A los dueños del dinero, empresarios y políticos –estos últimos enriquecidos a partir de ocupar cargos públicos–, no les gusta la crítica y mucho menos que los periodistas investiguen el origen de sus fortunas y, cuando esto sucede, sus respuestas son violentas, amenazantes, censoras, intimidatorias.
Otro de los muchos métodos empleados para impedir que los medios de comunicación hagan bien su trabajo e investiguen a estos hombres del dinero, es invertir en la prensa, adquirir periódicos, obtener concesiones de televisión y radio o abrir portales en Internet y, al asumir espacios en los consejos de administración, esos empresarios y políticos enriquecidos ilícitamente se apoderan también de las líneas editoriales e impiden cualquier crítica en su contra y de las empresas que representan. La información entonces se vuelve superficial y banal.
Esta práctica ocurre en todo el mundo, en donde los medios de comunicación que otrora eran de mucho prestigio, se han convertido en gigantes corporativos en donde participan empresas de diversas índole, incluidas hasta instituciones financieras como bancos, los cuales empiezan por financiar a los medios mediante créditos y terminan apoderarse de las direcciones. Y mientras eso sucede en los consejos de administración de los medios, en las áreas editoriales los periodistas cada día son más acotados, impedidos para realizar sus trabajos de investigación hasta el extremo de la autocensura, y muchos de ellos prefieren abandonar sus centros de trabajo antes que guardar silencio, callarse ante las injusticias y abusos del poder.
Otra razón para que empresarios y políticos inviertan cada vez más en medios de comunicación, como ahora sucede en México, es la creciente influencia que éstos tienen en las decisiones políticas de los gobernantes. El poder manipulador de la sociedad a través de la información y la publicidad les permite a los dueños de los medios decidir prácticamente quien se convierte en presidente, en gobernador, en alcalde, en legislador. Entonces ya no sólo se apoderan del dinero de la sociedad, del dinero público, sino también controlan los intereses políticos y la agenda pública que tuercen para su beneficio.
Por eso en México los empresarios más poderosos económicamente buscan ahora invertir en prensa y en medios de comunicación, tal es el pleito que protagonizan ahora por lo que será la tercera, la cuarta y hasta una posible quinta cadena de televisión abierta. Así, vemos al hombre más rico de México y del mundo, Carlos Slim, comprando acciones de prestigiados periódicos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y en México se abre espacio en la televisión de paga y pronto, muy pronto, obtendrá la concesión en la televisión abierta, lo que incrementaría no sólo su poderío económico, sino su influencia que cada día crece más en materia política.
Pero Slim no va sólo, otros empresarios también pretenden concesiones para cadenas televisivas y entre esos 20 grupos que ya cabildean en Los Pinos y en el Congreso y se frotan las manos para competir con Televisa y Televisión Azteca están Olegario Vázquez Raña, Manuel Arroyo, Joaquín Vargas, Roberto Álcantara, Alejandro Junco, Luis Maccise, Ealy Ortiz y otros más.
Así, los periodistas han sido desplazados de las direcciones generales de los medios de comunicación. Son contados y están sólo en la prensa escrita. Esto afecta por supuesto el ejercicio profesional, la ética periodística y, sobre todo, la responsabilidad social que tiene el periodismo, la única razón de ser para este viejo oficio que los dueños del dinero y de la política han pervertido y convertido en un espectáculo de divertimento, de burla, de manipulación y de enriquecimiento desmedido.
Esta intrusión de empresarios y políticos en las decisiones de la prensa se ha traducido en la promoción de informaciones banales, frívolas, irresponsables, chismosas y de escándalo, con lo cual distraen la atención social de los principales problemas sociales y aprovechan esa superficialidad informativa para mantener sometido al país en la impunidad, en la injusticia, en los abusos del poder y ser tolerantes con el tráfico de influencias y la corrupción.
El objetivo es que nadie en la prensa cuestione los negocios ilícitos o el espontáneo enriquecimiento de hombres públicos y empresarios corruptos que se aprovechan del presupuesto público para adquirir yates, vehículos de lujo, mansiones, viajes e incrementar sus abultadas cuentas bancarias en paraísos fiscales, todo logrado con dinero del erario federal.
Y es aquí en donde la libertad en las redes sociales quiere jugar ese papel preponderante que la prensa parece haber perdido. Sin embargo, hasta ahora no le alcanza a esas nuevas formas de comunicación social para encontrar toda esa información que está oculta en las gavetas y en las cajas fuertes de las oficinas de gobierno; en las cuentas privadas de políticos y empresarios que acumulan dinero en instituciones financieras de paraísos fiscales o los malos manejos administrativos que hacen del dinero del erario los tres poderes de la unión. Este es un trabajo que sólo pueden hacer los periodistas que investigan, que están bien preparados metodológicamente para ir hasta las entrañas del poder y desnudar a esos hombres del dinero. Estos periodistas en México están en extinción, porque nadie en los medios quiere pagar por su trabajo que incomoda al poder.
Así, mientras los medios de comunicación en México son coptados por los dueños del dinero, empresarios y políticos, la atención de la información se desvía a las notas de escándalos políticos, violencia y vidas privadas, mientras que los graves problemas sociales (pobreza, salud, educación, vivienda, indigenismo) se han olvidado en la agenda mediática.
Después de todo en la tabla de valores de esos burócratas, empresarios y líderes corruptos están la acumulación del dinero, el entretenimiento, la diversión fácil, vivir sin angustias ni preocupaciones a costa de la corrupción y, lo más triunfal, burlarse de la ley y la justicia cuando les plazca, por eso en las cárceles mexicanas no hay presos políticos ni ricos.
Es claro que a los hombres del poder, a los gobernantes, a los dueños del dinero, a los líderes sociales, no les gusta la crítica y mucho menos que los periodistas los investiguen, y cuando esto sucede, las respuestas son violentas, amenazantes, intimidatorias, pues a los integrantes de los poderes económico y político les va bien una prensa banal, frívola e irresponsable, como la que ahora controlan.
Sólo así nos explicamos la aparición del presidente de este país en programas de espectáculos, con seudointelectuales vinculados al poder y periodistas a modo que promueven lo que les dictan sus dueños. Viva la democracia y la libertad de prensa promovida desde el poder.
Sucesión en Jurídicas de la UNAM
Dos instituciones autónomas tendrán actividad estos días para renovar la dirección general en una y consejeros electorales en otra y que, aunque pareciera no tener vínculo entre ellas, la realidad es que hay una estrecha relación de negocios e intereses personales.
A finales de agosto el prestigiado Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestra máxima casa de estudios, renovará a su director general mediante un proceso de sucesión en donde la última palabra la tiene la Junta de Gobierno de la UNAM. Será este jueves 28 cuando empiece el proceso y el rector José Narro Robles designe a la terna de donde saldrá el sucesor del doctor Héctor Fix Fierro.
Entre investigadores del Instituto hay preocupación de que el proceso sucesorio se vicie por los muchos intereses políticos y económicos que representa manejar esa destacada institución académica. Algunos de ellos comentan que el presidente de Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, investigador con licencia de Jurídicas, está muy interesado en que alguno de sus “amigos” ex ITAM quede en la dirección general. Para nadie es un secreto tampoco la enorme influencia que tiene en el proceso el doctor Diego Valadés.
Hasta ahora quienes se mencionan como precandidatos para ocupar esa honrosa responsabilidad son Pedro Salazar Ugarte, Gabriela Ríos Granados y José María Serna, los tres muy institucionales. De llegar alguno de ellos, la presencia de Lorenzo Córdova se sentiría en la UNAM, pues simultáneamente a la designación de director en Jurídicas, en el INE se lleva a cabo el proceso de selección y nombramiento de los nuevos consejeros electorales locales en todo el país. Esto lo lleva a cargo la comisión que preside el consejero electoral Marco Baños, quien con sus asesores identificó varios reactivos con Ceneval y otras instituciones académicas prestigiadas con el propósito de blindar y legitimar este proceso.
Sin embargo, el responsable final de revisar todo el expediente y avalar dicho proceso de selección del INE para determinar quiénes son aptos para esos cargos es precisamente el Instituto de Investigación Jurídicas, de ahí el enorme interés de Córdova en el investigador que será designado próximo director general de esa institución académica. Se trata de un contrato que firman el INE y Jurídicas de la UNAM, en donde hay en juego muchas decenas de millones de pesos.
Igual que Jurídicas, este proceso en el INE se entrega a finales de agosto y el Instituto tendría que entregar sus resultados en la segunda o tercera semana de septiembre, ya una vez nombrado el director general.
Otro dato relevante es que el propio coordinador del área de Derecho Electoral, César Astudillo, es también amigo de Lorenzo Córdova, razón por la cual algunos investigadores acusan posible conflicto de interés y un propósito de utilizar al Instituto como un mecanismo de legitimidad política, por lo que hay inquietud y preocupación en la designación.
El actual director general del Instituto, Héctor Fix Fierro, hijo de aquel destacado jurista Héctor Fix Zamudio, fundador de Jurídicas, termina su segundo periodo y al parecer saldría con destino al CIDE como profesor invitado.
Es responsabilidad del doctor Narro sugerir la terna y calificarla, pero es la Coordinación de Humanidades la que verifica que se cumpla con la Legislación Universitaria, para que posteriormente la Junta de Gobierno determina quien será el nuevo director general de Jurídicas de la UNAM.
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