Son muchos los motivos y las razones para extraditar o no a Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Hay motivos políticos, razones jurídicas, presiones sociales, intereses extranjeros, ambiciones económicas y hasta opiniones nacionalistas y morales, en donde algunos se inclinan porque se envíe a este peligroso jefe del narcotráfico a una prisión estadunidense y otros porque se le juzgué en México y el gobierno federal priista se obligue a mantenerlo encarcelado por muchos años.
Sin duda que en las razones jurídicas las leyes mexicanas permiten la extradición, esto se ha hecho desde hace tiempo con muchos otros narcotraficantes que se envían a Estados Unidos para ser juzgados allá, circunstancia que ha sido aprovechada por las autoridades de ese país para obtener información de la operación de los cárteles de la droga mexicanos y sus relaciones económicas y de seguridad con funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como sus inversiones en empresas privadas en todas las ramas de la economía. Además, el gobierno de EU les exigen a los narcotraficantes mexicanos presos la devolución de parte de sus fortunas acumuladas por el tráfico de estupefacientes y a cambio de esa información y dinero las autoridades estadunidenses negocian la reducción de sus condenas en prisión, algo que los narcotraficantes valoran y bajo presión terminan por aceptar, como ocurrió con Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera jefe del cartel del Golfo y entregó 50 millones de dólares a la administración estadunidense.
En el terreno político, al gobierno de Barak Obama le interesa mucho procesar a Guzmán Loera y meterlo a prisión en su país, con lo cual consolida su estado policiaco que ha implantado en todo el mundo y envía un mensaje a los mexicanos que es Estados Unidos el que manda en este país, por si alguien tuviera todavía alguna duda. Al mismo tiempo demuestra la debilidad de las instituciones mexicanas y su incapacidad como país tercermundista para mantener preso a un peligroso delincuente que cometió múltiples delitos en el territorio en donde la corrupción de la justicia impide cumplir con la ley.
En las presiones sociales hay una clara división. Unos, en su mayoría de derecha, exigen su extradición, mientras que otra parte de la sociedad, muchos de ellos de izquierda o simplemente nacionalistas, piden que El Chapo se quede en el país y enfrente a la justicia mexicana, para después meterlo en un penal con la seguridad de que no volverá a fugarse. Pero como esto nadie puede prometerlo en este país, dada la corrupción judicial y política, el gobierno de Enrique Peña Nieto está dispuesto a entregarlo lo más pronto posible a los gringos, como una forma de deshacerse de un problema que le quema las manos y para evitar un nuevo ridículo de otra fuga.
Por lo pronto los abogados de Guzmán Loera han informado que darán la batalla legal para impedir la extradición de su cliente al vecino país, y los mismos funcionarios de la Procuraduría General de la República reconocen que de acuerdo con los tiempos que tarda la lenta justicia mexicana, será no menos de un año para poder extraditar a El Chapo a Estados Unidos.
Mi consideración es que este narcotraficante debe permanecer en México y el sistema carcelario y de seguridad nacional deben obligarse a mantenerlo preso y con vida el tiempo que aún le quede, pues entregarlo a las autoridades estadunidenses sería un acto más de sumisión del gobierno a ese país y la renuncia de México para que sus connacionales cumplan las leyes y quien no lo haga que enfrente a la justicia. Renunciar a ésta sólo por las presiones del gobierno de Obama, hace parecer a nuestras autoridades tan o más débiles que otros gobiernos latinoamericanos que se han sometido a los designios de Estados Unidos, como ocurrió con Colombia cuando extraditaba a los narcotraficantes más peligrosos y permitía con toda libertad la operación de las agencias estadunidenses en su territorio. Esto también ya pasa en México.
Otra razón para mantenerlo preso en nuestro país es que la fortuna que ha acumulado producto de la industria del narcotráfico y el crimen debe ser incautada en estos momentos que nuestra economía atraviesa por una severa crisis, así como investigar los bienes y las acciones que sin duda Guzmán Loera ha adquirido en grupos corporativos que se manejan como negocios lícitos, pero que en realidad son centros de lavado de dinero. Por un lado permitiría al gobierno mexicano hacerse de recursos y por el otro abrir líneas de investigaciones contra empresas e instituciones financieras que han sido utilizadas por el narcotráfico para blanquear estos capitales sucios, lo cual también obligaría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicar cuantiosas multas que mucho servirían a las finanzas públicas.
Pero lo más delicado es lo que este jefe del narcotráfico pueda decir de todas las áreas gubernamentales y privadas que infiltró con base en su poder económico corruptor, en donde sin duda habrá funcionarios de alto nivel como expresidentes, secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes, jefes policiales, militares de alto rango, prominentes empresarios, líderes sindicales, legisladores y uno que otro periodista o artista como ahora aparecen la mexicana Kate del Castillo y el estadunidense Sean Penn.
Esta información es la que el gobierno mexicano debería estar interesado en obtener y por primera vez aplicar la justicia en el tema del narcotráfico, pues hasta ahora sabemos sólo de capturas de narcotraficantes que no merma en nada su operación, pero nunca se encuentra el dinero que han acumulado y tampoco las redes de complicidades que los cárteles del crimen organizado han tejido a lo largo del país con políticos, empresarios y servidores públicos. Éstos nunca aparecen en las historias del crimen, a pesar de que son los más beneficiados.
Puntos suspensivos… En respuesta a las reuniones y entrevistas que El Chapo concedió a los actores Kate del Castillo y Sean Penn, una con propósitos de hacer negocios fílmicos y otro con supuestos fines periodísticos para la revista Rolling Stone, información que vino a estropear el festejo gubernamental por la captura del máximo traficante de drogas en el mundo, como él mismo se autodefinió, los gobiernos de México y de Estados Unidos abrieron investigaciones en contra de la actriz y el actor por considerarlos colaboradores del narcotráfico. Según cómo avance este proceso judicial en los dos países, se sabrá si Del Castillo y Penn fueron utilizados –previo acuerdo– por alguna corporación estadunidense, como la CIA o la DEA, por ejemplo, para atrapar al jefe del cartel de Sinaloa. De lo contrario, si las autoridades fiscales mexicanas no logran probar que El Chapo entregó dinero a los dos actores como adelanto para el proyecto de la película autobiográfica, será muy difícil que en el caso de México se pueda enviar a prisión a Kate del Castillo, porque de Sean Penn la justicia mexicana no podrá hacer nada.
