México está de luto porque la sociedad toda ha sido acribillada con la última agresión en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Se trata de la máxima expresión de violencia ocurrida la semana pasada y cuyos hechos están concatenados por una política gubernamental hostil de constantes amenazas, intimidaciones y múltiples intentos oficiales por exterminar el último modelo educativo socialista proveniente de la Revolución Mexicana.

No es extraño entonces que el gobierno federal guarde silencio ante esta masacre estudiantil de jóvenes normalistas a manos de policías municipales, quienes aunque ya fueron identificados como los ejecutores, en realidad responden a una acción concertada de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para amedrentar y disminuir la participación de jóvenes indígenas y ejidatarios aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, quienes más que defender un modelo educativo para ellos significa un proyecto de vida.

El problema educativo en México es histórico: millones de analfabetas; un sistema oficial deficiente controlado por liderazgos corruptos y autoridades cómplices; privilegios a escuelas privadas católicas y caras; profesores sin preparación adecuada y alumnos mal alimentados. En medio de esa crisis de la educación pública, están las normales rurales como una alternativa social para que miles de indígenas, campesinos y jornaleros puedan acceder al sistema educativo que, sin esa opción, no tendrían oportunidad alguna de seguir preparándose y mejorar sus niveles de vida.

Sin importar que esos alumnos de las normales rurales sean los más pobres y marginados del país, los gobiernos federal, estatal y munciipal, junto con el corrupto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que desde prisión aún dirige Elba Esther Gordillo y su camarilla, han pretendido desde hace muchos años cerrar y desaparecer a las normales rurales, bajo el argumento de que se trata de centros de preparación de guerrilleros, sólo porque allí se tiene una educación con propósitos sociales y principios de igualdad y justicia.

Antes de esta última agresión en contra de estudiantes normalistas (en donde se reportan muertos, decenas de desaparecidos y fosas clandestinas con cadáveres de algunos de estudiantes secuestrados), recordamos otro caso de persecución y acoso a las normales rurales, ocurrido en el mismo estado de Guerrero a finales de 2011, cuando gobernaba el mismo advenedizo perredista Ángel Aguirre Rivero, en donde también las «fuerzas del orden» asesinaron a dos estudiantes normalistas que exigían al mandatario local cumplir su palabra y sentarse a discutir el pliego petitorio de la Normal de Ayotzinapa. En aquella ocasión, para eludir las críticas en su contra, Aguirre Rivero cesó de inmediato al procurador estatal, el secretario y al subsecretario de Seguridad Pública y al director de la Policía Ministerial por el violento desalojo de la autopista del Sol cuando un grupo de normalistas la habían bloqueado. Ahora a quien van a despedir, quién va a ser el responsable, porque son todas las autoridades las que pretenden extinguir las normales rurales del país.

Se acaban sueldos vitalicios en IPN y UNAM

Dos de las instituciones educativas públicas más importantes y trascendentes del país han sido severamente criticadas por su sistema de pensiones (sueldos vitalicios) que beneficia a exrectores y exdirectores en momentos en que los presupuestos públicos que les asignan son escasos e insuficientes. Se trata de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), este último en plena efervescencia estudiantil y académica por la intransigencia y autoritarismo de su exdirectora general, Yoloxóchitl Bustamante Díez.

En el caso de la UNAM, parece haberse resuelto el problema de los sueldos vitalicios, cuando en junio pasado éstos debieron haber llegado a su fin después de un periodo de transición.

Así, de 2005 a junio de 2014, esa casa de estudios destinó cerca de 14 millones de pesos a los sueldos de 44 exdirectores y de un exrector (Juan Ramón de la Fuente). De estos 45 exfuncionarios universitarios beneficiados con dinero público, 44 son exdirectores de institutos, escuelas y facultades.

Sin embargo, como la transparencia no es el brazo fuerte de las máximas autoridades de la UNAM, en aquella investigación periodística la Dirección General de Personal proporcionó restringida dicha información en respuesta a las solicitudes presentadas por este semanario a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, pero omitió los nombres de los 44 beneficiarios. La Unidad de Enlace, entonces a cargo de Óscar Barreiro Perera, se justificó: “El artículo 9 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM, establece: ‘La Universidad, a través de la Unidades Universitarias, sólo podrá divulgar, transmitir o hacer públicos los datos personales y la información confidencial del interesado mediante su consentimiento por escrito o por disposición legal…’”.

Mientras que en la UNAM parece entonces haberse resuelto este despilfarro de mantener con el presupuesto universitario a exdirectores y exrectores, en el Politécnico aún se mantiene vigente el pago de pensiones vitalicias a sus exdirectores generales, sin importar edad ni si devengan otros salarios por sus servicios profesionales privados.

Por ello entre las demandas de los estudiantes y profesores que exigen la renuncia de la directora general del Politécnico, destaca la cancelación de los sueldos vitalicios y la utilización de esos recursos para mejorar la calidad educativa. Es ésta la que preocupa a la sociedad debido a la asimetría con la que se trata a exdirectores frente a investigadores y académicos que dan sustento y legitimidad a instituciones como el IPN, el cual se suma a las escandalosas pensiones que el gobierno federal está acostumbrado a otorgar de forma vitalicia a quienes han ocupado los máximos cargos académicos.

Este dispendio de recursos preocupa aún más, porque mientras exdirectores generales del IPN reciben cientos de miles de pesos por año sin hacer nada para el país, millones de mexicanos se debaten en la miseria.

Una consulta al IPN que tuvo que ser resuelta gracias a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, establece que nueve exdirectores del Politécnico cobran desde hace varios sexenios más de 10 millones de pesos al año de fondos públicos, ante la anuencia y complicidad del gobierno federal. Se trata de dinero del erario que sale de los recursos naturales de la nación y de los impuestos que el fisco arranca cada mes a millones de mexicanos que trabajan todos los días.

Documentos entregados por los responsables de Recursos Humanos del IPN confirman que directores generales ya retirados de su cargo reciben un “sueldo” (sin trabajar) mensual de 95 mil 354 pesos. Claro, esto era hasta el sexenio pasado (Oficio de papel, 10 de octubre de 2011), seguramente ya les incrementaron esos pagos. Esta cifra supera en 380 por ciento el sueldo de los catedráticos mejor pagados del Instituto, cuya pensión estará sujeta a las condiciones generales de retiro de la población de trabajadores incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con los convenios firmados con el IPN, los trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico recibirán al retirarse y luego de haber cotizado 29 años, tan sólo 23 mil 750 pesos. Para los trabajadores que se retiren definitivamente del servicio, después de los 60 años, y que tengan como mínimo 10 años de servicio y el mismo tiempo de cotización en el ISSSTE, se les pagará hasta 12 mil 500 pesos. No más. No son parte de la elite privilegiada de la Dirección, aun cuando hayan dado su vida a la ciencia, a la academia y a la investigación. Una injusticia más de este país en donde la corrupción se ha arraigado.

La exdirectora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante Díez, puede estar tranquila por su futuro, pues cuando deje la Dirección General tendrá asegurada –en tanto no se resuelva el conflicto– también su pensión vitalicia que la apartará del resto de los millones de mexicanos que tienen que trabajar hasta el final de sus días para poder sobrevivir.

Pero no todos los exdirectores actuales aceptan estas prebendas. Hay dos que decidieron renunciar a esa pensión millonaria y seguir trabajando para devengar un salario justo, lo que confirma el abuso de los otros ocho exdirectores generales (el noveno de ellos ya falleció) que desde hace varios decenios cobran cientos de miles de pesos anuales sin aportar nada a la educación del país.

En contraste, los exdirectores, sin hablar directamente de pensiones, reciben una contraprestación adicional. En conjunto, la partida destinada a los exdirectores supera en 58 por ciento el total de los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, que en 2010 fue de menos de 6 millones de pesos. La información detallada corresponde a una exhaustiva investigación de la reportera Flor Goche y publicada desde 2011 en la revista Contralínea.

La incongruencia total es que los 10.2 millones de pesos que destina el IPN a exdirectores generales, aún después de retirados de su cargo, representan el 172 por ciento de los apoyos otorgados a las instituciones por el desempeño de los investigadores de nivel medio superior y superior, dados a través del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, que en 2010 sumaron apenas 5 millones 963 mil 986 pesos.

Al menos nueve exdirectores generales –de los 11 que todavía vivían– eran los beneficiarios, informó el IPN en respuesta a la solicitud de información 1117100048911 presentada por este semanario mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Según la respuesta, los exdirectores que cobran de manera individual 95 mil 354 pesos cada mes hasta el 2011 son: Miguel Ángel Correa Jasso, Óscar Javier Joffre Velázquez, Manuel Garza Caballero, José Gerstl Valenzuela, Raúl Eric Talán Ramírez, Eugenio Manuel Méndez Docurro, José Antonio Padilla Segura (quien falleció el 2 de marzo de 2012), Héctor Mayagoitia Domínguez y Sergio Viñals Padilla.

El monto que perciben los exfuncionarios politécnicos es el mismo que cobran el secretario particular de la directora general, los coordinadores y los directores de área en función. Se trata de la quinta remuneración más alta en el IPN, según el Apartado IV Remuneración Mensual del Portal de Obligaciones y Transparencia de la Administración Pública Federal.

Además, ese pago mensual a los exdirectores generales, supera en 380 por ciento el sueldo de los catedráticos mejor pagados de la institución: los profesores titulares de educación superior y media superior, foráneos, de tiempo completo y con estudios de doctorado, quienes reciben al mes 25 mil 138 pesos. Y esto se agrava si sabemos que algunos de esos nombramientos fueron decisiones políticas para beneficiar a amigos y comparsas.

Uno de los dos exdirectores del IPN que han rechazado ese pago vitalicio injusto es José Enrique Villa Rivera –quien por designación del presidente de la República se desempeñó como director general del IPN de 2003 a 2009–, quien se niega a hablar de la razón de ser de dicha compensación. No obstante, asegura que él no recibe “ningún sueldo, ni un sólo quinto pagado por el Politécnico por ser exdirector general”.

De acuerdo con los Lineamientos para el Funcionamiento y la Operación del Consejo de Exdirectores Generales del IPN –uno de los cuatro órganos de asesoría del Politécnico, cuyo acuerdo de creación data de 1980– “la condición de miembro del Consejo se adquiere automáticamente al concluir el cargo de director general del Instituto, lo mismo que el derecho a desempeñar las actividades previstas en estos lineamientos, con la remuneración que para tal efecto haya sido determinada”.

Villa Rivera indica que la normatividad establece que “el cargo de consejero será vitalicio e indelegable”; por eso, y por el “interés y el amor que tenemos a la institución”, ningún exdirector general ha declinado de participar “de manera genuina” en este órgano, que por reglamento se reúne a solicitud del director general en turno. A decir del doctor en ingeniería en ciencias petroleras, actualmente son 11 los exdirectores generales que integran este órgano.

En respuesta a la solicitud de información pública 1117100048911, no figuran Diódoro Guerra Rodríguez ni Villa Rivera. El encargado de formular la respuesta fue Hugo Castillo Fernández, director de Recursos Humanos. ¿Será porque ambos exdirectores se niegan a cobrar un salario mensual de casi 100 mil pesos sin trabajar?

Lo que sucede en el IPN, en donde el “sueldo” mensual de un exdirector general es 1 mil 642 veces mayor que un salario mínimo, es un reflejo de lo que ocurre a nivel gubernamental, pero también una expresión de la debacle de los movimientos sindicales universitarios.

Abolir las onerosas pensiones, fiscalizar desde la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto a las instituciones de educación superior y aplicar la Ley de Salarios Mínimos son demandas urgentes que el presidente Enrique Peña Nieto debe atender si no quiere abrir otro frente más que mantenga al país en crisis permanente, como hasta ahora se encuentra.

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