Alejado del primer equipo del gabinete de Enrique Peña Nieto, en donde hay instrucciones de no atender sus llamadas y peticiones, sobre todo en lo concerniente a la materia energética (entiéndase Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en donde se ha iniciado una limpia de corrupción y tráfico de influencias), el expresidente Carlos Salinas de Gortari empieza a ejercer presión a través de los medios para hacerse presente y obtener beneficios del actual gobierno priísta.

La primera señal que ha dado Peña Nieto de que no permitirá la ingerencia del “villano favorito” en la toma de decisiones de su gobierno fue la renuncia del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Rojas, abierto operador de Carlos Salinas de Gortari. Otro de los renunciados por su militancia salinista fue el director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, quien llevaba más de 30 años en la paraestatal petrolera y era uno de los hombres más experimentados, sin embargo su intervención en la asignación de contratos a empresas en donde Salinas tiene participación lo obligó a dejar el cargo.

Otra señal de que los operadores salinistas quedarán fuera de los beneficios gubernamentales es la empresa Oceanografía, que preside Amado Yáñez, la cual es investigada en las áreas más sensibles del gobierno como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Procuraduría Fiscal, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Procuraduría General de la República (PGR). En este caso la inhabilitación de Oceanografía por casi 2 años para evitar que participe en contratos gubernamentales prácticamente la deja fuera todo el sexenio, ya que en Pemex se asignarán en los próximos 24 meses los contratos que duran entre 3 y 5 años, por lo cual ha sido un duro golpe para los salinistas.

Habrá que esperar más ceses de algunos empleados del salinismo que aún se mantienen incrustados en el gobierno federal y que ahora nadan de a muertito, pero que ya han sido identificados como adoradores del peloncito chaparrito perverso.

En nada ayuda al Partido Revolucionario Institucional-gobierno el nuevo frente que Salinas abre con la curiosa entrevista que le hizo el subdirector de Finanzas de El Universal, Rogelio Cárdenas, en donde el exmandatario sólo muestra odios y rencores que aún guarda en contra de su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León y de quien fuera su cercanísimo colaborador Manuel Camacho Solís (ahora perredista y de izquierda) cuando ocuparon Los Pinos.

El error de Salinas es no haber identificado al grupo político más fuerte dentro del gobierno peñista que encabeza el inteligente secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su estrecha alianza que mantiene con uno de los principales operadores del zedillismo, Luis Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Todos recordamos como Téllez acusó directamente a Carlos Salinas de robarse la conocida “partida secreta” que manejaba miles de millones de pesos de recursos públicos sin auditar.

Hubiera sido interesante que Salinas explicara en la entrevista el uso que le dio a esos miles de millones de pesos del dinero público que manejó desde Los Pinos, mediante la cual enriqueció brutalmente a su familia, principalmente a su hermano Raúl, así como a políticos, empresarios, intelectuales y uno que otro dueño de medios de comunicación.

También faltó, como ahora dice el protagónico expriísta Camacho Solís, la corrupción del hermano incómodo y de la cual se lo dijo “en secreto” al entonces presidente de la República, como si éste no lo supiera.

Otros políticos y funcionarios como el expresidente Miguel de la Madrid y el exsecretario de Estado Luis Téllez acusaron de corrupción a Carlos Salinas. También lo hizo su hermano Raúl en aquella conversación telefónica que sostuvo con Adriana Salinas y que fue filtrada a Televisa. Pero de estas tranzas ni una sola pregunta.

En una de las columnas publicadas en este espacio explique hace algún tiempo el abuso de poder del ahora “crítico” Carlos Salinas de Gortari:
Entre 1994 y 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo, inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada “partida secreta”.

De tal manera que cuando Téllez afirma que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la “partida secreta” es porque conoció a detalle el caso y supo de los expedientes abiertos en contra del exmandatario en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Esa investigación estuvo a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien fuera responsable de investigar el lavado de dinero en México, María de la Luz Núñez Camacho. Ambas tuvieron evidencias de cómo el expresidente Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderes políticos y fácticos, sino que incurrió en el delito de peculado de recursos públicos. De aquella indagatoria acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella “partida secreta” que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervisión de los órganos superiores de fiscalización.

Pero el guardadito del exjefe del Poder Ejecutivo sobrevive con algunas variantes, y fue el gobierno de Vicente Fox el que impulsó su permanencia en 2006, justo en la recta final de su controversial administración. Con una reforma al artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fox logró que las partidas a las que se refiere el Artículo 75, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente pudieran destinarse a gastos de seguridad nacional y que permanecieran sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación. La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial.

En su momento, Carlos Salinas buscó blindarse al presentar una denuncia de hechos ante la PGR por la entrega “selectiva y dolosamente” a la prensa de documentos confidenciales de investigaciones penales, como fue la información sobre el destino de los fondos de la “partida secreta” del erario federal. En aquella ocasión los abogados de Salinas presentaron, por instrucciones del expresidente, una denuncia de hechos ante la PGR en contra de los servidores públicos que hubieran participado en ese supuesto hecho ilícito de denunciar la corrupción en Los Pinos.

En un documento de 100 cuartillas, con fecha del 15 de mayo de 2001, los abogados de Salinas tomaron como referencia información publicada en los diarios El Universal y Reforma, así como en la revista Proceso, en donde investigaciones periodísticas daban cuenta del dinero utilizado de la “partida secreta” para depositarlo en la cuenta 6300-0005 del Banco Mexicano Somex a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos exfuncionarios de Los Pinos y que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas fue presidente de la República. Se dijo entonces que Salinas era víctima de un juicio paralelo ante la opinión pública, es decir, que era “juzgado” por los medios de comunicación.

La acusación que hizo Luis Téllez, actual presidente del Consejo y director general de la Bolsa Mexicana de Valores, fue que “Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la ‘partida secreta’”.

Antes de que la PGR, dirigida en aquellos años por el general Rafael Macedo de la Concha, iniciara cualquier investigación sobre el uso de la “partida secreta” en la que estuvo involucrado, por obvias razones, Raúl Salinas, en Oficio de papel se dieron los primeros indicios sobre el despilfarro y corrupción que se ejercía desde la residencia oficial de Los Pinos, y que pasó por negocios vinculados con esa familia.

A finales de la década de 1990 escribimos en este espacio que en el uso indebido de la “partida secreta” había argumentos legales que hacían presumir que los hermanos Salinas saldrían limpios en tribunales por el delito de peculado que intentó fincarles la PGR. La tesis del entonces procurador Macedo de la Concha era que sí había delito, porque ese dinero manipulado desde Los Pinos debió destinarse para actos de gobierno y no para enriquecer a la familia presidencial.

Fue por ello que hacia finales de la administración foxista se extraditó de Estados Unidos (10 de agosto de 2005) al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal. En agosto de 2005, un juez giró orden de aprehensión en contra del excontador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el hermano incómodo para abrir cuentas bancarias en el extranjero.

Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusó de los negocios sucios que hizo en la Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, sino por defraudación fiscal, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la “partida secreta”, operada desde Los Pinos, y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los 6 años del gobierno salinista.

La PGR intentó demostrar que el contador Gómez Gutiérrez era presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado, es decir, desvío de fondos públicos de la “partida secreta”. Bajo la causa penal 54/2002 se señaló que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del expresidente.

De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada ‘partida secreta’, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo 6 días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Pero lo más extraño de este caso de la “partida secreta” es que ni el expresidente Carlos Salinas ni su hermano Raúl fueron acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los principales responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos.

Las preguntas sin respuesta oficial quedarán en la historia: ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hubo algún delito de peculado con el manejo de la “partida secreta”, por qué no tiene responsabilidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público?

Juan Manuel Gómez Gutiérrez debió haber sido procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito de Raúl, lo que entre otras cosas hubiera demostrado que la PGR sí contaba con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, pero en lugar de hacerlo guardó celosamente el expediente.

Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este excontador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero superó los 100 millones de dólares. ¿Cuánto de este dinero salió de la “partida secreta” por órdenes de Carlos Salinas?

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