La cúpula panista que gobernó el país en los 2 sexenios anteriores apenas empieza a sentir la presión por la pérdida de la Presidencia de la República y la impunidad que antes gozaron.Una vez concluidas las principales reformas constitucionales, los panistas han dejado de ser útiles y serviles al gobierno federal (aún con las leyes reglamentarias pendientes), para pasar a ser indiciados por todas las inmundicias que cometieron al amparo del poder político.

Secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto advirtieron a principios de la administración que había órdenes de no mover un dedo en contra de los funcionarios salientes mientras no se aprobaran las reformas.
El tiempo se ha cumplido y en las áreas administrativas gubernamentales revisan detenidamente las gestiones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Así, uno de los primeros casos destapados es el de la empresa Oceanografía, SA de CV, propiedad de Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz, este último, sobrino del secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz.

Y para aquellos incrédulos de que Amado Yáñez fue protegido por el Partido Acción Nacional (PAN) y que era un operador de los expresidentes Fox y Calderón, sólo hay que revisar los despachos de abogados que siempre lo han defendido con la venia de Los Pinos: Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia, Juan Miguel Alcántara Soria, María Gisela Lozano Gracia, Arturo Germán Rangel y Fernando Córdova Lobo.

Los actuales abogados de Oceanografía son encabezados por el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Calderón, Fernando Gómez Mont, y sus colegas el también panista Julio Esponda, quien rechazó el ofrecimiento presidencial para ser procurador General de la República, y Alberto Zínser, del despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont.

Hay un caso emblemático que confirma cómo la protección de Amado Yáñez y Oceanografía provenía de toda la cúpula panista:

Un alegato de inconformidad que Amado Yáñez necesitaba presentar a finales de 2003 ante la Secretaría de la Función Pública, para impedir la descalificación de Oceanografía en la licitación internacional 18575024-013-03 que convocó Pemex Exploración y Producción (PEP) –sobre la “inspección, mantenimiento y reacondicionamiento a ductos costa fuera de la región marina en la Sonda de Campeche, en la Costa Este del Golfo de México y en el área de plataforma de la Región Marina Noroeste”, por un monto de alrededor de 1 mil 600 millones de dólares y una duración de 4 años–, se elaboró en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

El responsable de operar esa inmundicia jurídica fue el panista Jorge Arturo Manzanera Quintana, quien solicitó a la PGR prepararan la inconformidad que firmarían los abogados Antonio Lozano Gracia y su equipo, por lo cual el exprocurador General de la República cobró 3 millones de dólares a repartir.

Como era de esperarse, la Secretaría de la Función Pública revocó la descalificación y PEP le otorgó el contrato a Oceanografía y su grupo de pequeñas empresas satélites.

Manzanera Quintana es miembro activo del PAN desde 1988 y militante desde 1986. Fue presidente estatal de ese Partido en Chihuahua entre 1991 y 1994. En ese último año compitió otra vez para repetir en el cargo, pero perdió ante el destacado panista Javier Corral.

En 1996, Manzanera ocupó el cargo de secretario de elecciones en el PAN hasta 1998. Es propietario de la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, SA, especializada en trapacerías electorales, por lo cual fue el estratega de Luis Felipe Bravo Mena para alcanzar la presidencia nacional de su partido, lo que lo convirtió en asesor del máximo líder panista.

Con su experiencia electoral, Manzanera también formó parte del equipo de campaña presidencial de Felipe Calderón, fungió como coordinador de estructura electoral y protector de la defensa jurídica del voto.

Este panista era muy amigo de Amado Yáñez, del fallecido Juan Camilo Mouriño, de César Nava y de Felipe Calderón. Fue también secretario adjunto de Germán Martínez, exsecretario de la Función Pública.

La docena trágica (2000-2012)

En los 12 años que el PAN mantuvo el poder presidencial (2000-2012), convirtió a Oceanografía, empresa de servicios petroleros, en el principal centro de negocios ilícitos del gobierno federal.

Desde hace 10 años la prensa dio cuenta puntual de la corrupción en que el gobierno mantenía sumergida a Petróleos Mexicanos; sin embargo, ninguna autoridad pudo detener el saqueo indiscriminado de recursos públicos, y todo aquel que se atrevió a presentar alguna denuncia o hizo alguna investigación, fue despedido, removido, cambiado o perseguido por los órganos responsables de “impartir justicia”.

En los últimos días escuchamos las declaraciones del director general de Pemex, Emilio Lozoya; del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre las investigaciones judiciales, fiscales y laborales en contra de Oceanografía y sus propietarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz; pero si este caso no llega a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tráfico de influencias y el saqueo de recursos públicos, y sólo se concreta en culpar a los exdirectivos de PEP, Carlos Morales Gil y Mario Ávila Roque, seguirá siendo un Estado fallido, en donde la justicia se negocia políticamente y se compra con dinero.

Oceanografía sólo es una de las muchas compañías mexicanas y extranjeras que por años han hecho negocios ilícitos en Pemex y obtenido contratos mediante prácticas corruptas, como sobornos, chantajes, tráfico de influencias, comisiones, fraudes, simulaciones y abuso de poder.

Por eso Lozoya, Murillo y Videgaray deben abrir el abanico y revisar a todos los corporativos que se han enriquecido brutalmente a costa del erario mediante negocios ilícitos con la principal empresa del Estado.

Por ejemplo, otras empresas que deben ser investigadas son las relacionadas a Blue Marine Technology Group. De éste dependen Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, y Subtec, SA de CV, que también hicieron negocios ilícitos que, al no poder ocultarlos, la Secretaría de la Función Pública se vio obligada a sancionarlas, pero nada pasó y siguen actualmente drenando las finanzas públicas de Pemex.

La peculiaridad de ese corporativo es que sus accionistas principales son Antonio Juan Marcos Issa y su yerno Juan Reynoso Durand. El primero se desempeñó como coordinador de asesores de tres directores generales de Pemex: Rogelio Montemayor Seguy, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, lo que le garantizó cuantiosos contratos por miles de millones de dólares en esa empresa petrolera.

Pero la semana pasada el director general de Pemex, Emilio Lozoya, se refirió a otras empresas que son investigadas por sus vínculos con Oceanografía, y omitió mencionar los negocios que ésta mantuvo con Blue Marine, Arrendadora Ocean y Subtec, pues además de que los propietarios eran grandes amigos de Amado Yáñez, hicieron negocios juntos y prácticamente planeaban los contratos petroleros que se repartirían.

Blue Marine y Arrendadora Ocean

Entre 2005 y 2007, Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos Issa, ganó contratos petroleros por más de 2 mil 300 millones de pesos, sin importar que tuviera investigaciones abiertas por corrupción en la Secretaría de la Función Pública y en la Auditoría Superior de la Federación.

Fuentes cercanas a la Función Pública comentaron en aquel tiempo que se trataba de una red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre servidores públicos de Pemex con exfuncionarios petroleros, y uno de los investigados que nadie se atrevía a mencionar era el exdirector corporativo de Finanzas y después director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, hombre de todas las confianzas del exsecretario Francisco Gil Díaz.

El vínculo entre Marcos Issa con directivos de Pemex viene desde el sexenio del priísta Ernesto Zedillo, y continuó durante la gestión de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se desempeñó como coordinador de asesores de tres exdirectores generales de Pemex.

Reunión secreta Gil Díaz y Arrigunaga

Con recursos públicos, el gobierno mexicano rescató de grandes pérdidas al banco que hoy opera Citibank. Francisco Gil Díaz, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, condujo gran parte de las estrategias jurídicas y financieras que permitieron dirigir recursos del erario al salvamento del banco de Alfredo Harp y Roberto Hernández, quienes después vendieron al gigante estadounidense del crédito en una operación que costó a los mexicanos al menos 3 mil 500 millones de dólares en impuestos que no fueron cubiertos, porque la transacción se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

En el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz pidió que se le excluyera de omitir una opinión – como autoridad – respecto a la venta de Banamex, porque enfrentaba un conflicto de interés no por la verdadera razón: el rescate durante la época del Fobaproa de ese banco, sino por su cercanía con Roberto Hernández, quien había sido su jefe apenas unos años atrás en la telefónica Avantel.

Gil Díaz siempre ha estado cerca de Banamex, pero al terminar su participación con los gobiernos panistas decidió tomar distancia. No se integró a sus filas ni aceptó un empleo en el sector bancario, a pesar de que en HSBC daban por un hecho que el exfuncionario público se integraría a su grupo de consejeros independientes. En cambio, Gil Díaz se refugió en Telefónica de España en donde, por cierto, ha contribuido al manejo fiscal del consorcio español.

En Banamex, en cambio, recomendó a Javier Arrigunaga, quien fue uno de sus funcionarios clave en la época del Fobaproa y quien no tuvo empacho en integrarse a Banamex-Citibank. Dos vías relacionan a Arrigunaga con Roberto Hernández: la firma del pagaré del Fobaproa para rescatar a Banamex y una relación familiar, en segundo lugar. El CEO, director general, del Grupo Financiero Banamex-Accival, propiedad de Citibank, tiene lazos familiares con el abogado Iñígo Laviada Arrigunaga, quien se casó con la hermana de Roberto Hernández, María Elena Hernández Ramírez, vínculo que les permitió desarrollar grandes negocios en el sector agropecuario en el sureste del país.

La carrera de Arrigunaga creció al amparo de la presencia de Francisco Gil Díaz en el Banco de México. Por eso no es extraña la reunión que Javier Arrigunaga habría sostenido con Francisco Gil Díaz apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo de Oceanografía.

El director de la filial de Banamex en México quiso compartir con Gil Díaz la gravedad de la crisis en la que estaba involucrado directamente su sobrino Martín Díaz, a quien Amado Yáñez le había confiado por completo la gestión financiera de la firma, dada sus buenas y efectivas relaciones.

En aquel encuentro, Arrigunaga – pensando en su empleo, por supuesto – habría pedido a Gil Díaz que interviniera y solicitara a Yáñez y a su sobrino Martín Díaz que cubrieran el faltante. Nada se pudo hacer, el boquete era muy grande y el robo se había consumado.

Arrigunaga tendrá que explicar a sus jefes de Citibank en Nueva York porque permitió que Martín Díaz Álvarez llegara a tal nivel de abuso. Díaz Álvarez no sólo ancló sus negocios en Oceanografía, sino que también aprovechó ampliamente la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), no reguladas, que autorizó e impulsó desde la SHCP el propio Gil Díaz.

Francisco Gil Díaz hoy guarda silencio – como lo hizo en aquella cita con Javier Arrigunaga -, pero en Citibank-Banamex deben explicar la histórica vinculación con el exfuncionario público que habría generado miles de millones de dólares en negocios que se fraguaron, desde la época del Fobaproa, con recursos del pueblo.

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