Bien dicen que los presidentes una vez que concluyen su responsabilidad con la nación deben guardar silencio y no meterse en asuntos políticos. Esta práctica aplica en todo el mundo, aunque siempre hay excepciones y en algunos países, como en México, en varias ocasiones se ha roto y eso ha provocado que los mandatarios en turno investiguen a su antecesor por los delitos que cometió con la impunidad que concede la Presidencia de la República.

Hay diversos ejemplos en el país, como en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando este presidente priísta entregó la Procuraduría General de la República al Partido Acción Nacional y el nombrado abogado de la nación Antonio Lozano Gracia encarceló al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) por diversos delitos, lo que enemistó de por vida a los dos expresidentes que terminaron autoexiliados al final de sus mandatos.

Otros dos casos son los gobiernos panistas de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), en donde el primero ha intentado en diversos momentos opinar y hasta entrometerse en asuntos políticos, pero han bastado algunos mensajes del actual gobierno de Enrique Peña Nieto para tranquilizarlo, pues se conocen todas las corruptelas cometidas durante su mandato por la “familia presidencial”. A Fox también lo obligaron a bajarle a su interés de convertirse en el primer productor mariguanero del país.

En el segundo caso, Calderón ha tratado de volver una y otra vez, pero ante su sangriento sexenio que mantiene en jaque al gabinete peñista, pues es el principal responsable de la violencia que ahora enfrentamos los mexicanos, no le ha quedado más remedio que mantenerse en el exilio con sus amigos protectores gringos.

También recordamos aquella pandilla de amigos priístas que usurparon el poder y que durante 3 sexenios se mantuvieron en Los Pinos. Se trata de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid, cuando publicaron, entre otras frases: “Tú también, Luis”, que no era otra cosa más que responder al involucramiento de los exmandatarios en asuntos públicos.

En esa misma línea, la semana pasada el expresidente autoexiliado en Estados Unidos Ernesto Zedillo regresó al país (de donde huyó por el pavor que aún le tiene al expresidente Carlos Salinas de Gortari) para participar en un panel con otros exmandatarios suramericanos con motivo de una sesión del grupo financiero Banorte. Allí, Zedillo advirtió lo que ya sabemos 120 millones de mexicanos: México está muy mal en estado de derecho, y la corrupción muestra la debilidad de este principio y explicó: “Tenemos que hablar con toda sinceridad, porque estamos mal, muy mal”.

Y criticó al gobierno de Peña porque sus “estrategias que se han acordado internacionalmente son fallidas”, y la guerra contra las drogas ha fracasado.

Si el mandato de Zedillo hubiera sido un buen gobierno, digno de recordar, sin duda que el expresidente tendría una razón moral para romper el silencio y hacer las críticas que ya conocemos todos los mexicanos, pero al encabezar una gestión que estuvo marcada por la impunidad, la injusticia, la violacion a los derechos humanos, el abuso, la corrupción, el tráfico de influencias y la sumisión a las políticas marcadas por Estados Unidos, cómo quiere criticar el expresidente lo que él no supo resolver y además promovió.

Veamos qué hizo este exmandatario durante su gobierno.

Zedillo sustituyó al entonces candidato oficial Luis Donaldo Colosio cuando éste fue asesinado por la clase política.

Una vez que asumió la Presidencia, desde Los Pinos permitió a sus hermanos hacer negocios al amparo del poder y su familia política. El padre y el hermano de su esposa establecieron redes de comunicación y protección para uno de los cárteles de la droga, el de los hermanos Amezcua, mejor conocidos como los reyes de las anfetaminas. Esto lo publiqué en aquel momento, sin que hubiera ninguna rectificación por parte del entonces presidente de la República. Es decir, fue aceptado como cierto, sin que hubiera alguna acción legal en contra de sus hermanos y familia política.

Para que los negocios de la familia Zedillo Ponce de León no se vieran afectados con medidas fiscales, ésta simplemente evadía el pago de impuestos sin que alguien en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces dirigida por otro priísta –José Ángel Gurría–, hiciera algo al respecto, a pesar de que en los registros hacendarios se acumulaban créditos fiscales de los hermanos del presidente y cuyas copias habían sido publicadas en esta columna (aún guardo esos documentos en viejos archivos para aclarar cualquier duda que todavía pudiera surgir al respecto).

O cómo olvidar aquellas conversaciones telefónicas que sostuvieron el suegro y el cuñado de Ernesto Zedillo con miembros del cártel de las anfetaminas que comandaban los hermanos Amezcua en el Norte del país, sin que autoridad alguna hiciera algo al respecto. También el entonces secretario particular del entonces presidente Zedillo, Liébano Sáenz, fue investigado por la Procuraduría General de la República por supuestos vínculos con cárteles de las drogas.

Pero como ha sido costumbre en México, nadie en el gobierno hizo algo al respecto y una vez más se impuso la impunidad presidencial.

Años después de su mandato, Ernesto Zedillo declaró que era equivocada la estrategia que el gobierno de Felipe Calderón utilizaba para combatir a la delincuencia organizada.

Sería bueno entonces que nos diera su versión, tantos años después de haber dejado la Presidencia, de aquellas llamadas que hicieron su suegro y su cuñado con aquellos traficantes de metanfetaminas y que su gobierno dejó de procesar penalmente.

La seguridad nacional

A finales del sexenio anterior, la estructura heredada por el gobierno de Felipe Calderón a su sucesor Enrique Peña Nieto en materia de seguridad nacional era desastrosa: cero inteligencia, expedientes elaborados a partir de notas periodísticas, informes de intervenciones telefónicas, espionaje a la vida privada de diversos actores sociales, una plantilla laboral costosa e injustificable en su estructura directiva y un dudoso y opaco manejo administrativo de los recursos públicos.

A principios de 2013, dimos cuenta en esta columna de alguna información hasta ese momento desconocida sobre el que debería ser el principal órgano de inteligencia del gobierno mexicano: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Por ejemplo, explicamos que con un presupuesto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos anuales en 2012 y una voluminosa nómina de 3 mil 500 empleados de confianza, el Cisen era operado por 39 personas con los cargos más importantes en su estructura, que van desde el director general, directores y coordinadores, quienes perciben salarios mensuales entre los 160 mil y 200 mil pesos, más un bono por riesgo adicional equivalente al 30 por ciento.

A pesar del enorme gasto que representa para las finanzas públicas ese órgano de inteligencia, en los últimos 12 años, periodo en el que el Partido Acción Nacional ocupó la Presidencia de la República, se convirtió en una institución gris en su desempeño y un barril sin fondo en su gasto público.

La opacidad del Cisen con Calderón como presidente llegó al absurdo de que desde su creación, el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no habíamos podido conocer quiénes son los funcionarios que ocupan los 39 cargos más importantes en la estructura directiva y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos.

Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, los 3 mil 500 trabajadores del Cisen son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.

En las dos últimas administraciones federales, con Vicente Fox y Felipe Calderón, el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje telefónico, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños.

Debido a que dos secretarías de Estado –Función Pública y Hacienda y Crédito Público– son las responsables de aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden hacia su interior.

En el gobierno anterior, el Cisen reclutaba y seleccionaba a personal que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con un estancamiento de 12 años, ese Centro acumula personal anquilosado, que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realizaba las funciones inherentes a su responsabilidad.

En los exámenes de control de confianza que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos, aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus empleados son confiables, sin importar la eficiencia y eficacia en su desempeño.

Por ejemplo, en el último año del gobierno de Felipe Calderón, el titular del Cisen, doctor Jaime Domingo López Buitrón, designó a sus amigos Alejandro Razo Corona como coordinador de Inteligencia y a Alejandra Lamont Cortázar como oficial mayor, con el propósito de tener un control total y manejo arbitrario de los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de ese órgano de inteligencia. Sin importar que ninguno de los dos contara con experiencia para ejercer responsabilidades de seguridad nacional.

López Buitrón es amigo desde la infancia de Razo Corona y Lamont Cortázar fue su alumna e incondicional. Los tres exfuncionarios, que controlaban para fines personales al Cisen, habían trabajado juntos en la Secretaría del Trabajo. Razo Corona, como coordinador general de Empleo, y Lamont Cortázar, como coordinadora de asesores del subsecretario de Empleo, Jaime Domingo López Buitrón.

Sin experiencia en seguridad nacional, López Buitrón ingresó por primera vez como director general del Cisen el 13 de octubre de 2005 y salió el 9 de enero de 2007. La segunda ocasión entró el 23 de noviembre de 2011 hasta el último día de gobierno de Calderón Hinojosa.

Ahora sabemos que la incapacidad del Cisen para proteger y dar seguridad al Estado mexicano en los gobiernos panistas se ha agravado actualmente, pues su actual director Eugenio Imaz Gispert no sólo carece de experiencia en materia de seguridad nacional, sino que tampoco cuenta con algún grado académico que justifique su designación, pues mientras López Buitrón es doctor en sociología política y había sido investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y catedrático del Colegio de México, Eugenio Imaz carece de experiencia académica que acredite su capacidad para estar al frente de la institución encargada de la seguridad nacional. Según la Secretaría de Educación Pública no cuenta ni con título de licenciado, como él acredita tener en la página de internet del Cisen.

Esto puede ser una de las razones por las cuales el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene vacíos sin cubrir, y a 2 años de ocupar la Presidencia de la República el país sigue sumergido en una crisis que se agrava cada día más y que parece no tener fin. Ha llegado la hora de los cambios en el gabinete por profesionales y políticos que conozcan su trabajo y tenga un compromiso con la nación.

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