Cuando nada sale bien y los problemas rebasan la capacidad de los gobernantes para resolverlos, afloran los rencores, las acusaciones y las frustraciones. Eso es precisamente lo que sucede en el gabinete de Enrique Peña Nieto: todos se culpan entre sí y buscan que alguien asuma los costos de lo que pasa en el país, porque a la historia nada se le escapa y pronto serán juzgados por la sociedad. Por ahora, a mitad del sexenio, cuando se han cumplido 3 años y debería mostrarse un gobierno fuerte y sobre todo eficaz, lo único que hay son rupturas y odios entre los hombres más cercanos al presidente, porque nadie quiere ser responsable de lo que sucede.
Esta confrontación entre integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto –y que afecta las acciones de gobierno– es una preocupación más en Los Pinos, y aunque hasta ahora todo ha sido por cuestiones “eminentemente laborales”, se ha logrado mantener con cierta discreción; pero en los próximos meses subirá de tono a la par con las aspiraciones y destapes de algunos secretarios de Estado que buscarán la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en 2018.
Dos de los funcionarios más cercanos al primer mandatario –que aunque no tienen el mismo nivel ambos gozan de toda la confianza de Peña– mantienen distancia y una gran desconfianza entre sí por las decisiones y el trabajo que cada uno realiza. Se trata del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, fuerte aspirante a la candidatura presidencial priísta, y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, el rudo Luis Miranda, quien aspira a gobernar el Estado de México.
El problema se generó por la negociación de muchos meses y los acuerdos firmados por el subsecretario con líderes de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Martín Esparza, en donde a nombre del gobierno federal Miranda aceptó entregar importantes activos que pertenecían a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (plantas de generación) a cambio de que el SME renunciara a su pasivo laboral. Con este acuerdo ya firmado, los miles de combativos trabajadores electricistas que no aceptaron la liquidación ofrecida por el gobierno de Peña, ahora podrán explotar por 30 años parques de generación eléctrica, que incluye operar 14 plantas hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado ubicadas en el Estado de México, el Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala. Un importante logro para los trabajadores y el sindicalismo mexicano, sin duda.
Esta negociación que encabezó Miranda molestó mucho al secretario Videgaray, encargado de las finanzas públicas del país y quien al final del sexenio será el responsable directo, junto con el presidente de la República, de las cuentas que el gobierno entregue a la nación, por lo que ahora se niega a reconocer el acuerdo con los trabajadores del SME, además de provocar un distanciamiento con el subsecretario Miranda y con su “jefe” Miguel Ángel Osorio Chong, otro de los secretarios que aparece en la lista de priístas con posibilidades de ser el candidato del PRI en la contienda presidencial.
Éste no es el primer desencuentro entre ambos funcionarios del primer círculo peñista, ya anteriormente habían mostrado sus rivalidades cuando se tuvo que cambiar a varios integrantes del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila, y esto fue aprovechado por el titular de Hacienda para acomodar a funcionarios afines a su causa, lo que irritó al subsecretario Luis Miranda, quien aspira a convertirse en gobernador de esa entidad.
Banxico versus Hacienda
Otro conflicto permanente se da entre quienes guardan y gastan los centavos, Hacienda y Banco de México (Banxico), aunque éste no alcanza a ser una confrontación directa entre sus titulares. El enfrentamiento tiene su origen en los desencuentros respecto al modelo de política económica que no se sobrepone a los intereses personales de los dos personajes que ocupan estas carteras.
El gobernador, Agustín Carstens, quien se ha caracterizado por su bajo perfil en materia política, ha usado los informes trimestrales del Banxico para manifestarse en contra de los escasos estímulos que durante los últimos 3 años ha registrado la economía interna.
El manejo de la política cambiaria también preocupa a ese instituto central, que ha lanzado alertas institucionales sobre la transferencia del impacto de un peso muy débil frente al dólar. Sin embargo, ante los reflectores, Carstens se alinea a la Comisión de Cambios, que preside el poderoso Videgaray, para manifestarse ante la Secretaría de Hacienda como un burócrata políticamente correcto, a pesar de que el Banxico, dicen, cuenta con total “autonomía”.
Aunque Carstens y Videgaray mantienen una sana distancia, también han logrado intercambio de favores pocas veces visto entre el instituto central y Hacienda, al menos desde que se declaró la autonomía del Banco.
A cambio de esta “disciplina” frente a Videgaray y el gobierno de Peña Nieto, Carstens recibió como recompensa la propuesta ante el Senado de la República para ocupar un periodo más la gubernatura del Banxico.
En reciprocidad, Carstens impulsó que los excedentes del Banco de México se integraran, por primera vez, al Presupuesto de Egresos 2016. Hablamos de más de 31 mil 449 millones de pesos que caen como oro molido a programas para reducir deuda.
Así, las diferencias entre ambos respecto al modelo económico no fueron más fuertes que los intereses personales y la necesidad de obtener recursos para compensar la caída de los ingresos petroleros. Pero la revisión de las estimaciones del Banxico, a partir del consenso con analistas, también puso en serios problemas a la Secretaría de Hacienda; sin embargo, las formas nunca se perdieron entre ambos funcionarios. Por ello, al final del año, Banxico revisa al alza su pronóstico cuando se agudizan las críticas en torno a una economía cuyos indicadores están llenos de contradicciones, porque en el papel la economía mejora, pero en el bolsillo de los mexicanos esto no se ve reflejado.
Ruiz Massieu versus Meade
Los que sí viven un fuerte diferendo son Claudia Ruiz Massieu y el nuevo encargado del combate a la pobreza, José Antonio Meade, porque la canciller culpa a su antecesor y a su equipo más cercano del grave problema que heredó por la emisión de pasaportes y el pésimo manejo de la información confidencial de millones de mexicanos contenida en una base de datos que ha salido de la seguridad de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que le ha valido tantas críticas a su nueva titular, quien considera seriamente revocar el millonario contrato (por más de 1 mil millones de pesos) que Meade otorgó al conjunto de empresas lideradas por Veridos México para proporcionar dicho servicio.
El problema de los pasaportes empezó cuando en abril de este año un conjunto de empresas encabezadas por Vangent México y Mainbit perdieron la licitación pública internacional del contrato para la prestación del servicio de la emisión de pasaportes mexicanos en las delegaciones de todo el territorio nacional y en los consulados de México en Estados Unidos. Dicho servicio había sido proporcionado por esas mismas empresas durante los últimos 3 años, pero el contrato concluyó y el concurso lo perdieron.
El conjunto de empresas ganadoras en sociedad con compañías de Alemania, Japón y España empezaron a enfrentar problemas técnicos que ocasionaron serios retrasos en la emisión de miles de pasaportes, con el consecuente malestar para la población necesitada de dicho servicio. Apenas en noviembre se regularizó.
Los 6 meses más críticos para la SRE –que le generaron duros cuestionamientos en la prensa y miles de quejas de usuarios– motivaron a la empresa Mainbit a inconformarse ante el Órgano Interno de Control (OIC) y presentar amparos en tribunales y denuncias de supuesta corrupción en la asignación del nuevo contrato. Además, contrataron al despacho de los panistas Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, ambos exprocuradores generales de la República durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), y recibieron extrañamente el apoyo de toda la bancada panista del Senado de la República, cuyos legisladores enviaron una carta a la canciller Ruiz Massieu para presionarla a que revoque el contrato y lo reasigne Mainbit.
En busca de ayuda, la canciller de inmediato se reunió con el secretario de la Función Pública, el inefable Virgilio Andrade, para tratar de resolver el conflicto y acordaron la aplicación de una auditoría externa y dos peritajes, los cuales están por resolverse, igual que el dictamen del OIC, y con base en ello, Ruiz Massieu cedería a las presiones y revocaría el contrato a Veridos México por los errores cometidos y lo entregaría a Mainbit y Vanget, las dos empresas que han presionado por todas las vías y que amenazan con la base de datos de la información confidencial de los pasaportes que tienen ilegalmente en su poder, lo que ha molestado seriamente en Los Pinos, en donde ya no las ven con buenos ojos a pesar de la cercanía que tienen con los mexiquenses Luis y Anuar Maccice, amigos de Peña Nieto.
Como adelanto de lo que acarrearán las auditorías y peritajes, fuentes internas de los órganos de control aseguran que quien pagará los platos rotos será Salvador Alonso y Caloca, director general de Tecnologías de Información e Innovación de la SRE, el único integrante del equipo de Meade que aún se mantiene en Relaciones Exteriores porque no le permiten renunciar en espera de fincarle responsabilidades por lo menos administrativas. De concretarse esto, quedaría inhabilitado para trabajar en el servicio público federal. Sin embargo, este caso en donde también está en juego la base de datos de millones de pasaportes es tan complejo que amerita una columna completa, por lo que lo trataremos en las próximas semanas.
Meade versus Rosario Robles
Y para rematar, brevemente comentaré que hay una auditoría y una investigación en curso sobre el cochinero que dejó la experredista Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social en los 3 años que estuvo al frente, sobre todo por los contratos asignados a empresas y universidades para realizar estudios sobre la pobreza, los cuales dicen que fueron pagados anticipadamente y hasta ahora no aparecen por ningún lado, lo que hace presumir al equipo de Meade que o Robles se los llevó, como hizo con todos los muebles de la oficina principal, o simplemente nunca se hicieron. Pero de esto ya daremos más información.
Miguel Badillo
