La desinversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Repsol, anunciada oficialmente el pasado 4 de junio, pone fin a una sociedad que benefició únicamente a la trasnacional española. En plena crisis económica del país ibérico, en 2011, a finales del gobierno de Felipe Calderón, la paraestatal mexicana inyectó capital fresco por aproximadamente 1 mil 150 millones de euros a precio de mercado, con lo cual su participación accionaria llegó al 9.4 por ciento.

Al margen del Congreso de la Unión y del propio Consejo de Administración de Pemex, la petrolera –entonces encabezada por el panista Juan José Suárez Coppel– resolvió unilateralmente que ésa era una “alianza estratégica” para la industria mexicana; pero a menos de 3 años, la realidad se impuso con el fracaso de la sociedad.

Lo más grave es que mientras Pemex invertía en España, en nuestro país se cancelaba en la práctica la construcción de la Refinería Bicentenario “por falta de recursos”.

Ha tocado a Emilio Lozoya explicar las razones de la venta de las acciones mexicanas en Repsol; sin embargo, lo que esperamos oír del actual director general de Pemex es que se investiguen las razones comerciales y económicas que motivaron al gobierno de Calderón para actuar en contra de los intereses nacionales y disponer de miles de millones de pesos para invertir en España, como también ocurrió con la participación de Pemex en los astilleros de aquel país europeo.

Al parecer no hay ley alguna que sancione a los burócratas por tomar malas decisiones, equivocadas o mal intencionadas que merman las finanzas públicas, y aunque Emilio Lozoya aparece políticamente correcto al dar la cara por la pésima actuación de su antecesor Juan José Suárez Coppel, los mexicanos quisiéramos que de una vez por todas se termine con la corrupción en la principal empresa del Estado, aunque en la Procuraduría General de la República (PGR) piensen otra cosa y den facilidades a quienes defraudan a la paraestatal.

La ampliación del paquete accionario de Pemex en Repsol, a finales de 2011, formó parte de una serie de acciones financiadas con dinero público para “rescatar” la industria de España, la tierra querida de la familia de Juan Camilo Mouriño, el íntimo amigo de Calderón que falleció cuando ocupaba la Secretaría de Gobernación. Por acuerdos entablados por Mouriño, Pemex se comprometió a comprar los hoteles flotantes, por ejemplo.

Para justificar la multimillonaria inversión, PMI Comercio Internacional –filial de Pemex– aseveró que ésta se dio como parte de la estrategia de crecimiento de la paraestatal en el ámbito internacional, para “alinear visiones y apalancar fortalezas y oportunidades en ambas empresas, coadyuvando al cumplimiento de algunos de los objetivos estratégicos más importantes del Plan de Negocios de la paraestatal”.

La llamó “alianza estratégica” y dijo que tendría beneficios específicos para México, que por supuesto en estos 32 meses jamás se cumplieron. Algunos de ellos fueron: potencializar tecnologías desarrolladas por Repsol en interpretación de sísmicas (caleidoscopio) en el portafolios de Pemex y en proyectos de gran complejidad (Chicontepec, aguas profundas); intercambios de tecnología con el Centro de Investigación de Repsol; intercambios para el desarrollo de personal de Pemex Exploración y Producción en campos complejos o de características similares (carbonatados).

Según PMI, se contaría con un socio que permanentemente participaría bajo los nuevos esquemas de contratación en México; se tendría mayor acceso a tecnología, prácticas y conocimiento para el desarrollo de recursos no convencionales (shale gas) y a una capacidad de refinación de cerca de 800 mil barriles diarios.

Otro supuesto beneficio de la inversión que superó los 1 mil millones de euros era materializar acuerdos comerciales en la región que favorecerían a ambas empresas.

La inversión se concretó el 1 de septiembre de 2011, pero no fue directa: Pemex usó a una de sus 12 empresas privadas radicadas en paraísos fiscales, a las cuales se les conoce como el Grupo PMI, porque son regidas por PMI Comercio Internacional.

Fue PMI Holdings, BV –filial radicada en las Antillas Holandesas–, la que compró a nombre de la paraestatal mexicana 56 millones 377 mil 90 acciones de Repsol, representativas del 4.62 por ciento del capital de la española por más de 1 mil 150 millones de euros.

Ahora que la paraestatal mexicana puso a la venta un paquete accionario que representa el 7.86 por ciento de las acciones de la trasnacional española, Pemex ha anunciado que la desinversión tendrá una plusvalía: en 2011 la acción se compró a un precio de 19.95 euros y ahora se venderá a 20.1 euros.

Por su relevancia financiera, la inversión fue considerada una de las dos operaciones altamente relevantes de PMI Comercio Internacional en su Libro blanco, correspondiente al periodo 2007-2012. La otra operación fue la tesorería centralizada del Grupo PMI.

Por más de 3 décadas, el Grupo PMI ha fungido como la caja chica de la paraestatal, pues es a través de éste que el dinero público relacionado con la venta de hidrocarburos y compra de productos petrolíferos en el extranjero se privatiza.

¿Cómo es posible esto? Pues porque se trata de una red de empresas “privadas” extranjeras constituidas con capital de la paraestatal, pero regidas por las leyes de los paraísos fiscales donde están radicadas y, por tanto, no están obligadas legalmente a rendir cuentas en México. Por medio de estas empresas, que en total son 12, la paraestatal manejan alrededor de 1 billón de pesos fuera del presupuesto público cada año.

En 2012, según reporta la Auditoría Superior, las empresas del Grupo PMI realizaron operaciones de exportación e importación de petróleo crudo y gasolinas por cuenta de Pemex, que arrojaron ingresos por 971 mil 560.7 millones de pesos.

Para la Auditoría Superior, el Grupo PMI se maneja al margen de la ley y no rinde cuentas a nadie. En su más reciente informe de fiscalización, correspondiente a la Cuenta Pública 2012, la Auditoría se refirió al tema de la ampliación del paquete accionario: “Pemex y PMI Holdings, BV, se propusieron en 2011 alcanzar una mayor participación en el Consejo de Repsol, SA, sin embargo, al haberse suscrito la ‘alianza industrial estratégica’ mediante la cual se acordó que Pemex no podría poseer más del 10 por ciento del capital social de la empresa española, la inversión se mantuvo en el 9.43 por ciento.

“Durante 2012 el precio de la acción de Repsol disminuyó a 15.3 euros, menor en 8.4 euros en comparación con el precio reportado en 2011, de 23.7 euros, por lo que el valor de la inversión de Pemex y PMI Holdings, en su conjunto, reportó una minusvalía de 18 mil 411.6 millones de pesos, con relación a lo registrado al 31 de diciembre de 2011.”

Derivado de lo expuesto por la Auditoría Superior queda la duda de si Pemex compró la acción a un precio de 19.95 euros, como reporta actualmente la paraestatal, o de 23.7 euros, como refiere el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012.

¿Qué negoció Amado Yáñez?

Invocar a la justicia en México es hablar de impunidad. Principalmente cuando se trata de los hombres del poder económico que se han enriquecido a costa del erario con negocios irregulares.

Es el caso de Oceanografía, en donde su propietario, Amado Yáñez Osuna, el empresario favorito de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quedó en libertad la semana pasada después de garantizar una fianza por 82 millones de pesos, debido a que el delito que le imputó la PGR no es grave.

Con esta decisión de liberar a Amado Yáñez Osuna, el gobierno de Enrique Peña Nieto envía un mensaje a todos los empresarios que hacen negocios con el gobierno: todo aquel que abuse de contratos con Pemex o alguna otra institución y se enriquezca al margen de la ley, podrá librar la acción de la justicia y, como en el caso de Yáñez, enfrentar en libertad su proceso y al final hasta podría recibir un “usted disculpe” del abogado de la nación.

¿Pero qué negoció Amado Yáñez para lograr este acuerdo con la justicia mexicana? Hay varias versiones que cuentan allegados al magnate petrolero. Una de ellas sostiene que el indiciado reveló su estrecha relación de negocios con los Fox, Bribiesca y Calderón, además de otros políticos y exfuncionarios panistas; otra versión es que habría entregado dinero a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 2012, y el conducto serían dos prominentes empresarios consentidos del actual gobierno y a quienes Pemex ya les ha otorgado nuevos contratos.

Lo cierto es que este caso de corrupción empresarial en su relación con Pemex y Banamex despide un olor a podrido por las componendas legales, administrativas y hasta políticas en las que ha estado envuelto, y de aquellas declaraciones oficiales que nos hicieron creer que por fin se empezaría a combatir la corrupción que ahoga a la principal empresa del Estado (Pemex), pues sólo se trató de un escándalo mediático y para aplacar a algunos actores políticos del pasado que andaban muy inquietos y participativos en la vida pública.

La investigación oculta

El caso de corrupción de Oceanografía parece haber concluido por lo más fácil: un delito no grave derivado de la violación a la Ley de Instituciones de Crédito, que ya permitió al principal socio de la naviera librar la cárcel.
En la PGR han sido archivadas y frenadas las investigaciones del sistema de inteligencia mexicano que buscaban probar que tanto la empresa contratista de Pemex como sus socios estarían supuestamente implicados en una red de tráfico de combustibles robados a Pemex y lavado de dinero para el Cártel del Golfo.

Así lo revela la propia investigación conjunta de la PGR y los órganos de inteligencia del Estado. Esas pesquisas, que ahora no son tomadas en cuenta por la autoridad federal, pretendían documentar que Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oliver Fernández Mena y Hermilo Escobedo Obrador habrían blanqueado capitales a través de cuatro empresas constituidas en Estados Unidos, la Caja Libertad, los casinos Big Bola, el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro y algunas campañas electorales de políticos panistas.

De acuerdo con esos avances de la indagatoria realizados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en coordinación con la PGR, los socios de Oceanografía habrían diseminado dinero a través de las empresas Sea Horse Miami, Inc; Con-Dive, Llc; Sea Horse Marine, Inc; OSA International, Llc, constituidas en Estados Unidos por Yáñez Osuna; los casinos Big Bola, propiedad de Rodríguez Borgio; la empresa Libertad Servicios Financieros, que opera la Caja Libertad y que está ligada a Díaz Álvarez; el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, y las campañas político-electorales de dos políticos panistas.

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