Diversos niveles de gobierno han confirmado a la prensa las investigaciones que llevan a cabo en contra de José Susumo Azano Matsura, por supuestamente participar en una red de lavado de dinero, vínculos con la delincuencia organizada, fraudes en la asignación de contratos de las Fuerzas Armadas, cohecho y sobornos. Lo cierto es que hasta ahora este empresario de origen japonés goza de impunidad y se pasea libremente por los territorios de Estados Unidos y de México.

Fuentes gubernamentales explicaron que Susumo Azano tiene expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hasta en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Los informantes señalaron que la instrucción es proceder legalmente en contra de ese empresario por su participación en los contratos millonarios que le fueron asignados a sus empresas en el sexenio anterior, principalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales se entregaron con sobreprecios de hasta 900 por ciento en productos y equipos, así como la entrega en efectivo de comisiones millonarias a funcionarios federales y militares de alto rango.

En esta investigación también participa el gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de ese país, en donde hay acciones penales en su contra.

Se trata de una acción coordinada entre ambos gobiernos, cuyo objetivo es procesar a Susumo Azano y a sus cómplices tanto en México como en Estados Unidos. Será en las próximas semanas cuando se aseguren bienes, cuentas bancarias e inversiones en los dos países, así como algunas medidas precautorias para impedir que huya.

Se reporta que en México las acciones legales en contra de José Susumo Azano se realizan en dos vertientes:

1. En la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, iniciada originalmente en contra del empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega Jiménez, se pretende imputar a José Susumo Azano por los delitos de lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal a través de su compañía Security Tracking Devices y la empresa Comercializadora Piter, propiedad de Carlos Ambe.

Esta averiguación previa, dada a conocer por el diario Reforma, se originó a raíz de una investigación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Alberto Bazbaz, exprocurador de Justicia del Estado de México, instancia que posteriormente consignó el caso ante la PGR y permitió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciar la averiguación previa referida que se encuentra en curso.

2. Hay otra investigación en contra de Susumo Azano, en la cual trabajan de manera conjunta la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la Sedena y la PGR, y tiene que ver con las diversas irregularidades descubiertas en varios contratos adjudicados por la Sedena a diversas empresas relacionadas con ese empresario por un monto superior a los 5 mil 513 millones de pesos.

En esta segunda indagatoria se investiga la participación de varios mandos de la Sedena, así como a todos los colaboradores cercanos de Susumo, entre éstos César Rolando Cázares Martínez, quien aparece como representante legal de las empresas de Susumo y contra quien podría también ejercitarse acción penal.

La PGR trabaja en identificar la amplia red de vínculos de Susumo Azano, en donde figuran políticos cuya lista alcanza hasta a la Presidencia de la República en el gobierno de Felipe Calderón, familiares y colaboradores cercanos a secretarios de Estado.

Entre los exfuncionarios a los que se investiga si tuvieron vínculos con Susumo se encuentran los siguientes:

1. César Nava, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

2. Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación.

3. Abraham González Uyeda, exsubsecretario de Gobernación, de quien se asegura tiene nexos familiares con Susumo.

4. El general Guillermo Galván Galván, exsecretario de la Defensa Nacional.

5. El senador Ernesto Cordero, para determiner si recibió apoyo económico en su campaña por la Presidencia de la República.

6. Se investigan también las bitácoras de dos aviones propiedad de Susumo Azano, especialmente de un G4 Gulfstream, con matrícula N272TX, modelo 1997, el cual habría sido utilizado por políticos y funcionafios.

7. Otra línea de investigación apunta a los nexos de Susumo Azano con grupos de la delincuencia organizada a través del abogado Eliseo Martínez Elizondo, quien antes de ser asesinado (26 de abril de 2013, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León) defendía a grupos de la delincuencia organizada y estaba presuntamente implicado en el delito de blanqueo de capitales.

8. De igual manera se indaga sobre los vínculos personales y de negocios con algunos mandatarios estatales, principalmente con el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval; pues según las pesquisas habría grabaciones de llamadas telefónicas en las que el propio Susumo alardea de sus nexos con este mandatario, y afirma que por su conducto se contacta con funcionarios de primer nivel del gobierno federal. En algunas de esas llamadas se afirma que el empresario hizo importantes aportaciones económicas a la campaña del gobernador.

Por lo que respecta al gobierno de Estados Unidos, se asegura que Susumo ha radicado durante los últimos años en la zona de Coronado Cays, en San Diego, y que hace algunos meses adquirió un lujoso departamento en Florida. En la indagatoria de aquel país también aparecen aportaciones económicas a diversos políticos estadunidenses, por lo que las investigaciones involucran, además, al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Territorial (DHS, por su sigla en inglés).

Se indica que los financiamientos son por un monto superior al medio millón de dólares y fueron entregados a través de prestanombres a Bonnie Dumanis, procuradora y candidata a la alcaldía de San Diego; a Bob Filner, exalcalde de San Diego; al congresista de origen hispano Juan Vargas y al excandidato Nathan Fletcher, entre otros.

Esa investigación está muy avanzada y ya fueron detenidos dos cómplices de Susumo Azano, de nombres Ernesto Encinas, quien laboró durante algún tiempo en la policía de San Diego y posteriormente fue jefe de seguridad de Susumo Azano; y Ravneet Singh, propietario de la consultoría Election Mall, a quien incluso Susumo Azano contrató para asesorar la precampaña de Ernesto Cordero cuando buscaba la candidatura presidencial del PAN.

Ambos fueron detenidos por agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y consignados ante la Corte del Distrito Sur de California, donde enfrentarán cargos por canalizar ilegalmente recursos de un extranjero para financiar campañas políticas en Estados Unidos.

Se espera que en breve se emita una orden de aprehensión en contra de Susumo Azano, y actualmente hay órdenes de cateo en dos de sus propiedades, una ubicada en la calle Buccaneer Way y otra en la Green Turtle Road, ambas en la zona de Coronado Cays, en San Diego.

Investiga la UIF a Marcelo Ebrard

Algunos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Alberto Bazbaz Sacal, señalan que hay una investigación fiscal en contra del empresario Ricardo Escoto Núñez, socio principal de Grupo Rentable, así como de varios de sus colaboradores cercanos, por operaciones financieras consideradas relevantes durante los últimos meses.

Una de las líneas de investigación apunta hacia Sergio García Robles, quien fungió hasta hace algún tiempo como director de Administración y Finanzas de Grupo Rentable y quien realizó retiros bancarios en efectivo de importantes cantidades de dinero, así como de haber supuestamente instrumentado una red financiera alterna para realizar transferencias a funcionarios de distintos niveles de gobierno del Distrito Federal y dirigentes de partidos políticos.

El responsable directo de esta investigación es Alfredo Revilak de la Vega, director adjunto de Análisis Financiero de la UIF. Se sabe que la indagatoria se encuentra en la etapa de revisión de operaciones consideradas como relevantes, principalmente de los retiros en efectivo durante 2012 y parte de 2013, así como del monitoreo de las cuentas y operaciones financieras de varios funcionarios de gobierno durante la administración capitalina de Marcelo Ebrard, que pudieron haber recibido sumas en efectivo, tanto por concepto de comisiones como para las campañas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal.

La UIF revisa las cuentas bancarias de las empresas Publicidad Rentable, SA de CV; Vallarent, SA de CV; Servicios Inmobiliarios Ren, SA de CV; Publiwall, SA de CV, así como varias cuentas personales de Ricardo Escoto.

Los exfuncionarios que son investigados: Felipe Leal Fernández, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fue el principal contacto de Escoto durante el sexenio de Marcelo Ebrard; René Cervera García, exjefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, quien actualmente es el coordinador de la asociación civil denominada Movimiento Progresista, fundada recientemente por Marcelo Ebrard para impulsar sus aspiraciones para la dirigencia nacional del PRD y para la candidatura presidencial de ese partido para 2018.