A finales del año pasado el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, recibió una queja de contratistas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exigir la anulación de un contrato asignado a la empresa Hewlett-Packard México por 1.3 mil millones de pesos, por considerar que hubo diversas irregularidades en la licitación, entre ellas otorgárselo a la empresa que presentó la cotización más alta.
Cauteloso como ha sido desde que el presidente Enrique Peña Nieto lo designó secretario de la Función Pública y le ordenó que abriera el expediente sobre aquel escandaloso asunto de las compras de residencias por varios miembros del gabinete a contratistas gubernamentales, entre ellos al Grupo Higa que preside Juan Armando Hinojosa (a través de quien la esposa de Peña adquirió la conocida Casa Blanca), Virgilio Andrade dio instrucciones para atender la denuncia en contra del SAT.
La queja interpuesta por empresas concursantes en la licitación pública nacional electrónica de servicios número LA-006E00001-N17-2015, relativa a la prestación del servicio de infraestructura a redes y electromecánicos de TI (SIRETI), en donde denuncian que el SAT, por conducto de la Administración General de Recursos y Servicios, declaró como ganadora a Hewlett-Packard México a pesar de que su propuesta era la más elevada de todos los competidores, al ofertar un máximo de 1 mil 358 millones 32 mil 792.40 pesos, mientras que la propuesta más baja ascendió a 1 mil 54 millones 748.11 pesos, es decir 304 millones de pesos más (22 por ciento), pero esto no importó a los funcionarios fiscales.
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Aunque se trata de una sospechosa operación que los quejosos presumen podría corresponder a actos de corrupción al interior del SAT, en la Función Pública hay otro problema que impide resolver este conflicto administrativo y que podría incurrir hasta en un conflicto de intereses, pues la directora general adjunta de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, quien sería ahora la responsable de atender y resolver la queja, resulta que fue la directora de Recursos Materiales «1» del SAT que sancionó la licitación de servicios del SIRETI y que decidió en aquel momento otorgar el contrato a Hewlett-Packard México.
El secretario Virgilio Andrade debería impedir que esta funcionaria participe en el análisis y la conclusión del fallo sobre la queja interpuesta en contra del SAT, para evitar caer en conflicto de intereses, como lo exige la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Sánchez Vicencio tendría que excusarse, sin embargo hasta ahora la queja se mantiene en su área y hay preocupación de los empresarios porque esta funcionaria resuelva este litigio, pues obviamente fallará en favor de Hewlett-Packard México porque fue ella quien le asignó dicho contrato cuando trabajaba en el SAT.
Las empresas concursantes en dicha licitación fueron cuatro: la ganadora Hewlett-Packard México; IGSA, S.A. de C.V.; Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V., y Sixsigma Networks México, S.A. de C.V.
Lo que se plantea en la queja es que la Secretaría de la Función Pública declare la nulidad de la licitación, porque además del evidente conflicto de intereses, con esta operación se incurriría en un quebranto patrimonial de más de 300 millones de pesos, “al no garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad, en tanto que debido a una actuación ilegal de la convocante (SAT) se adjudicó el contrato a una propuesta económicamente menos favorable”.
Desde que Virgilio Andrade asumió la titularidad de la SFP, los resultados de combate a la corrupción han sido nulos, y su gestión se identifica más como una tapadera de las irregularidades cometidas por servidores públicos afines a Los Pinos.
