Qué pasa en un país cuando gobernantes y gobernados se acostumbran a la corrupción sistemática en todos los niveles de gobierno y toleran la impunidad que permite a cualquiera cometer abusos sin enfrentar la ley ni consecuencia alguna. Pues se convierte en un país de cínicos, y eso es precisamente lo que ha pasado a México.Ejemplos hay muchos y de todo tipo. Basta revisar la prensa y encontrar todos los días diversos casos de corrupción gubernamental en complicidad con distintos sectores de la población, principalmente el empresarial. También el Poder Judicial se encuentra podrido en materia de abusos, y vemos como los tribunales imparten diariamente una “justicia” interesada, siempre inclinada hacia el mejor postor, que deja indefensa a la población más pobre.

Ese abuso, corrupción e impunidad se revela en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que cada año se dan a conocer y que nunca pasa nada, razón por la cual el mal uso de fondos públicos se repite una y otra vez sin que alguien haga algo para frenarlo.

Por ejemplo, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2012, la ASF descubrió irregularidades en el gasto del ejercicio federalizado en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal por un monto de 64 mil 333.5 millones de pesos; de éstas, hasta hoy no han sido debidamente aclaradas anomalías por alrededor de 23 mil 524 millones. Mucho dinero que podría ser bien utilizado para disminuir la pobreza extrema que ya alcanza a uno de cada dos mexicanos.

Estas cifras multimillonarias del mal uso de dinero público se descubrieron en sólo 680 auditorías al gasto federalizado, al revisar el ejercicio de 505 mil 720.2 millones de pesos; de éstos, 64 mil 333.5 millones estuvieron sujetos a distintas observaciones, lo que apenas representa el 12.7 por ciento del total de los recursos revisados por la ASF. Es decir, la corrupción es más grave, pero no se audita todo como debería de ser.

Veracruz, el estado más corrupto

Y sin sorpresa alguna, el estado con más graves problemas en el manejo de las finanzas públicas es Veracruz, la tierra querida. Allí se presentó el mayor número de observaciones al ejercicio del gobierno del estado, al detectarse múltiples irregularidades por un monto de 13 mil 187.5 millones. Dicha cantidad representa el 20.4 por ciento de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado donde la ASF encontró irregularidades.

Las otras entidades que registraron mayores anomalías fueron Chiapas, con un monto de 4 mil 845.8 millones de pesos; Jalisco, con 4 mil 828.6 millones; Tabasco, con 3 mil 803.9 millones y, por supuesto, Guerrero, con 3 mil 577.9 millones de pesos.

Aunque no está incluida en las cinco entidades con mayores irregularidades, el caso de Sinaloa es destacable, pues se detectaron graves anomalías por un monto de alrededor de 2 mil 690 millones de pesos. En este caso particular, las irregularidades son de tal gravedad que la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado ya dos averiguaciones previas en contra de diversos funcionarios estatales que habrían desviado recursos federales. Por este tema, los servidores públicos podrían ser objeto de diversas sanciones, tanto administrativas como penales.

Caso similar es el de Veracruz, gobernado por el priísta Javier Duarte –aquel a quien le descubrieron envíos millonarios de dinero en efectivo–, en donde, de manera paralela a las auditorías realizadas por la ASF, se han iniciado diversas investigaciones en contra de funcionarios estatales, en las que participan conjuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la propia PGR.

Por ahora, Sinaloa y Veracruz son las entidades donde en breve podrían presentarse acciones administrativas y legales en contra de funcionarios estatales por estas anomalías, de acuerdo con el resultado que arrojen las investigaciones en curso.

En el caso particular de Veracruz, se ordenó un rastreo minucioso de las cuentas bancarias, inversiones financieras, negocios y propiedades de varios funcionarios estatales, al presumirse que pudieran estar implicados en el desvío y malversación de recursos federalizados, de acuerdo con los resultados arrojados por las auditorías practicadas en ese estado por la ASF.

Hasta el momento, los dos funcionarios señalados como principales implicados en este manejo irregular de los recursos federalizados son Gabriel Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera, quienes hasta el mes pasado se desempeñaron como subsecretario de Finanzas y Administración, y como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, respectivamente. Fueron removidos de sus cargos por el mandatario estatal Javier Duarte, como una medida preventiva a cualquier sanción administrativa o legal que pudiera presentarse más adelante a nivel federal en contra de ambos exfuncionarios.

Deantes y Spinoso han sido cercanos colaboradores de Javier Duarte desde hace muchos años y personas de su absoluta confianza, por lo que se infiere que solamente pudo haberlos removido al tener conocimiento de las investigaciones en curso en contra de sus colaboradores y de las probables irregularidades en que habrían incurrido en el manejo de los recursos federalizados.

Deantes Ramos y Spinoso Carrera no son los únicos funcionarios estatales que son investigados por autoridades federales, pero son hasta ahora los principales implicados en el manejo irregular de los recursos federalizados.
Por lo pronto la UIF realiza un rastreo a fondo de las cuentas personales de ambos exfuncionarios, así como de las cuentas de familiares cercanos y de probables prestanombres, y se han extendido las investigaciones a los últimos 4 años, es decir, a partir de 2010, fecha en que asumió Duarte la gubernatura de Veracruz.

Esta investigación es actualmente coordinada por Alfredo Revilak de la Vega, quien funge como director adjunto de Análisis Financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, y quien es uno de los colaboradores más cercanos de Alberto Bazbaz, titular de esa dependencia, con quien trabaja desde que este último fungía como procurador general de Justicia del Estado de México.

Además de las cuentas, inversiones financieras, negocios y propiedades de los dos exfuncionarios veracruzanos, la UIF rastrea también operaciones de las siguientes personas y empresas vinculadas a estos exfuncionarios de Veracruz:

Alfredo Spinoso Carrera, empresario, hermano de Édgar Spinoso Carrera. Es licenciado en ciencias de la comunicación, egresado de la Universidad de las Américas.

César Spinoso Carrera (también hermano de Édgar), empresario y ganadero. Es licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad de las Américas. Fue subdirector del Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Actualmente es vocal de la Fundación Produce Veracruz (Funprover), cuyo presidente honorario es el mismo Javier Duarte.

La empresa Aledce, SA de CV, cuyo representante legal es Alfredo Spinoso Carrera, es del ramo de la construcción y de renta de maquinaria pesada; sus oficinas se ubican en el boulevard Cristóbal Colón, en el fraccionamiento Jardines de Las Ánimas, en Xalapa, Veracruz.

José A Ojeda Rodríguez, subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Eduardo Contreras Rojano, director general de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Antonio Tarek Abdalá Saad, tesorero. Igualmente se investigan tres empresas supuestamente vinculadas con este funcionario: Veintiocho Construcciones, SA de CV; Siete Caminos, SA de CV, y Sheba Constructora e Inmobiliaria, SA de CV.

Se tiene conocimiento de que en el caso de ambos exfuncionarios, pero sobre todo de Gabriel Deantes, la UIF detectó hasta el momento distintas operaciones consideradas como inusuales y relevantes, y se ubicaron transferencias y disposiciones en efectivo de recursos con montos millonarios realizados en cuentas personales o de otras personas, sobre todo en la primera mitad de 2012 y de 2013.

El SAT realiza también un monitoreo y cruce de datos de la situación fiscal de los funcionarios, empresarios y empresas antes mencionados, así como otros más que se agregarán en breve, de acuerdo con el resultado que arrojen estas investigaciones.

Las autoridades buscan si hay desvío de recursos federalizados, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación y evasión fiscal, principalmente.

En los resultados de las auditorías practicadas por la ASF, se revela que en el caso de Veracruz se encontraron desvío de recursos, subejercicios, dinero federal empleado para fines distintos a los etiquetados, así como gastos que no beneficiaron directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

En total, en el caso de Veracruz se determinaron 16 observaciones, de las cuales ocho fueron solventadas por el gobierno estatal, y las ocho restantes generaron dos recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, cuatro solicitudes de aclaración y tres pliegos de observaciones.

Las irregularidades más relevantes detectadas por las auditorías efectuadas a la administración veracruzana son las siguientes:

Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 463 millones 599 mil 32.30pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica de los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

Desvío de 16 millones 319 mil 969 pesos de recursos destinados al Fondo para la Infraestructura Social Estatal a tres obras diversas que no cumplen con el objetivo de este fondo, las cuales fueron ejecutadas en el 2012 por la entonces Secretaría de Comunicaciones, con números de contratos SC-OP-PE-055/2012-DGCE, SC-OP-PE-080/2012-DGCE y SC-OP-PE-
082/2012-DGCE.

Probable daño o prejuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 117 millones 725 mil 408.85 pesos, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Probable daño o perjuicio por un monto de 60 millones 173 mil 787.01 pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos
reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Probable daño o perjuicio por un monto de 7 millones 577 mil 917.06 pesos, más los intereses generados, por realizar pagos de operación no financiables con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 74 millones 709 mil 887.96 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido al pago de diversas partidas de los capítulos 1000, 2000 y 3000 que no se encuentran directamente vinculadas con el objeto del Convenio Marco de Coordinación.

En el caso de los recursos del Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados (FASP) se detectaron diversas irregularidades que derivaron en 8 recomendaciones y 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

De los 308 millones destinados a Veracruz, la ASF detectó irregularidades en el manejo de alrededor de 247 millones de pesos, los cuales aún están en proceso de verificar su correcta aplicación por parte del gobierno estatal.

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