Para los mexicanos, la corrupción se ha convertido en un cáncer social con el que el gobierno nos obliga a convivir todos los días. Un ejemplo son los cuantiosos fraudes cometidos por la naviera Oceanografía en complicidad con funcionarios petroleros y que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho público en las últimas semanas, sin descontar que esa corrupción fue ocultada y protegida durante 12 años por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.Pero algo extraño se cocina en la Procuraduría General de la República (PGR), cuando su titular, Jesús Murillo Karam, parece no encontrarle los delitos por ningún lado a esa empresa privada y ha pedido un arraigo por 40 días para su dueño, Amado Yáñez Osuna, cuando fue la prensa la que desde hace 10 años denunció dichos fraudes.

Si casos como éste lastiman y ofenden a la sociedad porque merman las finanzas del Estado, es más grave cuando políticos perversos lucran con los programas sociales gubernamentales destinados a la atención de los más pobres del país.

Eso es lo que sucede con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, coordinada por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Resulta que esta funcionaria experredista y ahora secretaria de Estado ha sido permisible ante la negativa actuación de uno de sus subalternos, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga (exjefe de prensa del priísta Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca), director general de Liconsa, quien está decidido a promover su imagen personal con dinero público, lo cual debería ser investigado por la Secretaría de la Función Pública y por la propia Robles Berlanga.

El miércoles pasado dos reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, dieron cuenta en ese diario de cómo el grupo legislativo del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados investiga presuntas irregularidades del director de Liconsa, por lo que en los próximos días presentarán una denuncia penal ante la PGR por el delito de peculado, “por el supuesto uso de recursos de esa empresa gubernamental para su promoción personal en Oaxaca”.

Fue el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal –fiel lopezobradorista–, quien precisó que Ramírez Puga “quiere ser el primer candidato de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”. La razón es que este priísta, dueño también de medios de comunicación en Oaxaca, prepara e impulsa desde Liconsa su candidatura al gobierno de esa entidad.

En las páginas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se afirma que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social de carácter nacional, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7.01 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.

Se afirma que dicha estrategia de combate a la pobreza extrema parte de los principios de la coordinación entre las diferentes dependencias de la administración pública federal y de una alianza con la sociedad civil y el sector privado. Por ese motivo, debe preocupar al gobierno federal y principalmente a Rosario Robles Berlanga la acusación de los abusos cometidos en Liconsa y, de ser necesario, ordenar el cese del funcionario oaxaqueño que se ha aprovechado de su encargo.

Según los objetivos de la Cruzada son cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia; aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios, y promover la participación comunitaria.

Como se observa, en ningún apartado de los objetivos se señala que los responsables de las áreas oficiales participantes para combatir la pobreza podrán usar los recursos públicos para promoverse en la prensa y escalar cargos públicos, en este caso la gubernatura de Oaxaca.

De tal manera, que todo lo que ha declarado la secretaria Rosario Robles ante medios de comunicación sobre las bondades del programa contra el hambre, contrasta con lo que hace en Liconsa su empleado Ramírez Puga, de quien el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, dice que debe exigírsele que no haga propaganda electoral desde su encargo o de lo contrario debe ser removido.

El diputado criticó que el director general de Liconsa pague publicidad en las primeras planas de periódicos en Oaxaca para promoción personal, y explicó que sólo en 2013 se publicaron 119 notas, la mayoría a ocho columnas en los medios locales, en donde Ramírez Puga promovió sus actividades realizadas en todo el país.

Oaxaqueños ocupan Liconsa

Si lo anterior fuera poco, adentro de Liconsa es un escándalo lo que ha hecho su director general en su propósito por alcanzar la nominación de su Partido (PRI) para la candidatura al gobierno de Oaxaca, y ha convertido a esta empresa del gobierno en un centro de contratación para oaxaqueños amigos, desempleados, recomendados, parientes, políticos, exlegisladores, exalcaldes y, casi todos, vinculados al gobierno de Ulises Ruiz, para quien Ramírez Puga trabajó como jefe de prensa.

Con la intención de tener presencia en las diferentes corrientes de los grupos políticos de su Partido, así como en las diversas regiones del estado de Oaxaca, Ramírez Puga ha contratado a más de 200 oaxaqueños y operadores políticos que prácticamente tienen copadas las principales posiciones en Liconsa.

Algunos de los nuevos funcionarios han sido contratados por honorarios para realizar actividades políticas de su director general, según cuentan al interior de Liconsa, lo cual incluye a familiares, amigos y personal de seguridad.

Entre las polémicas contrataciones que hizo Ramírez Puga destaca la de Engelbert Granados Saynes como jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Liconsa, quien es señalado como operador de espionaje telefónico, además de estar relacionado con Juan Manuel Vera, exdirector de Seguridad Pública en el sexenio de Ulises Ruiz y haber colaborado con el político perredista Greg Sánchez en el estado de Quintana Roo, quien fue preso bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

En la extensa lista de oaxaqueños y personas cercanas contratadas por Ramírez Puga, de acuerdo con fuentes internas de Liconsa, está Dinorath Guadalupe Mendoza Cruz, a quien nombró como subdirectora de Modernización de Liconsa, y es hermana de la diputada local oaxaqueña Lilia Mendoza Cruz.

Víctor Rodríguez Gasca, subgerente de Padrón de Beneficiarios y cuñado de Héctor Pablo Ramírez Puga (está casado con su hermana Alina).

Addiel Concha Cruz, jefe del Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental.

Aline Elizabeth Gómez Alderete, jefe del Departamento de Difusión.

Ariel Hernández García, subdirector de Venta Comercial.

Axel Igor Guerrero Vigil, jefe del Departamento de Análisis y Atención a Medios.

Carlos Zicri Ruiz Robles, jefe del Departamento de Relaciones Industriales, quien también fue colaborador de la campaña del senador Eviel Pérez Magaña.

Claudia Galguera Aparicio, jefa del Departamento de Planeación y Estrategia Comercial. Es hija de la exdiputada y expresidenta municipal de Pochutla Carolina Aparicio.

Cristino Rubiel Rojas Medina, subgerente de Control de Calidad y excandidato para diputado por el distrito de Ejutla.

David Antonio Jiménez, jefe del Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico.

Delfina Mijangos Aragón, subgerente de Administración y Finanzas.

Demetrio Agustín González Santiago, jefe del Departamento de Administración Operativa del Padrón de Beneficiarios.

Eric Iván Ruiz Espinoza, jefe del Departamento de Servicios Generales.

Etelberto Gómez Fuentes, jefe del Departamento Padrón de Beneficiarios, exdiputado local y expresidente municipal de Tututepec.

Fernando Franco Luna, jefe del Departamento Padrón de Beneficiarios, expresidentes del PRI de Huatulco y excandidato a la presidencia municipal.

Floriberto Vázquez Vázquez, jefe del Departamento de Apoyo al Buen Gobierno y exdiputado local.

Francisco Javier Matus Berra, jefe del Departamento de Sistemas de Información y Órgano de Gobierno.

Francisco Javier Vera Méndez, gerente estatal Veracruz, exdiputado local y expresidente municipal de Miahuatlán.

Gilberto García Avendaño, jefe del Departamento de Adquisición y Servicios Generales, y operador político en Huatulco.

Guillermo Lavariega Cárdenas, jefe del Departamento de Seguimiento Operativo, excandidato a la presidencia municipal de Huatulco y exdelegado de gobierno.

Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, subdirector Jurídico Corporativo, hijo de Heliodoro Díaz Escárraga, exsecretario de Gobierno con Ulises Ruiz.

Horacio Gervacio Mendoza Valeriano, jefe del Departamento de Productividad Industrial.

Hugo Paz Sosa, encargado de la Subdirección de Recursos Humanos.

Jaime Arturo Larrazabal Bretón, gerente Metropolitano Norte, exdiputado federal y hermano del expresidente municipal de Monterrey y de Jonás Larrazabal.

Jesús Carreto Silva, jefe del Departamento de Informática.

Joaquín Rodríguez Palacios, gerente Metropolitano Sur y exsubsecretario de Gobierno en el sexenio de Ulises Ruiz.

Jorge Winckler García, jefe del Departamento Penal.

José Antonio Amado Osorio, jefe del Departamento de Atención y Servicios a Concesionarios y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz.

José Gerardo Flores Caballero, jefe del Departamento de Normatividad y Cuentas Vencidas Para Trámite Legal.

José Humberto Cruz Ramos, subdirector de Padrón de Beneficiarios y exfuncionarios de Ulises Ruiz.

Juan José Galguera García, gerente del Programa de Abasto Social Morelos, exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz y esposo de la exdiputada local Carolina Aparicio.

Karla Gabriela Jiménez Carrasco, subdirectora de Planeación Estratégica y excandidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México.

Luis Gendrón Pensado, subdirector de Adquisición de Leche.

Marco Antonio González Amaro, director de Administración, exdiputado local y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz.

Marco Antonio Hernández Cuevas, gerente estatal Oaxaca, exdiputado local y exfuncionario de Ulises Ruiz.

María Antonia Vigil Garnica, jefa del Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría Particular y exsecretaria privada de Ulises Ruiz.

María del Consuelo Rodríguez Casasnovas, jefa del Departamento de Seguridad e Higiene, hermana de Beatriz Rodríguez, exsecretaria de Turismo en el gobierno de Ulises Ruiz y actual delegada de la Secretaría de Economía en Oaxaca.

María Isabel Jácome Dionisio, jefa del Departamento Laboral.

María Vianey Sánchez Castro, jefa del Departamento de Producción.

Octavio Márquez Zamora, jefe del Departamento de Transportes.

Othoniel Melchor Peña Montor, encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno y exdirector del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca en el sexenio de Ulises Ruiz.

Raúl Iruegas Álvarez, subdirector Jurídico de lo Contencioso.

Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, titular de la Unidad Jurídica, hermano del exdiputado Marco Hernández Cuevas, hoy gerente de Liconsa Oaxaca.

Ricardo Hernández Méndez, titular de la Unidad de Comunicación Social.

Richard Roberto Sánchez García, subdirector de Comunicación Social y asistente personal de Héctor Pablo Ramírez Puga.

Samuel Rosales Olmos, subdirector de Maquila y Compra de Leche Fresca, exregidor del municipio de Huajuapan de León.

Sergio Alfredo Cansejo Vasconcelos, subgerente de Administración y Finanzas.

Sergio Chacón Rojas, jefe del Departamento de Venta de Productos Comerciales en la Red Institucional, excandidato a la presidencia municipal de Zaachila.

Vicente Lucas Lara, jefe del Departamento de Programación y Evaluación de la Producción y expresidente municipal de Chiltepec.

Genaro Javier Cuervo Hernández, jefe del Departamento Cuentas por Pagar.

Isauro Cervantes Reyes, jefe del Departamento de Programación y Compras de Insumos.

María del Carmen de Fátima Fuertes Casasnovas, jefa del Departamento de Prestaciones.

Carlos Roosevelt Salinas Enriquez, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Humano, exfuncionarios de la Contraloría del estado de Oaxaca.

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