¿Qué esconde la empresa Oceanografía que políticos y empresarios buscan apoderarse de ella? Debe ser algo muy valioso, cuando el mismo gobierno federal, a través de sus órganos fiscales y de justicia, ocupó esa empresa privada y encarceló a su dueño Amado Yáñez Osuna bajo el argumento de que éste había defraudado a Banco Nacional de México, SA (Banamex) –un negocio ilícito entre privados–, a través de facturas apócrifas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ya detenido, se vino la negociación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el peligroso delincuente que nos había presentado la autoridad: Yáñez Osuna. De pronto el Ministerio Público federal se desiste y le finca un sólo delito “no grave”, para que un juez federal le otorgue su libertad bajo caución al garantizar aquél una fianza por sólo 80 millones de pesos. Cifra ridícula si se considera que Yáñez Osuna obtuvo financiamientos ilegales de Banamex, SA, por 500 millones de dólares y contratos en Pemex por miles de millones de pesos.

Pues en los casi 3 meses que lleva el affaire Oceanografía han salido ya muchos hombres de negocios y políticos con intención de apoderarse de esa empresa con múltiples problemas, y la razón es que en su haber tiene decenas de contratos multimillonarios firmados a su favor por la principal empresa del Estado: Pemex.

Entre los más activos está el grupo Hank, de Carlos Hank Rhon, priísta dueño del Grupo Financiero Interacciones y al cual Yáñez Osuna también intentó defraudar con facturas falsas de Pemex. Pero quien lleva la delantera es el político priísta Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani, socios de Televisa, quienes han cabildeado a todos los niveles y han sostenido encuentros con altos funcionarios del gobierno y hasta con los acreedores de Oceanografía, encabezados principalmente por Banamex, en donde se reunieron con los directivos para empezar a negociar el pago de la deuda y que esa institución financiera extranjera, propiedad de Citibank, no sea el obstáculo mayor.

Con los avances en las pláticas, podría ser que en las siguientes semanas los Alemán, padre e hijo, se apoderen de Oceanografía con la anuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto y, en consecuencia, todos los contratos que por miles de millones de pesos siguen pendientes en las arcas de Pemex pasen a ser propiedad de ellos.

La corrupción de Banamex-Oceanografía

En el caso de corrupción de Oceanografía con la banca privada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descubrió que Banamex incurrió en graves irregularidades al otorgar créditos por un total de 8 mil 80 millones de pesos, que habrían derivado en un supuesto fraude que podría superar los 5 mil 200 millones.

De acuerdo con los resultados de la investigación –cuyo oficio de orden de visita fue identificado con el folio 141-2/111089/2014–, la institución financiera incurrió en “diversas fallas y desviaciones a los procedimientos” dictados por sí misma.

Entre estas anomalías destaca que Banamex presentó “desapego a políticas y procedimientos internos”; “deficiencias en el sistema de control interno”; “fallas en el proceso de originación [sic] y administración de crédito”; “deficiencias en los contratos”, así como en la “administración de riesgo” y en la “auditoría interna”.

El reporte de la CNBV, al que se tuvo acceso, indica que en este caso sus auditores desarrollaron pruebas sustantivas y de cumplimiento con respecto del proceso de otorgamiento y administración de los financiamientos que Banamex dio a Oceanografía, a través de las operaciones de descuento de documentos, también conocidas como de factoraje.

Para ello, durante las visitas de investigación a Banamex, la autoridad financiera revisó los manuales de políticas y procedimientos de crédito para el descuento de documentos, los contratos y convenios modificatorios firmados entre Pemex Exploración y Producción (PEP) y Oceanografía; la anuencia de PEP respecto a la cesión de derechos; la notificación de derechos de Oceanografía a PEP; así como las estimaciones de obra descontadas pendientes de pagos por parte de PEP.

Los investigadores de la CNBV también realizaron entrevistas con los funcionarios responsables; la conciliación de las estimaciones de obra pendientes de pagar por PEP contra los estados de cuenta donde Banamex depositó los financiamientos correspondientes, y revisaron la mecánica de operación de las cesiones de derechos de cobro, así como la evaluación de los controles establecidos en la operación. Además, fiscalizaron los depósitos realizados por Banamex a Oceanografía por la realización de dichas operaciones.

La indagatoria –con sus correspondientes visitas de investigación– de la CNBV a Banamex se llevó a cabo del 24 de febrero al 25 de abril pasados. Posteriormente, la autoridad financiera fijó un plazo para que la filial de Citigroup, en uso de su garantía de audiencia, manifestara lo que a su derecho conviniera.

Pero poco antes de finalizar la indagatoria, el 14 de abril la Comisión que dirige Jaime González Aguadé emitió el comunicado de prensa 026/2014 en el que detalló que se encontraba “próxima a concluir la visita de investigación que ha venido realizando desde febrero en Banamex, la cual se enfocó en la revisión de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de crédito relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos”. Después de esto, lo que los mexicanos esperamos es una verdadera sanción económica a Banamex por las prácticas corruptas que desarrolla en nuestro país desde hace muchos años.

En dicho comunicado quedó de manifiesto que la autoridad sí consideró que Oceanografía defraudó a Banamex: “Durante el periodo en que dicha visita se llevó a cabo, se identificó un segundo presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad menor a 30 millones de dólares. Lo anterior se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación.

“Adicionalmente, con relación a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude. Por otro lado, en sus resultados al primer trimestre de 2014, Citigroup reportó un impacto adicional por 2 mil 150 millones de pesos relacionado principalmente con la operación de Oceanografía, SA de CV, comunicada el pasado 28 de febrero de 2014.”

Aunado a esto, 5 días después de concluir la investigación –el 30 de abril–, Jaime González Aguadé declaró al programa de radio Fórmula Financiera:

“Si recuerdan un poco cómo se inició este tema cuando Oceanografía fue inhabilitada por la [Secretaría de la] Función Pública para seguir prestando servicios al gobierno federal y se hizo la conciliación entre Banamex y Pemex, se identificó que algunos de los servicios por los cuales ya les había hecho el descuento Banamex no serían pagados por Pemex porque no se reconocían.

“Y eso era a través de una operación de factoraje que es una operación conocida, una operación de la cual dependen muchas empresas en México; sin embargo, pues éste era un monto muy relevante y de esa primera conciliación, se llegó a un monto de 400 millones de dólares.

“Fue entonces que entramos a revisar, vimos todos los procedimientos dentro de Banamex, vimos cómo se generó también el primer crédito, al amparo del cual se dio [sic] estos factorajes, los controles dentro de Banamex y también revisamos el impacto posible en el resto del sistema financiero, el cual como hemos platicado, estaba acotado a Banamex.

“Y después también revisamos las otras imputaciones que se hacían, sobre todo de uno de los socios de Oceanografía, que era el presidente del consejo de [Caja] Libertad [Martín Díaz Álvarez], quien a estas fechas, y vale la pena señalarlo, ya dejó el Consejo, ya no es el presidente del Consejo: se han tomado medidas muy importantes en [Caja] Libertad para cambiar a los consejeros, para cambiar a la administración. Hoy la encabeza Carlos Septién, que es un funcionario bancario de más de 35 años de experiencia, que ha sido director general de dos bancos. Entonces esa parte está muy bien encausada, la parte [Caja] Libertad, y por el otro lado, en esta primera etapa digamos, ya cerramos la investigación en Banamex y tendremos resultados en las siguientes semanas.

—O sea [sic], decías hace ratito, Jaime, que algunas de las conclusiones no pueden ser públicas, pero ¿no con la transparencia, con la nueva reforma ya puedes hacer público aún sin que estén firmes las sanciones? –preguntó la conductora Maricarmen Cortés.

—Cuando impongamos la sanción, Maricarmen, lo que hoy hay [es] una parte judicial, que ésa es una investigación que continúa y que evidentemente, como sabes, no la podemos hacer pública y tampoco… Y además escapa a nuestra competencia, pero la parte de las observaciones al banco o las posibles sanciones al banco, ésas solamente se pueden dar a conocer cuando efectivamente estén impuesta la sanción en el banco y de acuerdo con los lineamientos que nos aprobó la Junta de Gobierno.

“Es decir, una vez que impongamos la sanción al banco, que no lo hemos hecho, si es que lo hacemos, que seguramente además sí lo haremos, pero una vez que impongamos esa sanción la daremos a conocer al público a través de los medios ya aprobados por la Junta de Gobierno.”

Hasta ahora, la CNBV no ha hecho pública ninguna sanción por este motivo.

Y de acuerdo con las bases de datos de la Comisión, de febrero a la fecha, la filial de Citigroup sólo ha recibido una sanción por “infringir el artículo 115, noveno párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito”.

El motivo: “no enviar dentro del plazo el resultado de la revisión efectuada por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, sobre la evaluación y dictaminación anual del cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”.

Corrupción en gobierno de Baja California

El gobierno de Baja California, que preside el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, asignó directamente un contrato por 16.4 millones de pesos a la empresa Lazos Internacionales, SA de CV, propiedad de Antonio Carlos González Ortiz Mena, hermano del director de Inversión del Fondo Nacional de Infraestructura de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Francisco González Ortiz Mena, para fabricar 81 mil juegos de plazas vehiculares, lo que significó un sobreprecio del 7 por ciento.

La operación, que según algunos de los concursantes estuvo amañada para favorecer a Ortiz Mena, se realizó con una empresa que había estado inactiva desde hacía 11 años y se reactivó hasta el 2013, de acuerdo con los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, no contaba con el registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la fabricación de placas y calcomanías vehiculares.

A principios de 2014, la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California emitió la Licitación Pública 32065001-016-14, correspondiente al suministro de las placas y calcomanías vehiculares, proceso en el que se inscribieron firmas como Grupo Industrial; Troquelados e Impresos, SA de CV; Placas Realzadas, SA de CV; y Transportistas Unidos de Morelos, SA de CV, todas ellas registradas en la lista de proveedores como las únicas autorizadas para este tipo de licitaciones y el suministro de estos materiales, según el acuerdo emitido por la SCT el 25 de septiembre de 2000.

El 26 de febrero pasado la dependencia canceló el mencionado concurso, argumentando que derivado de la ejecución de programas para controlar la verificación de contaminantes de cada vehículo en la entidad, los ingresos proyectados por la Secretaría de Planeación y Finanzas se encontraban por debajo de lo proyectado y, en consecuencia, carecía de los recursos para la adquisición de placas.

Sin embargo, un mes después de esta decisión, adjudicó de manera directa este contrato, a través del dictamen DAD-ADO-SPF-33-14 del 28 de marzo de 2014, a la empresa Lazos Internacionales, SA de CV, bajo el argumento de una alta demanda de las láminas y la necesidad de contar con ellas a “un bajo costo” y en el menor tiempo posible.

Las empresas participantes en la licitación promovieron cuatro demandas de amparo contra este proceso de adjudicación irregular ante el juez de Distrito en el estado de Baja California, al considerar que el gobierno del estado viola de manera flagrante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para favorecer al nieto del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena.

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