Las injusticias de que han sido víctimas los estudiantes de normales rurales muestran sus efectos en los rostros duros de estos adolescentes de apenas 17, 18, 19 años de edad que indignados tomaron las calles en ciudades de todo el país. Son mujeres y hombres con caras aún de niños pero que ya conocen el terror de la violencia, de la represión, de la muerte. Marchan juntos con decenas de miles de ciudadanos que están dispuestos a no tolerar más la injusticia, la impunidad y el abuso del poder.

El miércoles de la semana pasada la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutina a las 14 normales dispersadas en todo el país, convocó a esta marcha de protesta para demandar justicia por el asesinato y desaparición de decenas de normalistas rurales y exigir al gobierno federal el respeto a tener una educación diferente.

En la Ciudad de México la manifestación inició a las 16 horas en el Ángel de la Independencia. Ordenados, los jóvenes normalistas encabezaban el numeroso contingente de miles de personas que dejaron sus casas y salieron de sus trabajos para acompañar a estos estudiantes y reprochar al presidente de la República, al gobernador de Guerrero y al alcalde de Iguala la constante persecución y violencia que han desatado en su contra con el uso perverso de cuerpos policiales y de líderes charros como los que encabezan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Esta no es la primera agresión que sufren los normalistas en donde mueren varios de sus integrantes. A finales de 2011 otros tres estudiantes perdieron la vida cuando fueron baleados por agentes y policías del gobierno estatal en Chilpancingo, Guerrero, que preside el perredista Ángel Aguirre Rivero, el mismo que ahora busca aferrarse a la gubernatura ante las demandas ciudadanas que exigen su renuncia.

A esos asesinatos y desapariciones hay que sumar las constantes amenazas y cierre de escuelas; los recortes presupuestales para todas las normales rurales fundadas en el gobierno del general Lázaro Cárdenas como una alternativa de educación para los jóvenes más pobres y desprotegidos del país.

Durante la marcha que llegó hasta el Zócalo de la capital, miles de mexicanos gritaban consignas y portaban mantas y pancartas que daban cuenta del dolor, el coraje y la impotencia de la población. Ese dolor humano que se hace nudo en la garganta y nubla los ojos ante esta masacre estudiantil.

Otra vez policías al servicio del gobierno y del crimen organizado balearon, secuestraron, torturaron, quemaron y arrojaron a fosas clandestinas a decenas de estudiantes normalistas rurales. Los adolescentes que marchan saben entonces que tienen que arriesgar la vida por conseguir un espacio en esta sociedad marcada por el odio, el miedo y la violencia.

Este es el reclamo de miles de estudiantes normalistas que la semana pasada se apoderaron de las principales calles de las capitales del país para exigir justicia a un gobierno que no los escucha ni los entiende, que los ignora y los amenaza desde hace varias décadas con cerrar sus escuelas para impedir que esos centros de estudio socialista sigan educando a jornaleros, ejidatarios y campesinos que defienden su derecho a tener una educación diferente, preocupada por la dignidad y la justicia social.

Pero en esta marcha de protesta los normalistas rurales no están solos. La población ha hecho a un lado el miedo en el que ha estado sumida la última década y maestros, obreros, empleados, amas de casa, niños, mujeres y ancianos salieron a las calles de 25 ciudades en todo el país para gritar y exigir que cese la represión gubernamental contra estos jóvenes estudiantes que su único pecado ha sido salir de sus pueblos miserables y apartados en busca de mejores condiciones de vida.

“Inestabilidad institucional”: Peña Nieto

Con un país colapsado social, económica y políticamente, en los últimos meses hemos visto a un presidente cada vez más solo y desesperado, al punto de reconocer la semana pasada que el país se le ha ido de las manos porque hay «señales de debilidad institucional en algunas partes del territorio nacional».

Eso mismo sintió el fracasado expresidente panista Felipe Calderón en el sexenio pasado cuando se les desbordó la violencia, la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, al grado que a este último el exmandatario lo calificó de una fuerza paralela al Estado, pues desde aquel entonces el narcotráfico ya había penetrado las estructuras de todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), así como los congresos y las mismas salas de tribunales y cortes. Esto es lo que ahora tenemos que padecer los mexicanos.

Mientras la complicidad e impunidad se sucedían en los órganos de poder, los centros de inteligencia, civiles y militares, se veían rebasados y ponían en riesgo la seguridad nacional. Ese panorama de vacío de poder y riesgo nacional no ha cambiado, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Segunda Sección del Ejército y el área de seguridad e inteligencia de la Secretaría de Marina poco o nada han hecho para detener y más aún disminuir la violencia que cada día va en aumento, pues no han logrado identificar a servidores públicos, legisladores, jueces y empresarios que están involucrados con el crimen organizado.

Aunque estos órganos de inteligencia del gobierno han fallado para proteger a los mexicanos, como corresponde a su labor, los cuantiosos recursos públicos que se les destinan vía el presupuesto público no han disminuido, pues al contrario se han incrementado las partidas presupuestales en números reales cada año.

Por ejemplo, el Congreso de la Unión autorizó en 2013 un presupuesto para la seguridad nacional por 73 mil millones de pesos y en 2014 el monto se incrementó en 15.4 por ciento, al pasar a 84 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos más; sin embargo, es evidente que la violencia en este año se incrementó al punto que el propio presidente de la República ha reconocido por primera vez que hay «señales de debilidad institucional».

De esos miles de millones de pesos (84 mil millones) para la seguridad nacional, el Cisen que dirige Eugenio Imaz, fue el más beneficiado, al obtener un incremento de 127.42 por ciento en su presupuesto, pues de 3 mil 700 millones que recibió en 2013, para el siguiente año (2014) le entregaron 8 mil 400 millones de pesos.

La Secretaría de la Defensa tuvo un aumento de 7.7 por ciento, al pasar de 50 mil 400 millones en 2013, a 53 mil 900 millones en 2014, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Marina creció 14.15 por ciento, pues se elevó de 18 mil 800 millones a 21 mil 500 millones de pesos.

Ni todos estos miles de millones de pesos destinados a los órganos responsables de la seguridad nacional han podido acabar con las bandas del crimen organizado y tampoco hay logrado reducir la violencia que azota a todo el territorio nacional, en donde los últimos acontecimientos ocurridos en Guerrero, en donde hubo asesinatos y secuestros de jóvenes estudiantes normalistas rurales, fue lo que motivó la declaración desesperada de Enrique Peña Nieto, quien a dos años de asumir la Presidencia tiene una nación al borde del colapso social y económico.

Además de las protestas sociales que se han suscitado en prácticamente todo el territorio, un grupo insurgente salió de la clandestinidad para advertir que ante las constantes agresiones y amenazas contra jóvenes estudiantes normalistas rurales y la incapacidad del gobierno para contener y combatir al crimen organizado y aplicar la justicia, ellos lo harán.

Durante varios años los distintos grupos guerrilleros que hay en diversas regiones del país y que el gobierno federal y sus órganos de inteligencia niegan su existencia, habían permanecido en una aparente inactividad, aunque lo cierto es que han venido combatiendo a bandas delincuenciales involucradas en el narcotráfico que operan en poblaciones de la sierra de Guerrero y en otros estados del país.

Después de la agresión, integrantes del Comité Estatal de Guerrero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) leyó en video el siguiente comunicado.

“Al pueblo de México:

“Hoy nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero.

“Con todo el dolor ante la detención-desaparición de los compañeros normalistas y el vil asesinato de otros civiles el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, declaramos:

“1. Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narco-Estado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del estado mal llamado Guerreros Unidos.

“2. Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, por cualquier vía, pública o secreta.

“3. Declaramos a la Corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática como cómplice de los hechos del 26 de septiembre de 2014.

“Atentamente:

“Con el poder popular, el pueblo unido vencerá”.

Con esta declaración del ERPI estamos en el umbral del inicio de una lucha frontal de un grupo insurgente en contra de una banda del narcotráfico a la que se le ha atribuido el crimen de los estudiantes, sin embargo es por todos conocidos que fueron policías y militares, de acuerdo con testimonios de los propios normalistas sobrevivientes, quienes les dispararon, los secuestraron, torturaron y los desaparecieron. Son tiempos violentos que huelen a rebelión.

Corre Banamex a Arrigunaga

Por fin el director general del Grupo Financiero Banamex y presidente de la Asociación de Bancos de México, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, fue despedido por su complicidad de negocios en que involucró a esa institución financiera con la naviera Oceanografía, lo que ocasionó un desfalcó multimillonario en perjuicio del banco.

Hace varios meses comentamos en una columna que por lo menos fueron cuatro contratos los que definieron la rentable relación de negocios que estableció Banamex con Oceanografía.

Es en el llamado “contrato regulador” el que recupera los antecedentes de esa relación perversa de negocios de ese banco extranjero con el proveedor de Pemex, en donde se establece lo siguiente:

“Oceanografía, en su carácter de cedente, y Banamex, en su carácter de cesionario, han celebrado de tiempo en tiempo ciertos contratos de cesión de derechos que se relacionan en el Anexo A, mediante los cuales Oceanografía cede lisa y llanamente a Banamex todos aquellos derechos de cobro que existen a favor de Oceanografía derivados de los contratos con Pemex”. Así o más involucrado.

Por medio de este tipo de cesión de derechos, que según el contrato fueron notificados a Pemex para que depositara directamente en la llamada “cuenta de cobranza” las cantidades que corresponden a los derechos de cobro como resultado de los contratos de cesión de derechos.

El contrato regulador también señala que fue el 31 de mayo de 2012 cuando Banamex y Oceanografía celebraron un contrato de crédito. Antes, el 14 de diciembre de 2009, Banamex y Oceanografía celebraron un contrato de coberturas, mediante el cual se les permitía “de tiempo en tiempo” celebrar operaciones financieras derivadas para tener una protección contra variaciones en el tipo de cambio. Dichas operaciones – precisan los documentos del banco – podían consistir en cualquier transacción de swap de tipo de cambio (cross currency swap, contratos forward y futuros).

Con estos compromisos, el número y tipo de servicios que Banamex ofrecía a Oceanografía era muy amplio y representaba grandes márgenes para el banco que prácticamente realizaba un outsourcing de operaciones estratégicas de Oceanografía.

Por lo anterior, sería importante que la Comisión del Congreso que se integró con legisladores de varios partidos políticos, revisará todos estos documentos que hasta ahora se mantenían ocultos y que revelan la dimensión del negocio que habían montado Citibank-Banamex y Oceanografía para abusar de los recursos públicos de Pemex a través de contratos tramposos y fraudulentos.

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