El gobierno federal continúa con las investigaciones en contra de José Susumo Azano Matsura, a quien se le busca procesar judicialmente por su supuesta participación en una red de lavado de dinero y, según las autoridades, por tener vínculos con la delincuencia organizada.

Aunado a esto, se le indaga por su probable participación en fraudes, cohecho y sobornos para obtener contratos de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Felipe Calderón.

Las investigaciones en torno a este empresario de origen japonés han logrado establecer un vínculo entre dos empresas contratistas de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales Azano Matsura es socio mayoritario: Security Tracking Devices y Broadlink, SA de CV.

Aunque la atención de la prensa se había centrado en Security Tracking Devices, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– ha documentado que la ruta del dinero supuestamente ilícito habría involucrado directamente a Broadlink, SA de CV.

Como lo ha informado Oficio de papel, las autoridades financieras han ubicado al menos cuatro empresas fantasma vinculadas a Azano Matsura, establecidas en Suiza, Holanda y Hungría: Cooperativa Verening Global Mutual STR; Trademar KS Management Consultinng BV; C&O Consultancy BV, e Intercandy Investment Centauros BV.

Los documentos a los que ha tenido acceso la UIF refieren que Broadlink es responsable de una de las transferencias internacionales más relevantes detectadas hasta ahora: se trata de los 2 millones 350 mil 60 euros que se destinaron a la holandesa C&O Consultancy, BV, el 26 de abril de 2012.

La copia del comprobante de operación emitido por el Banco Santander refiere que el dinero se extrajo del contrato 80120799500. La ficha indica que el ordenante fue Broadlink, SA de CV, con número 65502523066, y que el beneficiario fue Cando Consultancy, BV [también C&O Consultancy, BV], identificado con el número 243050747.

La institución a la cual fue transferido el dinero fue el ABN AMOR Bank, NV, con sede en Ámsterdam, Holanda. La operación financiera fue realizada por Martha Cortés Ibarra.

De acuerdo con su escritura pública, identificada con el folio 2035 –de la cual se tiene copia–, José Susumo Azano posee 180 de las 300 acciones que integran dicha sociedad; otras 75 acciones están en poder de Seton Paul Kasmir, y 45, en manos de Job Saburo Azano Matsura, hermano del primero.

Dos de los operadores de Broadlink que también están sujetos a investigación por las autoridades financieras y judiciales son Miguel Ángel Ruz Carrillo y Luis Miguel Chong Chong. Este último ha sido funcionario del gobierno federal en las administraciones panistas y fue inhabilitado por malos manejos cuando trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Broadlink es la compañía que vendió a la Sedena, en 2011, un Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación para el entrenamiento de los efectivos adscritos al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, la elite de combatientes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos (Zósimo Camacho, Contralínea 301).

La empresa entregó los bienes muebles e inmuebles que integran el Sistema Virtual el 9 de marzo de 2013. Doce días después, la Sedena debió solicitar a la compañía que “regularice la situación”: ingenieros y técnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias entre lo que contrató la Secretaría y lo que le fue entregado.

El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación es capaz de crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Especiales y supuestos grupos armados. Cuenta con la tecnología para crear ambientes hostiles que simulan escenarios y oponentes reales. Recrea virtual y puntualmente cualquier zona de las ciudades de México y de las naciones de América Central; así como cualquier región rural o campestre de todos los ecosistemas de estos países. Más aún, los rostros y la complexión de los oponentes virtuales pueden tener como modelos personas reales. Las armas y pertrechos que utilizan quienes reciben el adiestramiento son réplicas muy similares en dimensiones, peso y funciones a las reales.

Abren expedientes penales a jueces

En los últimos días los acuciosos reporteros Silvia Otero, de El Universal, y Víctor Fuentes, de Reforma, informaron sobre las investigaciones que llevan a cabo autoridades de México y Estados Unidos en contra del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado. En las notas periodísticas dan cuenta de que hay más jueces y magistrados sujetos a investigación, lo que significa que por primera vez el Poder Judicial se ha dado cuenta de la enorme corrupción que desde hace muchos años corroe toda esa estructura responsable de impartir justicia.

Como un agregado al excelente trabajo periodístico de los dos reporteros, información de los órganos de inteligencia del gobierno federal señalan que la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) y la UIF trabajan coordinadamente desde hace algunas semanas en distintas investigaciones sobre empresarios supuestamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada que operan en Nuevo León y en otras entidades del país, al descubrir operaciones financieras relevantes o irregulares que podrían configurar delitos federales, como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos de carácter fiscal.

Estas indagatorias penales se aceleraron a raíz de la ejecución del abogado Eliseo Martínez Elizondo, ocurrida el 26 de diciembre de 2013 en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y a quien se le señalaba como lavador y defensor de algunos jefes de cárteles de la droga. En una de las líneas de investigación se mencionan los nexos personales y de negocios entre Jerezano y Eliseo Martínez, así como las múltiples ocasiones en que Jerezano intervino para favorecer a los clientes de Eliseo Martínez.

También se investigan las relaciones de Jerezano con empresarios de Nuevo León, en donde aparece Octavio Barrera Barrera y su yerno Reynaldo Oyervides Jaime, este último detenido en Italia en mayo de 2012 junto con otras cuatro personas, a quienes se les acusó de formar parte de una red internacional de tráfico de drogas vinculada con la mafia de ese país, concretamente con los hermanos Bruno y Elio Gerardi, integrantes del cártel denominado Ndrangheta, cuya base principal de operaciones es la región de Calabria.

En el mismo expediente, se menciona que la Secretaría de Gobernación ordenó la clausura del casino La Fortuna, en donde serían supuestamente accionistas, de manera directa o con prestanombres, el juez Jerezano y varios miembros de la familia Barrera. La clausura de ese establecimiento se llevó a cabo después de un cateo efectuado el 18 de diciembre de 2013, en el que participaron elementos de las Fuerzas Armadas y de la PGR.

El casino La Fortuna, el cual se ubica en la calle Fidel Velázquez, de Monterrey, empezó a operar en octubre de 2011 y es propiedad de la empresa Habilidad y Destreza, SA de CV. Por conflictos de intereses, ésta se dividió en dos partes, una de las cuales está integrada por Luis Armando Jerezano y los Barrera, así como otros socios; y la otra parte es encabezada por Francisco Sergio Jiménez Escobar y Arturo Cardona Calderón, quien fue detenido y recluido en el penal de Topo Chico.

Debido a la intervención de Jerezano, el Juzgado Primero de Distrito de Coahuila revocó en 2013 el poder que tenía Francisco Sergio Jiménez Escobar y reconoció como representante legal al abogado Erick Garza Treviño, vinculado con el grupo de Luis Armando Jerezano.

A raíz de las investigaciones previas en contra de Luis Armando Jerezano por sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada, así como de varios integrantes de la familia Barrera, como Reynaldo Oyervides y Hugo Mauricio Barrera Cavazos, se inició una nueva investigación en contra de este grupo, por lo que es probable que en el transcurso de las próximas semanas se podría ejercitar acción penal en contra de algunos de sus miembros.

En la UIF, Alfredo Revilak de la Vega, director adjunto de Análisis Financiero, encabeza las investigaciones de las cuentas, inversiones y operaciones financieras en general de los integrantes de la familia Barrera, del juez Jerezano y otros socios de este grupo.

En la lista de las personas sujetas a investigación para determinar su participación en estos delitos son: Luis Armando Jerezano, Octavio Barrera Barrera, Octavio Barrera Ortega, Francisco Barrera Ortega, Luis Carlos Barrera Ortega, Reynaldo Oyervides Jaime, Arquitecta Laura Alicia Oyervides Jaime, Hugo Mauricio Barrera Cavazos, Claudia Judith Rodríguez Santos (exesposa de Hugo Mauricio Barrera Cavazos) y Erick Garza Treviño.

Entre las empresas revisadas por la UIF y la PGR está Barrera Promotora, SA de CV, cuyas oficinas se ubican en la calle de Río Aguanaval 2207, en la Colonia México, en Monterrey.

Las áreas de inteligencia investigan también las propiedades, cuentas bancarias y operaciones financieras de Claudia Judith Rodríguez, quien fue esposa de Hugo Mauricio Barrera Santos, detenido en Estados Unidos por un juicio iniciado en su contra en 2008 en una Corte de Estados Unidos, Distrito Sur de Texas (TXSD), y después deportado a México, en donde fue recluido en el Cefereso de Ocampo.

Este juicio está marcado con el número de expediente 4:2006-CR-00422, caso número 483237, en el cual también aparece como coacusado un sujeto de nombre Arnulfo Reyes Duarte. Además de este proceso en Estados Unidos, Hugo Mauricio Barrera Santos podría enfrentar nuevos cargos en México, derivados de esta investigación en curso.

Además de los procesos referidos y las indagatorias en curso por lavado de dinero, varios miembros de la familia Barrera han enfrentado procesos legales por un juicio ordinario mercantil interpuesto en su contra por la Financiera Rural, a través de su representante legal Gonzalo Valdés López, y se integró el expediente 0095/2009, en el Juzgado de Jurisdicción Concurrente Cuatro, en el que aparecen como demandados Luis Carlos y Octavio Gerardo Barrera Ortega.

Otro juicio en el Juzgado Segundo Civil de San Luis Potosí, marcado con el número de expediente 1132/2013, iniciado por María Elena Carranza Puente en contra de Barrera Promotora S.A. de C.V. De la misma manera la empresa BAPSA, que forma parte del grupo empresarial de los Barrera, fue partícipe de un fraude cometido en agravio del Fovissste, por un monto de alrededor de 58 millones de pesos, destinados para la construcción de vivienda de interés social para burócratas federales entre 1998 y 2000. Este fraude fue descubierto y sancionado por la Secretaría de la Función Pública.

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