En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se busca a un nuevo Presidente. Desde hace varios meses, el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida analiza la salida de Diódoro José Siller del cargo que resulta clave para esa dependencia, pero también para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque allí se contienen muchas presiones que en el sector obrero ha generado la actual crisis. Sin embargo, una crisis al interior de la JFCA aceleraría la decisión de Navarrete Prida de pedirle a Siller su renuncia.

Siller enfrenta serias críticas sobre la imparcialidad con la que encabeza ese organismo. Al menos en la Secretaría del Trabajo se considera seriamente desde hace varios meses su remoción de la Presidencia de la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, el máximo órgano para la impartición de la justicia laboral en el país.

Los resultados, sin embargo, no son buenos. Al menos ese es el balance que se desprende de la más reciente confrontación entre funcionarios de la JFCA y el presidente Diódoro José Siller, un abogado que se había consolidado como litigante en el ámbito laboral y que se convirtió en funcionario público pero que no abandonó su círculo de amigos, casi todos litigantes laboralistas.

Aparentemente, Siller estaría incurriendo en excesos y violaciones a las normas y buenas prácticas de la JFCA en su intención de operar ciertos asuntos dirigidos y en beneficios de abogados de grandes empresas.

Durante la administración de Diódoro Siller, 11 funcionarios de alto nivel han sido suspendidos de su cargo con procedimientos administrativos por supuestas diversas irregularidades, aunque los salientes aseguran que su remoción fue sin apego a derecho, arbitrarios y viciados. Algunos de ellos, luego de ganar sus casos en otras instancias, han sido restituidos en sus cargos con el pago de salarios caídos e indemnizaciones “pagadas con el dinero de los contribuyentes, lo que ha causado un daño patrimonial al erario federal, establecen denuncias contra el funcionario.

La actuación del actual presidente de la Junta se sintetiza con las cifras siguientes: el índice de conciliación en la dependencia en 2013 era de apenas 22.4 por ciento y se resolvieron 19 mil 187 asuntos; en 2014 de 19.1 por ciento y 12 mil 760 asuntos resueltos, respectivamente, por la vía de la conciliación, de un universo de 400 mil casos radicados en la Junta Federal y a la espera de ser resueltos.

Se trata, por supuesto, de acusaciones sumamente graves que, hasta el momento, representa el centro de las quejas contra Siller. Pero siendo el Presidente de la JFCA un puesto clave para el clima laboral del país, preocupa en el gobierno lo que sucede allí y que se dio a conocer hace unos días a través de un inusual comunicado de prensa, en el cual se informó sobre el inicio de varios procesos administrativos en contra de funcionarios nombrados directamente por el propio titular de la ST. Ese comunicado sólo agudizó una crisis que se develó públicamente pero si tener conclusiones o evidencias de indagatorias serias contra funcionarios de la JFCA, incluyendo al propio Siller.

Al parecer, el principal enfrentamiento entre Diódoro José Siller y el grupo de funcionarios que no está de acuerdo con algunas prácticas que tienen lugar en la JFCA es con Carlos Mauricio Salazar Douglas, coordinación general Administrativo y con la Secretaria General de Conciliación y Asuntos Individuales, Adriana Llaca Sánchez. La relación de los dos primeros es insostenible y alguno de ellos tenía que irse, la decisión fue la salida de Salazar Douglas.

Desde julio pasado, Llaca Sánchez comenzó a revisar la transparencia con la que se conducían las resoluciones en la JFCA. Como responsable de la vigilancia de todas las juntas locales (680 en todo el país y sólo 22 en la ciudad de México, Llaca – en los últimos meses – registró la presión que se ejercía ante la Junta por parte de litigantes y abogados externos de empresas como Merrill Lynch, Mercedes Benz y Unilever.

Esta última, por cierto, todavía se encuentra en riesgo de cubrir una indemnización por al menos 90 millones de pesos. Así de cuantiosos son algunos de los litigios que se deciden en la JFCA. Sin mencionar, por supuesto, lo relevante para la SHCP de las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo, tanto públicos como privados, a través de los cuales se marca una clara tendencia para los incrementos salariales en el país.

Ha sido, por lo tanto, la propensión a defender a las empresas sobre los derechos de los trabajadores lo que, según los involucrados en esta controversia, ha confrontando a Siller con funcionarios clave en la JFCA.

Pero a Llaca Sánchez, desde la Presidencia de la JFCA, se le habría iniciado un proceso administrativo que buscaría demostrar que, sin contar con atribuciones, ordenó cambios de funcionarios en las juntas locales que sólo podían ser ordenados por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría del Trabajo, pues también corresponden a nombramientos directos del titular de la dependencia.

Hasta el momento, el balance es la renuncia el pasado primero de diciembre de Carlos Mauricio Salazar Douglas a la Coordinación General Administrativo de la JFCA. Lo extraño, sin embargo, es que la JFCA envío un comunicado en el que, por primera vez, revela que inició en contra de este exfuncionario un proceso administrativo a cargo de su Órgano de Control Interno. No se trata de un asunto juzgado; además, el boletín de la Junta omite informar que Salazar Douglas ya había renunciado al cargo 15 días antes, pero con fecha 31 de diciembre. Por ello, se prevé que ahora los funcionarios acusados públicamente interpongan amparos administrativos.

El abogado Carlo Salazar Douglas, quien siendo litigante – antes de llegar a la JFCA – se especializó en derecho penal, asegura que hasta el momento no cuenta con información sobre el supuesto proceso administrativo y acusa que la Unidad de Quejas de la JFCA se utiliza ahora como instrumento de presión ante las diferencias con el presidente de ese órgano.

Otro dato que revela el estilo de Siller para gestionar la JFCA es que no sostuvo reuniones de trabajo con la responsable de todas las juntas locales; simplemente ignoró la supervisión de su trabajo. Siller, aparentemente, no ha querido asumir la directiva del Tribunal.

Los hechos de la confrontación

Fue el pasado 15 de diciembre cuando la JFCA dio a conocer, a través de un comunicado de presa, que suspendió temporalmente de su función a cuatro altos mandos.

En un boletín y no en un documento oficial, el coordinador general de Administración, Carlos Mauricio Salazar Douglas, se enteró por primera vez que enfrentaba un supuesto procedimiento administrativo. Lo mismo sucedió con el secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales, Federico Gabriel Acevedo Flores; el secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, Ricardo Quevedo Astudillo, y la secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales, Adriana Llaca Sánchez.

Sin proporcionar mayores detalles, la Junta Federal señaló que las suspensiones se derivan de diversas quejas y denuncias administrativas que promovieron trabajadores, patrones y funcionarios de la propia Junta Federal. El comunicado habría sido emitido 15 días después de que a los funcionarios se les sacara por la fuerza de las oficinas, denuncian Carlos Mauricio Salazar Douglas, Federico Gabriel Acevedo Flores, Ricardo Quevedo Astudillo y Adriana Llaca Sánchez.

El viernes 28 de noviembre de 2014, a las 14:30 horas, un grupo de alrededor de 20 vigilantes y funcionarios tomaron las oficinas de los servidores públicos, sin que se les permitiera sacar sus objetos personales. Las instalaciones fueron selladas, denuncian.

Salazar Douglas presentó su renuncia el 1 de diciembre de 2014 con fecha 31 del mismo mes, según dice por decisión personal y ante las diferencias en criterios con Diódoro Siller Argüello “por la arbitrariedad, irresponsabilidad y falta de probidad con la que se conduce como presidente de la Junta Federal”.

“Al día de hoy no tengo conocimiento sobre procedimiento administrativo ni notificación alguna en mi contra y, en consecuencia, suspensión decretada por ese motivo, además de que resultaría imposible suspenderme al haber presentado mi renuncia previamente. De existir algo, por supuesto estaría viciado de origen y sería irregular al no habérseme notificado en tiempo y forma como lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ya renuncié, pero podría pelear mi caso y lo ganaría en tribunales.”

Tanto Adriana Llaca Sánchez, como Ricardo Quevedo Astudillo y Federico Gabriel Acevedo Flores, en uso a su derecho de réplica, califican el comunicado oficial, emitido por la Junta Federal, como parcial, deforme y omiso.

“Fui suspendida por no concordar y acceder a los intereses personales, oscuros y corruptos del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, afirma Llaca Sánchez en el escrito.

El 1 de diciembre, Adriana Llaca fue notificada de la suspensión temporal por causas, dice, no justificadas como graves para imponer una suspensión de funciones.

Con 24 años de servicio en la dependencia, Llaca Sánchez enfrenta tres procedimientos administrativos bajo el expediente QU/704/2014. En concordancia con el Acuerdo de Suspensión Temporal –al que esta columna tuvo acceso– 48 servidores de la Junta habrían promovido la queja por presuntas irregularidades administrativas “consistentes en tomar decisiones arbitrarias, negligentes y caprichosas; realizar destituciones de presidentes de Junta Especial y de personal jurídico del Tribunal Federal Laboral; llevar a cabo cambios de adscripción e imposición de secretarios auxiliares, presidentes de Junta Especial, funcionarios conciliadores, secretarios de acuerdos, actuarios, etcétera, neófitos en materia laboral […]. Y, además era del conocimiento general del personal de la Junta el historial que tenía la presunta responsable, respecto a su conducta abusiva, de discriminación y prepotencia con la cual se conduce con todo el personal; y que para lo anterior, ha utilizado amenazas, miedo y terrorismo laboral, obedeciendo a intereses particulares y no de esta Junta Federal”.

Por lo que inició una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y denuncias administrativas y penales en la Secretaría de la Función Pública y en la Procuraduría General de la República.

Ricardo Quevedo Astudillo, designado secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias el 1 de julio de 2014, suspendido temporalmente acusado de la supuesta sustitución de un perito en grafoscopía y documentoscopía, expediente QU/713/2014, apunta: “no existió nunca tal sustitución y antes de verificar los datos que obran en el expediente de mérito y ante la Junta Especial número 11, Daniel Ornelas Salazar emitió la suspensión pese a que no es un hecho grave”.

Federico Gabriel Acevedo, designado como secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal a Juntas Especiales el 1 de julio de 2014, se encuentra también bajo proceso, expediente QU/714/2014. El área, acusa, resolvía dos casos de relevancia, uno de ellos relacionado con la trasnacional Unilever.

Según se lee en el Acuerdo de Suspensión Temporal, el expediente administrativo: “ se motiva por una queja promovida por David Orlando Piza Avilés, apoderado de Servicios Profesionales Unilever, S de RL de CV, y Unilever de México, S de RL de CV, contra Federico Gabriel Acevedo por presuntas irregularidades administrativas, consistentes en que de manera sorpresiva y sin fundamento legal alguno el expediente laboral 963/2011 ha estado desde hace aproximadamente 3 meses de manera inexplicable en el área de la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales y la Secretaría Auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales, sin que las personas encargadas de dicha área den una causa justificada o legal, por lo que se tiene el temor de que dicho expediente pueda ser manipulado o resuelto de manera irregular”.

Para Federico Acevedo se trata de una maniobra para impedir que se dictamine a favor del trabajador afectado al que Unilever se vería obligado a pagar 90 millones de pesos. “La Junta Especial 16 [donde radica desde 2011 el expediente] pretende ahorrarle a la empresa 90 millones de pesos”, señala.

A decir de Acevedo Flores, el área a su cargo cuenta con las facultades para solicitar el expediente en cuestión además de que existen los mecanismos y protocolos para que la Secretaría Auxiliar solicite expedientes sin riesgo de ser manipulados, por lo que al igual que Llaca Sánchez y Ricardo Quevedo, inició queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y prepara su defensa legal en la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.

En medio de esta crisis de este órgano autónomo, hay enorme interés del presidente Enrique Peña Nieto por enviar al secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a lo que será la Fiscalía Anticorrupción, la cual podría convertirse en el salvavidas de la actual administración que en esa materia parece que ha hecho agua en los primeros dos años de gobierno.

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