La libertad de expresión está constantemente en asedio, ya sea con más regulaciones propuestas desde los grupos de poder e instrumentadas por un obediente Congreso de la Unión, o cuando a grupos o personas (léase políticos, funcionarios y empresarios, principalmente) les molesta la crítica y se quejan de violaciones a sus derechos humanos, cuando en realidad lo que no desean es la libertad de expresión que se traduce en la opinión de cualquiera sobre las acciones y actos de otros.
En los últimos días conocimos la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 6 en materia del derecho de réplica que aprobó el Congreso y que no es otra cosa más que una violación a la libertad de expresión, porque censura e intimida a los medios y limita la difusión de información, pero sobre todo inhibe la crítica periodística al pretender sancionar lo que a juicio de los tribunales afecte la imagen y la reputación de los ofendidos.
Una nota de Alfredo Méndez en La Jornada (lunes 14 de diciembre) refiere precisamente esa controversia entre especialistas, en donde unos se pronuncian porque dicha ley viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otro considera que “siempre será preferible una ley mediocre y perfectible a no tener nada o a tener que seguir soportando como ciudadanos los abusos de los comunicadores o periodistas”.
Otro hecho preocupante es cuando el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) introdujo a principios de año el “derecho al olvido”, que no es otra cosa más que obligar a los medios de comunicación a borrar de sus archivos en internet los nombres de aquellas personas, públicas o privadas, que así lo soliciten, bajo el argumento de la protección de datos personales, sin importar que en su momento estuvieran implicados en hechos de carácter noticioso.
El comisionado del Inai Joel Salas pretendió justificar a principios de año que esa resolución del Instituto “no iba en contra de la libertad de expresión”, pues, “la información no desaparece, sigue ahí en la red”. Especialistas dicen que ante este acoso en contra de la libertad de expresión lo único que nos queda es recurrir a la controversia constitucional y al juicio de amparo.
Por ello, ha sido la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que ha salido a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la libertad de expresión en contra de la ley reglamentaria sobre el derecho de réplica.
En esta misma discusión, un destacado artículo de Flemming Rose, jefe de la sección internacional del diario danés Jyllands-Posten, publicado hace 8 días en el suplemento Ideas del diario español El País, y que tituló “El derecho a la ofensa”, hace una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión y sostiene que “en toda democracia no puede existir el derecho a no ser ofendido”. Es decir, este periodista danés y autor de los libros La tiranía del silencio e Himno a la libertad, privilegia la libertad de las ideas y de expresión sobre los derechos particulares, que en realidad no buscan otra cosa más que exigir nuevas limitaciones a la expresión que por ahora pasa por un mal momento.
En un análisis en donde aborda el sensible tema de hacer frente a una diversidad cultural y religiosa creciente sin renunciar a las libertades fundamentales como la libertad de expresión, Flemming explica que se debe ser muy cauteloso con el uso de la ley para limitarla en un supuesto esfuerzo por proteger a las minorías, y concluye que esto no será fácil, pues exigirá un cambio en la cultura del agravio y el fundamentalismo del insulto, hoy tan extendidos, porque se requerirá que se entienda el hecho de que en una democracia disfrutamos de muchos derechos: el voto, la libertad religiosa y de expresión, el derecho de reunión o la libertad de movimiento, ente otros, pero el único derecho que no deberíamos tener en una democracia es el derecho a no ser ofendidos.
Los periodistas entendemos que las libertades de expresión y de prensa no sólo son un derecho constitucional, sino que son principios básicos en una democracia que en el caso mexicano han costado vidas y libertades, pero todos lo hemos ganado y estamos dispuestos a defender esos derechos.
En el caso de Europa, Fleminng sostiene que la globalización, las nuevas tecnologías y la inmigración que va en aumento, son una invitación a legislar sobre lo que se puede decir para evitar conflictos y no herir susceptibilidades, pero eso puede conducir a una espiral sin control, de tal manera que antes de que nos demos cuenta, apenas se podrá decir nada, lo que nos llevará a una tiranía del silencio.
Es en las dictaduras, dice el periodista danés, “donde se criminaliza las palabras como si fuesen hechos y no distingue entre ellas; por eso, en los países donde no hay libertad se encarcela a los disidentes por alterar la paz pública o incitar a derribar el orden político”. Inevitablemente esto me hace pensar no sólo en la libertad de expresión que pasa por un mal momento en México, sino en la disidencia magisterial que es tratada por el gobierno como delincuencia y sus protestas son castigadas con denuncias penales y detenciones arbitrarias de líderes y seguidores que son encarcelados en penales de máxima seguridad, igual que los criminales más peligrosos del país, y todo promovido por quien fue nombrado secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a quien la historia ya le tiene reservado un buen espacio.
Miguel Badillo*
*Periodista
