La permisividad de las autoridades para la operación en territorio mexicano de agencias policiales y de espionaje estadounidenses, se prevé incremente en los próximos años disfrazado como un instrumento de cooperación bilateral para la lucha contra las drogas, cuando en realidad se trata de una franca política intrusiva de Estados Unidos y violatoria de la soberanía nacional.

Un ejemplo de ello es la infiltración que mantiene la Agencia Nacional de Seguridad estadunidense (NSA, por su sigla en inglés) en la red de telecomunicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad –actualmente a cargo de Manuel Mondragón y Kalb–, que hace unos días reveló la publicación alemana Der Spiegel.

El reporte de esa prestigiada revista alemana descubre que la Operación Hombre Blanco, como se le denominó a esas labores de espionaje, consiguió los diagramas de las estructuras de las agencias de seguridad mexicanas, la captura de datos, direcciones IP, tráfico de correos electrónicos y direcciones electrónicas de todos los funcionarios.

Según Der Spiegel, la NSA considera que la Comisión Nacional de Seguridad mexicana es “una potencial mina de oro” para su red de espías. Ello, porque tanto el Departamento de Seguridad Nacional como las agencias de inteligencia estadunidenses necesitan saber “todo” sobre el tráfico de drogas ilegales, el tráfico de seres humanos y la seguridad fronteriza. Evidentemente todo esta infiltración ocurrió principalmente durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el responsable de dicha secretaría era el policía Genaro García Luna, asesor actual de diversas empresas privadas.

Basada en documentos proporcionados por el consultor tecnológico Edward Snowden, la publicación refiere que la NSA calificó este hackeo masivo como un trabajo relativamente simple, que le dio acceso a servidores, computadoras usadas para el tráfico de correos electrónicos y direcciones de los funcionarios. El objetivo fue “trastocar” los dispositivos de seguridad antiespionaje y acceder sin restricciones a toda la información sensible que produce el servicio de inteligencia mexicano.

El éxito que reporta Der Spiegel de la Operación Hombre Blanco deja al descubierto la vulnerabilidad no sólo de la institución que sustituyó a la Secretaría de Seguridad Pública, sino de todos los servicios de inteligencia nacionales. Y es que en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, éstos fueron prácticamente cedidos a los intereses de Estados Unidos.

En los tiempos de Genaro García Luna, la ahora Comisión Nacional de Seguridad fue una de las instituciones más “colaborativas” con las autoridades de Estados Unidos. En ese contexto, la Plataforma México fue ideada en el seno de los servicios de inteligencia estadunidenses como parte de la Iniciativa Mérida. Incluso fue el propio gobierno de Estados Unidos el que decidió el tipo de tecnología que utilizaría e incluso proveyó directamente parte de la misma.

Por ello, quizá, a los estadunidenses no les costó trabajo hackear, entre otras, a la propia Plataforma México descrita como “un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados”.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos en México, hasta el equipo de la Policía Federal fue dado por las autoridades gringas: dicha institución recibió 9.8 millones de dólares en tecnología “para detectar actividades delictivas por medio del uso de una herramienta compleja de análisis de datos que ayuda a los analistas a conectar pistas y, por ende, resolver casos con mayor rapidez. Las relaciones entre personas, armas, vehículos robados y otros elementos se establecen ahora en minutos en lugar de horas o incluso días, lo que ayuda a que los analistas administren sus casos con mayor eficacia”.

Los informes oficiales de la Embajada refieren que “se proporcionó un total de 3.3 millones de dólares para la instalación de equipo de reconocimiento de placas de matrícula en 73 casetas de cobro en las principales carreteras de la República Mexicana para la detección de vehículos robados y sospechosos. Esta información se vinculó con la Plataforma México, la base de datos integral del sistema de justicia penal mexicano”.

También indican que se “transfirieron más de 3.5 millones de dólares en equipo a diversas unidades de la Policía Federal, que incluyó desde vehículos hasta equipo de ciencia forense digital y de vigilancia anticorrupción, y que ofrece apoyo a las unidades de la Policía Federal de Seguridad Regional, Innovación Técnica, Policía Cibernética y contra el Lavado de Dinero”.

Con la filtración de Snowden sobre el espionaje estadunidense, queda claro que lejos de ser un caso de cooperación bilateral, es una grave vulneración a la seguridad nacional mexicana. Ése es el costo que está pagando nuestro país por los 1 mil 600 millones de dólares que ha recibido en especie (equipo tecnológico para labores de espionaje, aeronaves, vehículos especializados en combate al crimen, canes entrenados, capacitación) por parte de la Iniciativa Mérida, de 2008 a la fecha.

Así, el problema de los servicios de inteligencia no se reduce a la infiltración de la red de telecomunicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad. Gracias a la Iniciativa Mérida, Estados Unidos posee un mapa exacto de los recursos tecnológicos que posee México en todas sus áreas de inteligencia civil y militar. Esto, sin duda, significa que conoce las capacidades, las fortalezas y sobre todo las debilidades de los equipos tecnológicos e incluso humanos.

Y es que en el gobierno pasado las redes de telecomunicaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes (SCT) fueron sustituidas por equipos proporcionados por el gobierno estadunidense y los funcionarios, sobre todo los ingenieros y técnicos en sistemas, fueron adiestrados por el país vecino.

En el caso del Cisen, la Embajada de Estados Unidos admite que los trabajos con dicho Centro “reforzarán las capacidades para contrarrestar las amenazas terroristas debido a una importante modernización de su infraestructura de base de datos, que ofrecerá una mejor integración de la información y permitirá su rápida recuperación, así como análisis más ágiles. Se entregaron ya más de 14 millones de dólares de la solución completa, y se espera que esté totalmente funcional antes de finalizar 2013”.

La Iniciativa Mérida también puso a disposición de Estados Unidos la información más sensible de las autoridades hacendarias. Según la Embajada norteamericana, “se asignaron fondos de la Iniciativa Mérida para adquirir, instalar, instrumentar e integrar infraestructura de última generación para un centro de datos totalmente nuevo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Valuado en 12.9 millones de dólares, el soporte para procesamiento de datos técnicos mejoró la capacidad del gobierno de México para analizar y distribuir información oportuna, precisa y sancionable relacionada con actividades financieras ilícitas y lavado de dinero. Adicionalmente, se entregaron a la UIF y otras dependencias del gobierno 2.7 millones de dólares más en equipo, que incluye equipo de cómputo convencional y periférico, equipo forense digital, capacitación y servicios.”

Otra institución que “modernizó” sus labores de inteligencia gracias a Estados Unidos fue la PGR. “Se utilizaron más de 3.5 millones de dólares de los fondos de la Iniciativa Mérida que la PGR invirtió en la creación de un Centro de Comunicaciones, Comando y Control de última generación para la Policía Federal Ministerial, que incluye un sistema nacional de comunicaciones seguras en campo. Este equipo mejoró la seguridad, los operativos tácticos y los éxitos en los procesos de investigación de la PGR”, indica la Embajada de Estados Unidos.

Además, “por medio del Proyecto de Seguridad Perimetral Nacional con la PGR se entregaron más de 5 millones de dólares en tecnología a 65 oficinas regionales de la PGR en toda la República Mexicana, que ahora cuentan con un entorno monitoreado de manera central y más segura para los fiscales y demás personal del sector justicia”.

Otro caso alarmante es el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Según la Embajada de Estados Unidos, “el Equipo de Tecnologías de la Información (TI) de la Sección de Asuntos Antinarcóticos México ha estado colaborando con la SCT en la transición mexicana a sistemas satelitales nuevos, lo cual resulta vital para el fortalecimiento de las comunicaciones de seguridad nacional”.

La información oficial de Estados Unidos apunta que “por medio de la Iniciativa Mérida, el Equipo de TI de la Sección de Asuntos Antinarcóticos ha proporcionado una mezcla de servicios de consultoría (4.3 millones de dólares) y terminales de estaciones terrenas (19 millones de dólares) como apoyo a la transición satelital de México. El 9 de diciembre de 2012, la SCT informó el lanzamiento exitoso del Satélite Bicentenario de México desde el Puerto espacial europeo en Kourou, Guyana Francesa”.

Con estas informaciones es más que claro que la seguridad nacional de México se controla en otro país y con otros intereses, entonces para qué gastamos tanto dinero público en la seguridad.

La “negociación” para Coahuila

No sólo fue el banco Multivalores de Olegario Vázquez Raña, la institución que se opuso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Jaime González Aguade, otros bancos con créditos ante el gobierno de Coahuila manifestaron también su inconformidad frente a la decisión de las autoridades bancarias del país de castigar esos préstamos contra el capital.

La CNBV pretendía, después de realizar auditorías “sorpresas” a los bancos que hicieron buenos negocios con los financiamientos al gobierno que estaba a cargo de Humberto Moreira, obligarlos a que reconocieran es cartera como activos problemáticos.

En el caso de Multivalores, por ejemplo, no se trata de cualquier operación sino la más importante de su portafolios. En otros bancos se repitió la situación. La queja desde la Asociación de Bancos de México no se hizo esperar, porque la amenaza era clara: sí, la banca se quedaría con grandes pérdidas pero no en silencio, porque se ventilarían las irregularidades detectadas en el manejo de los financiamientos locales en una región priista como Coahuila. En otras palabras, un escándalo para el PRI.

En el control de daños y mientras los bancos a través de abogados de su equipo jurídico y asesores externos fortalecían los juicios de amparo para impedir que la CNBV los obligara a castigar su capital por los financiamientos a Coahuila, desde la Secretaría de Hacienda Luis Videgaray tomó la decisión de constituir un fideicomiso para garantizar que, a través de las partidas presupuestales asignadas a Coahuila, se cubriera el pago de los créditos a la banca. Se comprometió, entonces, el futuro de los recursos federales para el estado con el único propósito de pagar créditos por más de 30 mil millones de dólares, cuyo destino y beneficio para los contribuyentes todavía no está claro.

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