A poco más de un año del cambio de gobierno en México, en donde el Partido Acción Nacional (PAN) perdió el poder y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió la Presidencia de la República, autoridades, analistas y académicos en Estados Unidos siguen ocupados en revisar la crisis de violencia, narcotráfico y marginación que se vive en México, pues temen que estos problemas agudizados crucen la frontera y agraven aún más la situación en el vecino país.
Por ello en el Congreso de Estados Unidos es motivo de estudios la Iniciativa Mérida, mediante la cual buscan conocer el verdadero impacto de las inversiones con presupuesto público que aplica el erario estadounidense desde hace ya más de una década, y determinar si ha sido un error desde que se instrumentó, tal como se hizo en Colombia cuando los cárteles azotaban a ese país.
Mientras tanto, México parece que avanza en sentido contrario cuando se confirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del general Salvador Cienfuegos, ha disminuido el número de efectivos militares destinados la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo a preservar la seguridad nacional, lo que empieza a marcar un rumbo distinto y una distancia sana en la toma de decisiones entre los dos países.
Es conocido como el anterior gobierno a cargo del panista Felipe Calderón había accedido a todas las peticiones de sus homólogos estadunidenses, al punto de perder el control sobre la seguridad nacional y la soberanía estaba como nunca en grave riesgo. Esto ha sido informado a Enrique Peña Nieto y se empieza a establecer una nueva relación que, por lo menos, dé autonomía y un mayor margen de maniobra al gobierno federal para tomar las decisiones que considere pertinentes en torno al combate al crimen organizado, con el propósito de reducir la violencia y dar algo de seguridad a la población de todo el país.
En ese sentido el número de efectivos militares en las actividades de combate al narcotráfico se redujo de 50 mil a 32 mil, de acuerdo con información del reportero Gustavo Castillo García en el diario La Jornada del 19 de abril pasado. La nota, sin embargo, puede leerse en varios sentidos, pues también hay un fortalecimiento de la Secretaría de Marina en estas actividades frente al hecho de una creciente corrupción en las estructuras del Ejército.
Robert J. Bunker, académico del Instituto de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas, concluye en una amplia investigación sobre la situación actual de la criminalidad en territorio mexicano que la evolución de los cárteles y las pandillas genera nuevas estrategias para impulsar la guerra en territorio mexicano.
Es decir, Estados Unidos está muy alerta de la operación de los cárteles y las pandillas que actúan en México y que algunos de ellos tienen ramificaciones en territorio estadunidense, pues el gobierno en Washington considera de muy peligroso que el problema siga creciendo en nuestro país porque se ha convertido en un alto riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Lo que contradice la actual política gubernamental, que habla de esfuerzos mayores y sobre todo de estrategia para disminuir las operaciones de los cárteles de la droga con la detención de los jefes de las bandas, sin embargo poco o casi nada se hace para atacar el lavado de dinero producto del tráfico de drogas y otros delitos graves, por lo que las estructuras financieras de los cárteles siguen intactas.
La semana pasada comentamos las nuevas disposiciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el sentido de elaborar listas y hacerlas públicas sobre las empresas y personas que se presume están vinculadas con el blanqueo de capitales producto del narcotráfico, igual como lo hace ya Estados Unidos, a fin de cerrar el acceso a operaciones financieras con la banca y reducir sus espacios de actuación. Pero hace falta más que esto para combatir el lavado de dinero.
De acuerdo con Bunker, insurgencias criminales y “espirituales” promueven la guerra social y el ciclo continuo de contraataques mediante la institucionalización de acciones que buscan construir un Estado paralelo, que califica como un “Para-Estado”. Esto fue promovido principalmente en el gobierno de Calderón, quien exaltó las operaciones criminales del narcotráfico y puso a la nación a su servicio.
Por ello, los especialistas en Estados Unidos observan que la Iniciativa Mérida, igual que sucedió con estrategias de corte político, económico y militar aplicadas en Colombia y América Central, necesita de un mayor sentido de urgencia estratégica por parte del Congreso de ese país.
En un mapa sobre las frases y la evolución de estas insurgencias criminales en el territorio mexicano, Bunker estable varias fases:
1) Los carteles y organizaciones criminales buscan eliminar o neutralizar a sus rivales fuera de los territorios en los que tienen prioridad clara y continua como detentadores de influencia.
2) Generar posiciones de Estado al eliminar o neutralizar a los enemigos de sus clientes. Les garantizan seguridad y protección.
3) Extracción al adquirir los medios para llevar a cabo las primeras
actividades de la guerra, la toma de Estado y la protección.
Personajes como Pablo Escobar Gaviria, “El Patrón” del Cartel de Medellín, y Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” del Cártel de Sinaloa, generaron este tipo de estructuras que simulan funciones de Estado para generar influencia mediante el nacimiento de células cancerosas cuyo principal objetivo es fortalecerlos sin importar que lentamente maten al organismo del cual dependen.
Estos organismos obtienen su alimento de una economía ilícita cada vez más diversa que está creciendo desproporcionadamente, lo que se constituye en un peligroso fenómeno para la salud de las instituciones en México.
Bunker compara el fenómeno del narcotráfico y los grupos criminales con las condiciones que permitieron el surgimiento y fortalecimiento del grupo militar islamista Al Qaeda, cuya influencia replanteó por completo los paradigmas en materia de seguridad nacional en Estados Unidos y en el mundo occidental, porque el ataque del 11 de septiembre no sólo fue un acto criminal al interior de sus fronteras, sino un acto de guerra totalmente desconcertante que aún mantiene a su población sumergida en entre el terror y el miedo permanente.
La guerra ahora, se pregunta el analista de EU, no sólo vendría de Estados contrarios sino de ejércitos mercenarios que no respetan fronteras. Por ello, la crisis de seguridad en México se ha fortalecido como un tema de gran preocupación para Estados Unidos, país que aprovechó todos los espacios que los gobernantes panistas le cedieron para ocuparlos y decidir lo que acá debe hacerse. Entonces si Peña Nieto y las fuerzas armadas no frenan este avance estadunidense estaríamos al borde de prácticamente una anexión de facto, en los hechos, pues nuestra economía depende de ese país y en materia política tienen una fuerte injerencia, lo que nos hace cada vez más dependientes.
La noticia, sin embargo, es que en este momento para el gobierno de Estados Unidos los cárteles de la droga y las narco-pandillas en toda América Latina, con énfasis especial en México, se están convirtiendo en la amenaza estratégica número uno para ese país, mientras que el riesgo planteado por Al Qaeda y su radical Islam, debe ser rebajado a una importancia estratégica secundaria.
Entonces mientras en Estados Unidos su gobierno aún considera que debe ayudar a defender lo que ellos califican como “democracia” y “seguridad estratégica” contra ataques terroristas, los especialistas reconocen que se ha ignorado durante demasiado tiempo un nuevo tipo de amenaza que ha surgido más cerca de su casa: el crimen y el narcotráfico en México.
Sin embargo, más allá del discurso en investigaciones académicas que se presentan ante el Congreso de Estados Unidos, el recrudecimiento de la crisis en Siria revela que el gobierno de Barack Obama sigue presente y no renuncia a su influencia y sentido imperialista a costa de todo. Recientemente se develó un acuerdo entre Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y Qatar para el envío de armas desde Libia, país que también fue invadido por las tropas estadunidenses.
En el discurso formal, no obstante, México es ahora el objetivo. De acuerdo con el investigador Bunker, después de varias décadas de trabajo bien intencionado, ahora es posible afirmar que Colombia es “mejor de lo que era en la década de 1980, cuando asediada por los dos carteles más fuertes del mundo, el de Medellín y el de Cali; que Miami es mucho más tranquilo porque los operarios de Colombia ya no luchan por la participación en el mercado, y que las pandillas afroamericanas (como los Crips y los Bloods ) ya no están luchando abiertamente en algunas de nuestras ciudades”.
Añade que «la grieta de distribución ahora la ocupa la mafia generada en México, así como en países como Honduras, Guatemala y Belice, la frontera sur de Estados Unidos ahora está en peligro. Ciertas áreas, incluyendo ciudades enteras, ya no están bajo el control del gobierno de México. Se han convertido en realidad ciudades de enclaves criminales , y Para-Estados”.
El investigador experto en fuerzas armadas asegura que “Estados Unidos ya está salpicado con operativos del cártel mexicano y contratistas de pandillas”, por ello, le guste o no al gobierno de Estados Unidos le conviene ya terminar con el financiamiento vía el sistema bancario y financiero (no regulado) de organizaciones criminales que sin recursos para generar esos “Para-Estados” tendría que replegarse a operaciones menos significativas.
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