos públicos y más aquellos que el gobierno maneja como privados y sirven claramente para enriquecer a unos cuantos.

Miguel Badillo