Emparejado con la reforma energética, ahora toca a los mexicanos enfrentar otro grave problema, el de asumir la deuda de las pensiones de los trabajadores petroleros y electricistas.

Resulta que la consolidación como deuda pública de los regímenes de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría ser el principio de una multimillonaria factura que pagaremos los mexicanos por este tema, pues todo el Sistema Nacional de Pensiones está en crisis y a punto del colapso. La explicación sólo es una: corrupción gubernamental, abuso de poder e impunidad. Mientras el gobierno federal ignore esto, el país seguirá sumido en la miseria, la desigualdad social y la violencia.

La deuda total a largo plazo del Sistema supera los 5.6 billones de pesos, y no sólo incluye a las paraestatales del sector energético: también a las instituciones de seguridad social, las sociedades nacionales de crédito, las entidades en proceso de liquidación, los organismos autónomos, las universidades públicas estatales y el Consejo de la Judicatura Federal.

Por ello, ante la urgencia que en breve enfrentarán las finanzas de esas instituciones, pronto podríamos ver una cascada de rescates con dinero público, similares al que recientemente aprobaron los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México en el Congreso para Pemex y la CFE.

Y es que datos revelados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indican que, al 31 de diciembre de 2012, “los planes de pensiones y demás obligaciones laborales de los planes de pensiones del sistema de beneficio definido que operan en el país, las entidades del Poder Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos registraron en conjunto un déficit actuarial por 5 billones 613 mil 842 millones de pesos”. Dicho monto incluye los pasivos tanto de Pemex como de la CFE, que ya son deuda pública.

En la auditoría de desempeño 12-0-06100-07-0178, el máximo órgano de fiscalización del país explica que ese déficit actuarial se debe “a que el activo total de los planes pensionarios ascendió a 675 mil 23 millones de pesos y el monto total de los pasivos laborales fue por 6 billones 288 mil 866 millones de pesos”.

Al analizar la viabilidad financiera de los planes de pensiones, jubilaciones y demás obligaciones laborales relacionadas, la ASF detalla la situación del déficit por sector. Así, se sabe que hasta hace año y medio el Poder Ejecutivo tenía activos en este rubro por 321 mil 745 millones 600 mil pesos, mientras que sus pasivos laborales ascendían a 5 billones 667 mil 273 millones; esto es que su deuda sumaba 5 billones 345 mil 528 millones. Y el Poder Judicial contaba con activos por 5 mil 898 millones; pasivos por 11 mil 595 millones y un déficit de 5 mil 696 millones de pesos.

Al desagregar los montos, la Auditoría descubre que los institutos de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social –asegurador y patrón–, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asegurador y patrón) concentran las mayores deudas por pensiones: para fines de 2012 sus activos ascendían a 250 mil 980 millones; sus pasivos a 3 billones 759 mil 961 millones, y su déficit a 3 billones 508 mil 981 millones.

Por nivel de endeudamiento, le siguen las entidades paraestatales (que incluyen a Pemex y la CFE): mientras sus activos para pensiones ascendían a 8 mil 843 millones de pesos, sus pasivos a 1 billón 495 mil 406 millones. Es decir que su déficit para entonces se calculaba en 1 billón 486 mil 562 millones de pesos.

Las entidades en proceso de liquidación se encuentran en tercer lugar, al tener activos por apenas 20 mil 819 millones de pesos y unos pasivos por 361 mil 43 millones de pesos; por lo cual su déficit ascendía a 340 mil 223 millones. En este rubro se incluyen 11 entidades en proceso de desincorporación: Luz y Fuerza del Centro, Banrural, FINA, Fideliq, Fopaz, Seranor, Banpesca, Alsur, Pil, BNCI y Ferronales.

En cuarto lugar se encuentran las universidades públicas estatales, con activos por 306 mil 859 millones pesos; pasivos por 575 mil 212 millones y un déficit actuarial por 268 mil 353 millones de pesos.

Le siguen los organismos autónomos con activos para las pensiones por 347 mil 380 millones de pesos; pasivos por 609 mil 997 millones y un déficit por 262 mil 617 millones.

Con deudas menores se encuentran el Consejo de la Judicatura Federal: activos por 2 mil 744 millones; pasivos por 9 mil 967 millones y un déficit de 7 mil 223 millones de pesos.

Otras entidades con obligaciones laborales (IMP, IFONACOT, Exportadora de Sal, Televisión Metropolitana, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FIRA, FICOMI, El Colegio de México, SAE, PMI Comercio Internacional, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Lotería Nacional, Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Comisión Nacional Bancaria y de Valores), con activos por 3 mil 963 millones; pasivos por 10 mil 466 millones, y un déficit por 6 mil 503 millones.

También con déficit están las sociedades nacionales de crédito (Nafin, SHF, Bancomext, Banobras, Banjército y Bansefi): activos por 37 mil 139 millones; pasivos por 40 mil 397 millones, y una deuda de 3 mil 257 millones.

En el recuento que hace la Auditoría Superior, sólo dos instituciones cuentan con superávits actuariales: el Banco de México (con activos por 40 mil 521 millones; pasivos por 34 mil 784 millones y superávit por 5 mil 736 millones) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (activos por 3 mil 153 millones; pasivos por 1 mil 627 millones, y superávit por 1 mil 526 millones de pesos).

Según el reporte de fiscalización, al 31 de diciembre de 2012 se registraron 105 regímenes pensionarios, de los cuales 74 (70.5 por ciento) fueron regímenes pensionarios de reparto, 14 (13.3 por ciento) correspondieron a regímenes de contribución definida y 17 (16.2 por ciento) a regímenes especiales.

Uso discrecional de las pensiones

Ahora que los legisladores nos obligarán a pagar las deudas por pensiones de Pemex y la CFE deberían por lo menos de tener la decencia de investigar cómo se gastan esos recursos en ambas empresas. La revista Contralínea documentó en su edición del 27 de septiembre de 2009 cómo la petrolera estatal manejó discrecionalmente 4 mil millones de pesos originalmente etiquetados para los pensionistas.

El caso se remonta a 2007, cuando Pemex transfirió 4 mil millones de pesos fuera de presupuesto al Fondo Laboral “para liberar la presión” de las jubilaciones; sin embargo, meses después retiró el dinero y lo destinó al gasto programable, revela la copia del acta de la 784 sesión ordinaria del Consejo de Administración.

Así, en el primer trimestre de 2008 la paraestatal modificó el destino de los 4 mil millones de pesos: gasto corriente y el gasto de capital. La modificación presupuestaria se discutió como parte de “la segunda adecuación al presupuesto 2008”.

El entonces director corporativo de Finanzas de Pemex, Esteban Levín Balcells, justificó que “se requiere realizar la reasignación de recursos al gasto para la operación de la empresa, para hacer frente a las necesidades operativas y al cumplimiento de los compromisos contraídos por la misma”.

La adecuación implicó dos medidas: las transferencias de capital del gobierno federal por 2 mil 806 millones de pesos y “un movimiento compensado en el gasto por 6 mil 744 millones de pesos, sin modificar el techo autorizado, para cubrir las insuficiencias más urgentes del gasto para la operación de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.

Esta última involucró la reasignación de los 4 mil millones de pesos de las pensiones, además de 2 mil 275 millones de pesos del registro de la deuda de los Pidiregas (acrónimo de los proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto) y de 469 millones de pesos derivados del diferencial del tipo de cambio del mismo programa de registro de los Pidiregas.

Así, el destino de los más de 6 mil 700 millones de pesos quedó lejos de cubrir la deuda de los Pidiregas y las pensiones, pese a que ambos rubros se consideran de urgente atención por supuestamente provocar la quiebra técnica de la petrolera.

Lo que sí se cubrió con ese dinero, consta en el acta del consejo, fue el transporte de productos de los organismos subsidiarios, el pago de materiales y servicios para la operación de éstos y la atención a los requerimientos de los servicios médicos y de telecomunicaciones, capítulos que ya habían sido considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, aprobado por la Cámara de Diputados.