Lejos de los grandes cambios que se vaticinan en el gabinete y que muchos desean se realicen a la brevedad, ante los resultados desastrosos en áreas tan importantes como la seguridad nacional y la seguridad pública, el empleo, la pérdida del poder adquisitivo, la corrupción gubernamental, la impunidad y la falta de justicia, lo cual mantiene a la población entre el miedo, la protesta y la desesperación, para finales de diciembre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombrará a un nuevo director general del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), que sustituirá a Raúl Adán Romo Trujillo, quien ha estado al frente de ese órgano descentralizado desde principios del gobierno actual.

El todavía funcionario del gobierno federal es muy cercano al líder de la bancada priísta en la Cámara Diputados, Manlio Fabio Beltrones, con quien trabajó en el gobierno de Sonora como subsecretario de Agricultura, en donde dicen que tuvo un desempeño destacado. Pero la semana pasada, Romo Trujillo fue citado con urgencia a la oficina del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, en donde se le ordenó entre gritos, reproches y acusaciones que presentara su renuncia irrevocable con fecha del 31 de diciembre, debido a las irregularidades que se habían cometido en el Inapesca durante la licitación y posterior contratación de los servicios especializados para la administración, operación y mantenimiento de un buque de investigación pesquera y oceanográfica denominado Bipo 1.

La construcción de dicho buque –uno de los tres barcos que hay en el mundo para la investigación científica marina y que en México servirá de manera muy importante para el estudio y el trabajo oceanográfico y de pesca nacional­– fue ordenada en 2011, todavía bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a un costo de 26 millones de dólares, financiado con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su conclusión y entrega fue el 11 de diciembre de 2013, cuando Peña Nieto ya era presidente y cumplía 1 año en el cargo, bajo el cual se inició el proceso licitatorio para la administración y operación de la nave.

El reclamo a Romo Trujillo, confirman en la Sagarpa, es que el Inapesca llevó a cabo dicha licitación, que involucra un contrato por 286.2 millones de pesos otorgado a la empresa sin experiencia Famalval, sin consultar con el secretario Martínez y Martínez, ni con algún otro funcionario de esa dependencia, lo que causó un fuerte enojo en la Sagarpa, pues aunque el Instituto es una órgano autónomo, no se guardaron las formas ni se reportó dicha operación de compra, que ahora es investigada directamente por el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde, actual encargado del despacho, por delitos supuestamente administrativos y penales.

Pero la crisis por esa licitación ya cobró otra víctima, se trata de quien fuera titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sagarpa, Juan Salvador Esquer, quien el 30 de junio pasado fue también citado a la oficina del secretario Martínez y Martínez, en donde en presencia del encargo del despacho de la Función Pública, le recriminó su participación como “asesor” en la licitación de los servicios para el barco Bipo 1 y su constante insistencia en realizar auditorías a diversos programas de la Secretaría, por lo cual le anunció que quedaba fuera del OIC en la Sagarpa. En ese momento, lo invitó a pasar a otra sala en donde ya estaba el nuevo contralor que lo sustituiría, Francisco Cárdenas Elizondo.

Entre los antecedentes a esta primera destitución, cuentan que el 22 de abril Salvador Esquer fue invitado por el director general del Inapesca y por personal del Estado Mayor Presidencial para acompañar al presidente de la República en su visita al buque Bipo 1, para dar el banderazo oficial de salida, acto al que también fue convocado el secretario de Agricultura, Martínez y Martínez, entre otros funcionarios menores.

Las notas y fotografías periodísticas del 24 de abril reportan cómo Salvador Esquer aparece al lado de Peña Nieto al momento del banderazo de salida, lo cual parecería extraño por tratarse de sólo un titular del Órgano Interno de Control; sin embargo, durante la visita del jefe del Ejecutivo al barco de investigación, éste mantuvo del brazo al contralor de la Sagarpa e hizo que lo acompañara durante todo su recorrido por espacio de unos 30 minutos. La razón de ese afecto es que el ahora excontralor fue compañero y amigo de Enrique Peña Nieto en su época de estudiantes, cuando compartían carencias, estudios y festejos en la casa que habitaban varios jóvenes.

Por ser el Inapesca un órgano descentralizado, inexplicablemente está fuera del marco de actuación del Órgano Interno de Control en la Sagarpa, de tal manera que la actuación del entonces contralor interno estaba limitada cuando el Inapesca decidió, el 28 de enero de 2014, iniciar la licitación pública nacional mixta (LA-008RJL001-N1-204) que culminó el 13 de febrero con el fallo a favor de Famalval; misma que generó una inconformidad promovida por la empresa Servicios Múltiples del Puerto, que fue entregada al OIC en la Sagarpa el 20 de febrero pasado.

De acuerdo con el amplio expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública, el contralor interno Juan Salvador Esquer turnó el 24 de febrero de 2014 dicha inconformidad a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, en virtud de que el encargado del OIC en la Sagarpa carecía de facultades para recibir, instruir y resolver las inconformidades.

Nueve días después, el 4 de marzo, el subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde instruyó al director general de Controversias de la Función Pública, Jaime Correa Lapuente, que atrajera el caso y armara el expediente relacionado con la inconformidad de la licitación LA-008RJL001-N1-2014, debido, señala el oficio, “a que el OIC en el Inapesca, por su reducida estructura, no cuenta con área de responsabilidades para el trámite y resolución de la inconformidad de mérito”.

El 16 de junio, el director general del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo, envió una carta al secretario Enrique Martínez y Martínez en donde le informaba que el 19 de marzo dos empresas presentaron una inconformidad ante la Función Pública por el fallo de la licitación, pero que pese a que se admitió dicha queja, esa Secretaría negó la suspensión del proceso.

Ese 16 de junio, el contralor en la Sagarpa, Juan Salvador Esquer Acedo, también envió una carta al secretario Martínez y Martínez en donde le reportaba que él no intervino en el procedimiento de licitación y que éste fue sólo convocado por personal adscrito al Inapesca; que su participación fue sólo “bajo el carácter de asesor con voz, pero sin voto”. También da cuenta de que el 20 de febrero recibió el escrito de inconformidad, el cual turnó 4 días después a la Función Pública.

El 25 de junio, Esquer Acedo envió otro escrito al secretario de Agricultura, en donde le informó que ha solicitado en diversas ocasiones audiencias con él y con el titular de la Función Pública, Olivas Ugalde, para explicarles su limitada participación en el proceso, pero no tuvo respuesta favorable. Cinco días después de su queja, el 30 de junio, Esquer Acedo fue cesado del Órgano Interno de Control.

El 3 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública frenó el fallo de la licitación ganada por Famalval y ordenó al Inapesca reponer dicho procedimiento.

Entre las irregularidades en la licitación que fuentes de la Sagarpa y de la SFP aseguran que existen, destacan que la empresa ganadora carece de experiencia, que su oferta económica era más alta que las otras dos concursantes, que no había prueba bancaria de Famalval sobre el supuesto capital social de 53 millones de pesos, y que las cartas de recomendación que presentó de empresas estadunidenses no habían sido apostilladas por autoridades de aquel país.

El 17 de septiembre, el director jurídico del Inapesca, Rodolfo Veloz Bañuelos, entregó un escrito en la Dirección de Administración para “alertar” que no había prueba bancaria sobre el supuesto capital social de 53 millones de pesos; a lo cual el representante de Famalval, Marco Antonio Álvarez Alonso, alegó con documentos que prueban el acuse de recibo de la póliza de la fianza 1831673, que ampara el 10 por ciento del presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, sellada por el Inapesca el 20 de febrero de 2014, así como otro acuse de recibido de otra póliza de fianza, 1831661, que ampara el 40 por ciento del presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, sellada también por el Inapesca.

Mediante el oficio RJL/INAPESCA/DGGAA/0525/2014, el director general adjunto de Administración del Inapesca, Pablo Gómez Domínguez, notificó al representante de Famalval que había determinado iniciar el proceso de recisión del contrato, “en virtud de que se detectó la inexistencia de las pólizas de fianza”. Aseguró el funcionario que la afianzadora Aserta sostiene que no cuenta con algún registro de esas fianzas, por lo que requiere reintegrar 39 millones 58 mil 823 pesos.

En otro oficio, 08/114/01C/INAPESCA/2014, con fecha de 1 de septiembre, el encargado del despacho de los asuntos del OIC, Francisco Cárdenas Elizondo, solicitó a Famalval presentar un informe y soporte documental relacionado con la prestación de servicios para el contrato INAPESCA.CS-OC-LPN/01/2014.

El problema parece no acabar aquí, pues un segundo barco, que sería el Bipo 2, sería licitado en el mes pasado y dicho proceso fue pospuesto por 2 meses, tiempo necesario para que el secretario de Agricultura, Martínez y Martínez, termine de negociar con el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, que sea personal de esta dependencia el que se responsabilice de la operación de ambas embarcaciones de investigación. Según, afirman en Sagarpa, es un hecho que la Secretaría de Marina se responsabilizará de ello.

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